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Muere Alberto Fujimori, expresidente de Perú

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lberto Fujimori, expresidente de Perú, murió a los 86 años este jueves 11 de septiembre, luego de una lucha contra el cáncer que duró años.

La familia del exmandatario condenado y señalado de abusos contra los Derechos Humanos fue quien informó la muerte a través de las redes sociales de su hija, Keiko Fujimori.

“Después de una larga batalla contra el cáncer, nuestro padre, Alberto Fujimori acaba de partir al encuentro del Señor. Pedimos a quienes lo apreciaron nos acompañen con una oración por el eterno descanso de su alma”, externó Keiko Fujimori, excandidata a la Presidencia de Perú.

Minutos antes, el abogado de Fujimori, Elio Riera, se adelantó a la familia y escribió su propia despedida al exmandatario en la red social X.”Señor presidente, gracias por todo. Descanse en paz. Su legado perdurará en la historia”, expresó Riera, que lo representaba en un nuevo juicio oral por la matanza de Pativilca perpetrada en 1992.

Su amistad para mí será eterna. Recordaré siempre sus palabras: logramos el objetivo. Hasta pronto mi gran amigo”, agregó el letrado.

Alberto Fujimori quería buscar nuevamente la Presidencia de Perú en 2026 a pesar de su condición de salud.

¿Quién fue Alberto Fujimori?

Nacido el 26 de junio de 1938 en Lima, Perú, Alberto Fujimori fue presidente de dicho país entre 1990 y el 2000.

El primer hijo de japoneses en llegar a ser jefe de Estado de otro país en el mundo por voluntad popular fue elegido tres veces como presidente de Perú desde 1990 a 2000. Fujimori pasó sus últimos meses de vida en libertad al beneficiarse de un indulto humanitario que permitió su excarcelaciónen diciembre de 2023 tras pasar 15 años en prisión con cargos por asesinato.

Durante sus mandatos —el último de ellos de menos de un año— aplicó duras medida de ajuste económico, pero mantuvo altos niveles de popularidad. Sin embargo, en el año 2000, tras fuertes cuestionamientos internacionales por abusos a los derechos humanos, huyó a Japón y renunció por fax.

Después, el exmandatario fue condenado a 25 años de prisión, en 2009, con cargos por asesinato que lo señalaban como responsable de la creación y financiación en su gobierno de un escuadrón militar clandestino que mató al menos a 25 personas —entre universitarios y vecinos de un barrio de la capital, incluido un niño— a quienes consideraron exguerrilleros de Sendero Luminoso.

Su ascenso rápido al poder ocurrió en medio de la ruina económica en la que se encontraba Perú en julio de 1990, al término de los cinco años de gobierno de su antecesor Alan García. En agosto de ese añola inflación mensual llegó a 397 por cientoy el país soportaba una década de sangriento conflicto armado interno entre las fuerzas de seguridad y los grupos terroristas Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru

“Enfrentó al terrorismo, controló la hiperinflación y hasta el momento se sigue su línea económica para bien o para mal”, dijo a The Associated Press Yusuke Murakami, profesor de ciencia política en la Universidad de Kyoto y experto en Fujimori.

Decepcionados de los partidos políticos que no acabaron con el caos que se vivía, los peruanos eligieron como presidente en 1990 al ingeniero agrónomo Fujimori, quien entonces era un desconocido profesor de matemáticas en la Universidad Nacional Agraria de La Molina. Venció en segunda vuelta al premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa.

Le decían “el Chino” por sus ojos rasgados y su tez morena, que lo acercaban a la mayoritaria población de Perú: los mestizos e indígenas.

Fujimori, quien cumplió 86 años el pasado 28 de julio, abandonó en diciembre pasado la cárcel de Lima en la que cumplía una condena de 25 años por delitos de lesa humanidad, luego de que el Tribunal Constitucional (TC) restituyera el indulto humanitario que le otorgó en 2017 el entonces gobernante Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018).

Esa decisión fue adoptada en desafío a las órdenes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).

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Ordenan indemnización millonaria por accidente aéreo en Cuba que dejó 112 muertos

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Un juez mexicano ordenó el pago de indemnizaciones tras el accidente aéreo ocurrido en 2018 en Cuba, donde murieron 112 personas, al determinar que el siniestro estuvo relacionado con fallas en el mantenimiento de la aeronave.

De acuerdo con documentos judiciales fechados el 31 de marzo y consultados por The Washington Post a través de la Agencia AP, un peritaje independiente concluyó que el hecho fue un “accidente institucional” derivado de negligencia sistemática en los trabajos de mantenimiento, señalando que el avión no debió despegar.

Con base en estos hallazgos, el juez resolvió que la empresa Aerolíneas Damojh, que operaba bajo el nombre comercial Global Air, deberá pagar 1.5 millones de dólares a cada una de las familias de los cuatro tripulantes mexicanos que promovieron la demanda inicial. La aerolínea no se presentó al juicio, por lo que fue sentenciada en ausencia.

El accidente involucró un Boeing 737 que se desplomó en un campo agrícola poco después de despegar del Aeropuerto Internacional José Martí. De las 113 personas a bordo, solo una mujer sobrevivió, mientras que la mayoría de las víctimas eran de nacionalidad cubana.

El informe pericial citado establece que los pilotos fueron la última línea de defensa, sin lograr evitar el impacto. Asimismo, señala que la causa principal fue la falta de mantenimiento adecuado por parte de la empresa propietaria.

El abogado de los demandantes, Samuel González, afirmó que desde el primer día en La Habana, el jefe de mantenimiento de la compañía reconoció ante los familiares que la aeronave no debía estar en operación.

La sentencia también identificó omisiones en los protocolos y deficiencias en la supervisión, factores que derivaron en el accidente y en la apertura de procesos legales por homicidio y demandas colectivas.

Mientras en Cuba las autoridades atribuyeron el hecho a error humano, en México se suspendió temporalmente a la empresa y se inició una investigación, sin que hasta el momento se haya informado su avance.

El litigio continúa, ya que se mantiene una demanda civil colectiva en representación de las víctimas, además de una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República. Según la defensa, la investigación enfrenta obstáculos debido a la falta de información por parte de autoridades cubanas.

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