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Muere hijo del vicepresidente de EE.UU tras batallar con el cáncer

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Beau Biden, de 46 años, hijo del vicepresidente estadounidense, Joe Biden, murió en las últimas horas de un tumor cerebral, se informó hoy oficialmente.

El fallecimiento fue anunciado por el vicepresidente Biden en un comunicado oficial distribuido por la Casa Blanca, en el que dijo que su hijo había luchado contra el cáncer “con la misma integridad, valentía y fuerza que demostró cada día de su vida”.

Joseph R. Biden III, el hijo mayor del vicepresidente, más conocido como Beau, fue fiscal general del estado de Delaware durante dos mandatos. Estaba casado y tenía dos hijos.

Según medios estadounidenses, llevaba más de una semana recibiendo tratamiento en un centro médico de Washington

Al recordar su carrera como abogado, Biden mencionó el trabajo de su hijo para “establecer el imperio de la ley en un Kosovo destrozado por la guerra”.

Pero también mencionó su labor en la Guardia Nacional de Delaware y su servicio militar en Irak, que fue recompensada con la Medalla de Bronce.

En otro comunicado oficial, el presidente estadounidense, Barack Obama, expresó su pesar y el de su esposa, Michelle, por la muerte de Beau Biden, y también destacó su labor tanto como fiscal general en Delaware como por su servicio en Irak.

“Como su padre, Beau fue un hombre bueno, de gran corazón, un devoto católico y muy leal”, afirmó Obama.

Beau Biden sufrió un leve derrame cerebral en 2010 y tuvo complicaciones médicas posteriores.

La primera esposa del vicepresidente Biden, Neilia, y su hija de trece meses, Naomí, murieron en un accidente de tráfico en 1972. Beau Biden y su hermano Hunter iban en el mismo vehículo, pero sobrevivieron, según recuerda hoy “The New York Times”.

Beau Biden había anunciado su intención de presentarse a las elecciones para gobernador de Delaware en los comicios del año próximo.

Diario Correo

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Ordenan indemnización millonaria por accidente aéreo en Cuba que dejó 112 muertos

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Un juez mexicano ordenó el pago de indemnizaciones tras el accidente aéreo ocurrido en 2018 en Cuba, donde murieron 112 personas, al determinar que el siniestro estuvo relacionado con fallas en el mantenimiento de la aeronave.

De acuerdo con documentos judiciales fechados el 31 de marzo y consultados por The Washington Post a través de la Agencia AP, un peritaje independiente concluyó que el hecho fue un “accidente institucional” derivado de negligencia sistemática en los trabajos de mantenimiento, señalando que el avión no debió despegar.

Con base en estos hallazgos, el juez resolvió que la empresa Aerolíneas Damojh, que operaba bajo el nombre comercial Global Air, deberá pagar 1.5 millones de dólares a cada una de las familias de los cuatro tripulantes mexicanos que promovieron la demanda inicial. La aerolínea no se presentó al juicio, por lo que fue sentenciada en ausencia.

El accidente involucró un Boeing 737 que se desplomó en un campo agrícola poco después de despegar del Aeropuerto Internacional José Martí. De las 113 personas a bordo, solo una mujer sobrevivió, mientras que la mayoría de las víctimas eran de nacionalidad cubana.

El informe pericial citado establece que los pilotos fueron la última línea de defensa, sin lograr evitar el impacto. Asimismo, señala que la causa principal fue la falta de mantenimiento adecuado por parte de la empresa propietaria.

El abogado de los demandantes, Samuel González, afirmó que desde el primer día en La Habana, el jefe de mantenimiento de la compañía reconoció ante los familiares que la aeronave no debía estar en operación.

La sentencia también identificó omisiones en los protocolos y deficiencias en la supervisión, factores que derivaron en el accidente y en la apertura de procesos legales por homicidio y demandas colectivas.

Mientras en Cuba las autoridades atribuyeron el hecho a error humano, en México se suspendió temporalmente a la empresa y se inició una investigación, sin que hasta el momento se haya informado su avance.

El litigio continúa, ya que se mantiene una demanda civil colectiva en representación de las víctimas, además de una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República. Según la defensa, la investigación enfrenta obstáculos debido a la falta de información por parte de autoridades cubanas.

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