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Mueren al menos 15 personas por sismos en el norte de Italia

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Roma. El balance provisional este medio día por el sismo de 5.8 grados Richter, seguido de varias réplicas, ocurrido en la norteña región italiana de Emilia-Romaña dejó por lo menos 15 muertos y la desaparición de cinco personas, así como decenas de derrumbes, informaron medios locales.

«Por el momento podemos confirmar la muerte de 15 personas y la desaparición de cuatro o cinco», declaró a la AFP un portavoz de Protección Civil.

Entre las víctimas había varios obreros que trabajaban en una nave industrial que se derrumbó en la provincia de Módena, una mujer sepultada bajo la fábrica Mobilficio Malavasi y un anciano al que cayeron escombros cuando caminaba por la calle en el pueblo de Concordia.

También se cuenta un paquistaní, un marroquí y los párrocos de una iglesia que se vino abajo en la localidad de Carpi y de otra que sufrió derrumbes en Rovereto di Novi.

Se trata, sin embargo, de un balance no oficial ni definitivo que se teme que empeorará con el paso de las horas debido a decenas de derrumbes de inmuebles en la zona, ya gravemente dañada por el temblor de 5.9 grados Richter del pasado 20 de mayo que causó siete muertos.

El sismo de este martes se registró a las 09:00 horas (07:00 GMT) con epicentro en la provincia de Módena, según informó el Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanologia (INGV).

El sismo fue seguido de varias réplicas, entre ellas una de 4.7 gradios Richter a las 10:27, otra de 4.2 a las 10:40 y una más de 3.9 grados Richter a las 11:30.

Algunas de las localidades más afectadas son San Felice sul Panaro, Mirandola, Finale Emilia, Cento y Cavezo donde, según medios locales, resultaron afectadas el 75 por ciento de las casas.

El sismólogo del INGV, Alessandro Amato dijo que este movimiento pudo haber sido causado por una nueva falla.

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Trump anuncia nuevos aranceles del 10% tras fallo de la Corte Suprema que anuló sus gravámenes globales

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que firmará una orden ejecutiva para imponer un arancel global del 10% durante 150 días, luego de que la Corte Suprema anulara los gravámenes generalizados que su administración había implementado desde su regreso a la presidencia.
La medida se ampara en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que faculta al mandatario a imponer restricciones temporales de importación de hasta el 15% ante situaciones de «problemas graves y significativos» de balanza de pagos, sin requerir investigaciones adicionales. Trump precisó que estos nuevos aranceles se sumarán a los ya vigentes.
El anuncio llegó horas después de que el máximo tribunal del país determinara, por seis votos contra tres, que la administración sobrepasó sus atribuciones al aplicar aranceles globales bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977. El fallo establece que la Constitución reserva ese tipo de potestad al Congreso, no al Ejecutivo.
Trump calificó la sentencia de «profundamente decepcionante» y señaló sentirse «absolutamente avergonzado» por la decisión de los magistrados que votaron en su contra. Sugirió que el tribunal fue influenciado por «intereses extranjeros» y agradeció explícitamente a los jueces Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh, quienes votaron en disenso.
Entre las medidas afectadas por el fallo se encuentran la tarifa base del 10% a las importaciones, los gravámenes recíprocos contra socios comerciales, los aranceles adicionales del 25% a México y Canadá vinculados al control del tráfico de drogas, la eliminación de la exención para envíos de bajo valor con impacto en comercio electrónico, y aumentos de hasta el 50% sobre productos de Brasil e India. Según Trump, el dictamen podría obligar al gobierno a reembolsar hasta 240,000 millones de dólares recaudados mediante los gravámenes anulados.
El mandatario informó además que su gobierno ha iniciado investigaciones sobre prácticas comerciales desleales bajo el Artículo 301, aunque este tipo de procesos suele requerir varios meses para concluirse. Trump reiteró que su administración continuará explorando todas las herramientas legales disponibles para proteger la economía estadounidense.

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