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Opinión

Muerte social: La vida después de la sentencia. Por Alaín González

La constitución en su artículo 18 dicta que tenemos como derecho fundamental la reinserción social de las personas privadas de su libertad. En el segundo párrafo de dicho artículo se ordena al sistema penitenciario que se conduzca con base en el respeto a los derechos humanos, del trabajo, de la capacitación, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción de los sentenciados a la sociedad.

“Después de la sentencia”

Pero el México que retrata la carta magna y las distintas leyes que de ella emanan no es más que una utopía cuando se trata de la reinserción. Historias como las que recoge la asociación civil “Reinserta” nos confirman que, en nuestro país, la reinserción es un mito.

Estela salió de prisión en mayo del 2017, estuvo cerca de 16 años, acusada de corrupción de menores. Al salir, tomó un taxi rumbo al hotel donde vivía junto a su familia, solo que al llegar no encontró a nadie. Pidió una habitación, misma que le fue fiada por el dueño, quien la reconoció. Al día siguiente, eligió una falda corta y las mismas botas con las que entró a prisión para regresar al trabajo que realizaba antes de ser detenida: la prostitución.

Su historia no es la única. Miles de casos como el de Estela se repiten en distintas ciudades del país. Personas que cumplen condenas largas y que son regresadas a la sociedad sin ningún tipo de herramienta que los ayude a reintegrarse a una sociedad que ya no es la que ellos conocían; las calles son diferentes, la gente, en el mejor de los casos, ya no los reconoce, y en el peor, ya no están, y el gobierno que tenía la obligación legal de acompañarlos, no lo hace.

Mientras tanto, la sociedad a la cual ellos pretenden o intentan reintegrarse los excluye por el hecho de haber estado en prisión, sin importar el tipo de delito o su gravedad, se convierten en sospechosos eternos. En el ámbito laboral son rechazados una vez que revelan sus antecedentes, dificultando el acceso a empleos formales, obligándolos a vivir al día, haciendo pequeños trabajos y en ocasiones (3 de cada 10 de acuerdo con datos de la ENPOL*, INEGI) volver a prisión tras cometer otro delito.

Y si no se cumple con lo que la constitución dicta, ¿Cómo es la vida en un Centro de Reinserción Social? Pues depende, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en su “Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2019”:

En Querétaro, el cual es el estado con mejor calificación dentro del diagnóstico (8.22), podrás encontrar:

  • Un número adecuado de internos en relación con la capacidad del centro.
  • Programas de prevención y atención de incidentes violentos.
  • Personal capacitado.
  • Actividades educativas y deportivas.
  • Entre otros

Si bajas un poco en la tabla de calificaciones dentro de los rangos medios que van de 6 a 8 podrás encontrar a Chihuahua con 7.43 de calificación y algunas características similares a Querétaro, pero con algunas observaciones negativas como:

  • Deficientes condiciones materiales e higiene.
  • Hacinamiento y/o sobrepoblación en algunas áreas.
  • Pocas actividades laborales y de capacitación.

Por debajo se encuentran estados como Veracruz (5.94), Guerrero (5.92) o Tamaulipas (5.42) en donde las condiciones son preocupantes, pues existen insuficiencias en casi todos los rubros y observaciones que van desde presencia de actividades ilícitas, extorsión, deficiente separación entre procesados y sentenciados, poco personal, falta de talleres entre otras.

Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2019, CNDH, México.

Y se que muchos pensaremos que algunas personas no merecen los beneficios o las atenciones que por ley tienen derecho, pero desafortunadamente la reinserción o prevención terciaria se ha vuelto una necesidad latente en nuestra sociedad. Es hora de integrar a quienes la sociedad ya les dio la espalda, a personas que por falta de educación y oportunidades emprendieron una carrera criminal, a personas que están envueltas en un círculo vicioso del que difícilmente podrán salir sin la ayuda de la sociedad. Será mucho más difícil con la apatía que mostramos ante las condiciones en las que viven y cómo son tratados, llevando a la gente a decir frases como “salen peor de ahí” o una muy conocida, “es la universidad del crimen”, frases nada alejadas de la realidad.

Sobre todo, es importante rescatar a los jóvenes, pues si de algo se han encargado las diferentes teorías del crimen, es de probar el hecho de que el criminal no es innato, sino que aprende a ser criminal mediante el aprendizaje de valores criminales. Dichas conductas pueden ser aprendidas por el contacto con otras personas con conductas desviadas, sobre todo si éstas se dan dentro de tiempos de ocio no estructurados en los que los jóvenes no tienen supervisión y se exponen a un ambiente de criminalidad con sus pares.

El arraigo social, los vínculos afectivos, los compromisos con valores y actividades deportivas que ocupen el tiempo de los jóvenes pueden limitar la posibilidad de tener un ocio negativo en el cual consuman alcohol, drogas o cometan “travesuras” que a posteriori se conviertan en delitos.

¿Y qué hacer con los adultos que no fueron intervenidos a tiempo en el desarrollo de su carrera criminal?

Existen diferentes prácticas en Centros de Reinserción Social que han funcionado y que en verdad son de aplaudirse, pues atacan una de las principales razones por las cuales la gente reincide: el tema laboral.

Una de estas prácticas, son el CERESO productivo, pues invita a la persona privada de su libertad (PPL) a sumar a la sociedad mediante su trabajo. He sido testigo de diferentes casos, pero los que más me han llamado la atención. El sentenciado recibe una especie de “beca” la cual se divide en 4 partes. La primera (40%) se les entrega para sus gastos dentro de prisión, la segunda (20%) se utiliza para la reparación del daño que haya causado, la tercera (20%) se le entrega a sus familiares y la cuarta (20%) se guarda en manera de ahorro, para cuando termine su sentencia.

 

Esto provoca un cambio en la mentalidad de la persona. Dicen que “el trabajo dignifica al hombre” y no sé qué tan real sea esta frase, o qué tan bien utilizada esté, pero lo que sí sé es que hay un cambio de chip en personas a las cuales siempre se les han negado las oportunidades de demostrarse a sí mismas que son capaces. La gente recupera la confianza en sí mismo y ayuda a restablecer las relaciones con sus familiares, amigos y otros vínculos. Estos programas pueden ser y han sido muy criticados, por el hecho de buscarle trabajo a gente que se encuentra en prisión, cuando existe tanta gente afuera buscando las mismas oportunidades. Pero debemos recordar que a los privados de la libertad históricamente se les ha privado también de continuar su vida, pues aun dentro ésta sigue y deberán aprovechar ese tiempo para mejorarse, para reformarse y no terminar con una muerte social, producto del abandono de la sociedad, del gobierno y de ellos mismos.

 

Fuentes consultadas.

 

Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad

https://www.inegi.org.mx/programas/enpol/2016/

Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2019

https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/sistemas/DNSP/DNSP_2019.pdf

Opinión

Andy: un apellido no basta. Por Caleb Ordóñez T.

Andrés Manuel López Beltrán heredó uno de los apellidos más poderosos de México. También heredó algo mucho más difícil de cargar: la costumbre nacional de nunca verlo a él, sino siempre a través de su padre.

Ser hijo de un expresidente ya es complicado. Serlo de Andrés Manuel López Obrador es otra categoría: crecer bajo la sombra de un hombre al que millones consideran el político más transformador de su generación y otros millones culpan de buena parte de los problemas del país. AMLO no admite tibieza. Y ahora Andy descubre que la polarización también se hereda, con intereses acumulados.

Caleb Ordoñez Talavera

Durante años estuvo cerca del poder institucional sin asumir formalmente sus costos. Participó en la construcción del movimiento de su padre, tuvo influencia real dentro del obradorismo, pero respetó, al menos públicamente, el acuerdo familiar de no buscar cargos de elección mientras López Obrador gobernara. El sexenio terminó. El acuerdo, también.

El aparato

En 2024, Andy asumió la Secretaría de Organización de Morena, el puesto que en cualquier partido mexicano equivale a controlar buena parte del músculo: padrón, estructura territorial y movilización. Bajo su gestión, Morena presumió haber superado los 12 millones de militantes, una cifra extraordinaria que también despertó cuestionamientos sobre el proceso de afiliación. El partido la presenta como prueba de que el movimiento puede seguir creciendo aun sin su fundador al frente.

Después, de pronto, prácticamente desde la nada, dejó el cargo para buscar una diputación federal por Tabasco en 2027. Quizá sea un movimiento inteligente (o un salvavidas político) pues cambia el control del aparato por legitimidad de urna, algo que ningún acuerdo familiar ni ninguna cercanía con Palacio Nacional pueden regalarle. Es también, para sus adversarios, la prueba de que el heredero necesita ahora un mandato propio porque el apellido, por sí solo, empieza a no bastarle, sino a molestarle.

El símbolo que no calculó

El viaje a Japón fue el primer costo político serio de esa transición. Las imágenes y los señalamientos sobre hospedajes costosos chocaron frontalmente con la palabra que su padre convirtió en columna vertebral del obradorismo: austeridad. López Beltrán respondió que pagó el viaje con recursos propios y habló de un linchamiento. Puede tener razón en lo legal. El problema nunca fue si tenía derecho a gastar su dinero; fue no anticipar que, siendo quien es, ese gasto se leería como traición simbólica antes que como libertad personal.

Ningún asesor de López Obrador habría permitido esa fotografía. Y esa distancia entre el instinto político del padre y el del hijo dice más sobre Andy que cualquier discurso.

La carta que no le correspondía escribir

La revocación de su visa estadounidense abrió un capítulo distinto y aquí conviene la precisión: una decisión migratoria no es una sentencia. Hasta ahora no existe una acusación penal pública en Estados Unidos contra López Beltrán, y tratarlo como culpable a partir de una visa revocada sería tan irresponsable como el linchamiento que él mismo denuncia.

Lo que sí es criticable es la respuesta. Escribirle directamente a Donald Trump para reclamar una persecución política no es un exceso de carácter: es una confusión de investidura. México tiene Presidenta, canciller y embajada para gestionar la relación bilateral. Andy no conduce esa política exterior ni representa al Estado mexicano. Al actuar como si lo hiciera, no demuestra fuerza: demuestra que todavía no distingue entre tener influencia dentro de un movimiento y tener autoridad de Estado. Es exactamente el tipo de error que un político con oficio, empezando por su padre, difícilmente habría cometido en público.

El heredero imposible

Ahí está la verdadera paradoja de Andy: el apellido le abre prácticamente cualquier puerta política y, al mismo tiempo, le impide construir algo que sea solamente suyo. Quienes aman a López Obrador buscarán al padre dentro del hijo y se decepcionarán cuando no lo encuentren. Quienes lo detestan le cobrarán al hijo cuentas que nunca fueron suyas. Ambas cosas son injustas. Ninguna es evitable.

Andy puede heredar el obradorismo, pero no puede heredar a AMLO.

López Obrador dejó una consigna que sus seguidores repiten como mandamiento: no mentir, no robar, no traicionar al pueblo. Si Andy quiere una herencia real (no una curul, no una secretaría, no una multitud prestada) probablemente esa frase sea lo único que valga la pena reclamar como suyo.

Porque Andrés Manuel López Obrador tardó casi cuatro décadas en convertirse en AMLO. Su hijo nació siendo “Andy”. Si quiere hacer historia propia, tendrá que conseguir algo mucho más difícil que heredar el poder: lograr que México deje de preguntarse de quién es hijo.

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