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Opinión

Muerte social: La vida después de la sentencia. Por Alaín González

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hace 5 años

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La constitución en su artículo 18 dicta que tenemos como derecho fundamental la reinserción social de las personas privadas de su libertad. En el segundo párrafo de dicho artículo se ordena al sistema penitenciario que se conduzca con base en el respeto a los derechos humanos, del trabajo, de la capacitación, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción de los sentenciados a la sociedad.

“Después de la sentencia”

Pero el México que retrata la carta magna y las distintas leyes que de ella emanan no es más que una utopía cuando se trata de la reinserción. Historias como las que recoge la asociación civil “Reinserta” nos confirman que, en nuestro país, la reinserción es un mito.

Estela salió de prisión en mayo del 2017, estuvo cerca de 16 años, acusada de corrupción de menores. Al salir, tomó un taxi rumbo al hotel donde vivía junto a su familia, solo que al llegar no encontró a nadie. Pidió una habitación, misma que le fue fiada por el dueño, quien la reconoció. Al día siguiente, eligió una falda corta y las mismas botas con las que entró a prisión para regresar al trabajo que realizaba antes de ser detenida: la prostitución.

Su historia no es la única. Miles de casos como el de Estela se repiten en distintas ciudades del país. Personas que cumplen condenas largas y que son regresadas a la sociedad sin ningún tipo de herramienta que los ayude a reintegrarse a una sociedad que ya no es la que ellos conocían; las calles son diferentes, la gente, en el mejor de los casos, ya no los reconoce, y en el peor, ya no están, y el gobierno que tenía la obligación legal de acompañarlos, no lo hace.

Mientras tanto, la sociedad a la cual ellos pretenden o intentan reintegrarse los excluye por el hecho de haber estado en prisión, sin importar el tipo de delito o su gravedad, se convierten en sospechosos eternos. En el ámbito laboral son rechazados una vez que revelan sus antecedentes, dificultando el acceso a empleos formales, obligándolos a vivir al día, haciendo pequeños trabajos y en ocasiones (3 de cada 10 de acuerdo con datos de la ENPOL*, INEGI) volver a prisión tras cometer otro delito.

Y si no se cumple con lo que la constitución dicta, ¿Cómo es la vida en un Centro de Reinserción Social? Pues depende, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en su “Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2019”:

En Querétaro, el cual es el estado con mejor calificación dentro del diagnóstico (8.22), podrás encontrar:

  • Un número adecuado de internos en relación con la capacidad del centro.
  • Programas de prevención y atención de incidentes violentos.
  • Personal capacitado.
  • Actividades educativas y deportivas.
  • Entre otros

Si bajas un poco en la tabla de calificaciones dentro de los rangos medios que van de 6 a 8 podrás encontrar a Chihuahua con 7.43 de calificación y algunas características similares a Querétaro, pero con algunas observaciones negativas como:

  • Deficientes condiciones materiales e higiene.
  • Hacinamiento y/o sobrepoblación en algunas áreas.
  • Pocas actividades laborales y de capacitación.

Por debajo se encuentran estados como Veracruz (5.94), Guerrero (5.92) o Tamaulipas (5.42) en donde las condiciones son preocupantes, pues existen insuficiencias en casi todos los rubros y observaciones que van desde presencia de actividades ilícitas, extorsión, deficiente separación entre procesados y sentenciados, poco personal, falta de talleres entre otras.

Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2019, CNDH, México.

Y se que muchos pensaremos que algunas personas no merecen los beneficios o las atenciones que por ley tienen derecho, pero desafortunadamente la reinserción o prevención terciaria se ha vuelto una necesidad latente en nuestra sociedad. Es hora de integrar a quienes la sociedad ya les dio la espalda, a personas que por falta de educación y oportunidades emprendieron una carrera criminal, a personas que están envueltas en un círculo vicioso del que difícilmente podrán salir sin la ayuda de la sociedad. Será mucho más difícil con la apatía que mostramos ante las condiciones en las que viven y cómo son tratados, llevando a la gente a decir frases como “salen peor de ahí” o una muy conocida, “es la universidad del crimen”, frases nada alejadas de la realidad.

Sobre todo, es importante rescatar a los jóvenes, pues si de algo se han encargado las diferentes teorías del crimen, es de probar el hecho de que el criminal no es innato, sino que aprende a ser criminal mediante el aprendizaje de valores criminales. Dichas conductas pueden ser aprendidas por el contacto con otras personas con conductas desviadas, sobre todo si éstas se dan dentro de tiempos de ocio no estructurados en los que los jóvenes no tienen supervisión y se exponen a un ambiente de criminalidad con sus pares.

El arraigo social, los vínculos afectivos, los compromisos con valores y actividades deportivas que ocupen el tiempo de los jóvenes pueden limitar la posibilidad de tener un ocio negativo en el cual consuman alcohol, drogas o cometan “travesuras” que a posteriori se conviertan en delitos.

¿Y qué hacer con los adultos que no fueron intervenidos a tiempo en el desarrollo de su carrera criminal?

Existen diferentes prácticas en Centros de Reinserción Social que han funcionado y que en verdad son de aplaudirse, pues atacan una de las principales razones por las cuales la gente reincide: el tema laboral.

Una de estas prácticas, son el CERESO productivo, pues invita a la persona privada de su libertad (PPL) a sumar a la sociedad mediante su trabajo. He sido testigo de diferentes casos, pero los que más me han llamado la atención. El sentenciado recibe una especie de “beca” la cual se divide en 4 partes. La primera (40%) se les entrega para sus gastos dentro de prisión, la segunda (20%) se utiliza para la reparación del daño que haya causado, la tercera (20%) se le entrega a sus familiares y la cuarta (20%) se guarda en manera de ahorro, para cuando termine su sentencia.

 

Esto provoca un cambio en la mentalidad de la persona. Dicen que “el trabajo dignifica al hombre” y no sé qué tan real sea esta frase, o qué tan bien utilizada esté, pero lo que sí sé es que hay un cambio de chip en personas a las cuales siempre se les han negado las oportunidades de demostrarse a sí mismas que son capaces. La gente recupera la confianza en sí mismo y ayuda a restablecer las relaciones con sus familiares, amigos y otros vínculos. Estos programas pueden ser y han sido muy criticados, por el hecho de buscarle trabajo a gente que se encuentra en prisión, cuando existe tanta gente afuera buscando las mismas oportunidades. Pero debemos recordar que a los privados de la libertad históricamente se les ha privado también de continuar su vida, pues aun dentro ésta sigue y deberán aprovechar ese tiempo para mejorarse, para reformarse y no terminar con una muerte social, producto del abandono de la sociedad, del gobierno y de ellos mismos.

 

Fuentes consultadas.

 

Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad

https://www.inegi.org.mx/programas/enpol/2016/

Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2019

https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/sistemas/DNSP/DNSP_2019.pdf

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Opinión

Inzunza: la decadencia del favorito. Por Caleb Ordóñez T.

Published

hace 3 semanas

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May 29, 2026

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Hay políticos que caen peleando. Hay políticos que caen defendiendo una causa. Y hay políticos cuya caída comienza mucho antes de que ellos mismos se den cuenta; cuando todavía sonríen en las fotografías oficiales y firman acuerdos con la soltura de quien cree que el futuro le pertenece.

La historia reciente de Enrique Inzunza Cázares parece pertenecer a esta última categoría.

Porque más allá de las acusaciones que enfrenta, más allá de los expedientes estadounidenses y más allá del ruido mediático que rodea a Sinaloa, hay algo que llama poderosamente la atención: Inzunza no se comporta como alguien que busca convencer al país de su inocencia. Se comporta como alguien atrapado en una partida de ajedrez donde cada movimiento tiene un único objetivo: sobrevivir un turno más. Viviendo en un eterno jaque.

Durante años fue presentado como uno de los hombres más inteligentes del círculo cercano de Rubén Rocha Moya. Jurista, magistrado, presidente del Supremo Tribunal de Justicia, secretario general de Gobierno y después senador de la República. Su ascenso fue tan rápido que muchos (casi todos) dentro de Morena en Sinaloa, lo veían como una especie de gobernador en espera.

No era un político de masas. No era un gran orador. No era un líder carismático.

Su poder provenía de otra parte: de la operación silenciosa, del control institucional, de la cercanía con el grupo gobernante y de una influencia que crecía discretamente, lejos de los reflectores, precisamente donde ese tipo de poder se cultiva mejor.

Por eso resulta tan revelador observar lo que ocurre hoy.Cuando un político es acusado injustamente, normalmente intenta salir a dar la cara. Busca entrevistas. Explica. Debate. Confronta. Construye una narrativa que lo sostenga mientras el temporal amaina.

Inzunza ha hecho exactamente lo contrario.

Los números lo dicen con una frialdad que ningún argumento político puede disfrazar.

Desde el 29 de abril de 2026, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública la acusación formal en su contra, Inzunza acumuló 21 días de ausencia en sesiones del Congreso. No pidió licencia. No renunció. Simplemente dejó de aparecer. Su única reaparición fue una fotografía en redes sociales junto a su madre, con ubicación en Batequitas, Badiraguato. Un político que dice no tener nada que esconder, escondido. Y cuando finalmente habló, lo hizo desde X, con una frase que revela más de lo que oculta:

«Soy abogado de mí mismo y me basta mi probidad.» Es la declaración de alguien que no quiere testigos en su defensa.

Y en política las formas importan tanto como los hechos, porque la percepción pública rara vez se construye únicamente con documentos judiciales. También se construye observando cómo reaccionan los protagonistas cuando el suelo comienza a moverse bajo sus pies.

Lo que proyecta Inzunza no es fortaleza. No transmite confianza. No parece un político concentrado en demostrar que las acusaciones son falsas.

Parece un político concentrado en administrar daños.

Esa imagen explica en buena medida por qué hoy se encuentra tan aislado. No porque Morena haya decidido abandonarlo de la noche a la mañana. No porque el Senado haya ejecutado una conspiración interna. Sino porque el propio Inzunza dejó de ser una apuesta rentable.

La política es brutalmente pragmática. Los partidos respaldan a quienes generan votos, estabilidad o futuro. Cuando un liderazgo comienza a representar riesgo, incertidumbre o desgaste, las distancias aparecen solas, sin reuniones, sin comunicados, sin rupturas formales. Simplemente aparecen.

Hace apenas unos meses su nombre figuraba entre los aspirantes más serios para suceder a Rocha en la gubernatura de Sinaloa. Hoy prácticamente nadie dentro del oficialismo habla de esa posibilidad. No porque exista una sentencia. No porque haya sido declarado culpable. Sino porque la candidatura dejó de ser viable.

Y en política la inviabilidad suele ser una condena mucho más rápida que cualquier resolución judicial.

Lo verdaderamente inquietante es que el caso de Inzunza trasciende a una sola persona.

Se convierte en un espejo incómodo para todo el sistema político mexicano.

Lo que hace singular el caso de Inzunza no es la acusación en sí. Es la arquitectura que describe. Según el expediente estadounidense, Inzunza habría acompañado al gobernador

Rocha Moya a una reunión con Los Chapitos tras las elecciones de junio de 2021, cuando todavía era secretario general del gobierno estatal y en ese encuentro habrían acordado que el cártel tendría control sobre la Policía Estatal de Sinaloa. Si eso es cierto, no estamos hablando de un funcionario que recibió un sobre. Estamos hablando de una negociación institucional: el Estado cediendo su monopolio de la fuerza a cambio de estabilidad política.

Eso es algo cualitativamente distinto, y más perturbador, que la corrupción individual de siempre. No es un hombre que se corrompió. Es una institución que se ofreció.

Por eso el caso Inzunza genera tanta atención. No solo por sus detalles particulares, sino porque representa el choque entre dos narrativas que México lleva años intentando reconciliar sin éxito: la del político exitoso que parecía destinado a gobernar uno de los

estados más importantes del país, y la del funcionario que termina convertido en símbolo de una crisis de confianza cada vez más profunda.

Su tragedia política no consiste únicamente en las acusaciones.

Consiste en haber perdido aquello que realmente construye el poder: la credibilidad.

Cuando la gente deja de creer en tu futuro, el poder comienza a evaporarse. Cuando tus aliados dejan de apostar por ti, el aislamiento se vuelve inevitable. Cuando tu nombre genera más preguntas que certezas, las puertas empiezan a cerrarse, no con portazos, sino con la silenciosa delicadeza con que se cierra una puerta frente a alguien a quien ya no se espera.

Por eso Enrique Inzunza muy probablemente ya no será gobernador de Sinaloa. No porque un

juez lo haya decretado. No porque un partido lo haya expulsado. Sino porque la política mexicana ya comenzó a actuar como si ese futuro hubiera desaparecido.

Y pocas cosas son más devastadoras para un político que seguir ocupando un cargo mientras todos a su alrededor se comportan como si su historia ya hubiera terminado.

Esa es la verdadera decadencia.

No perder el poder. Sino ver cómo el poder te abandona: despacio, en silencio, sin siquiera molestarse en despedirse.

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