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Opinión

Muerte social: La vida después de la sentencia. Por Alaín González

La constitución en su artículo 18 dicta que tenemos como derecho fundamental la reinserción social de las personas privadas de su libertad. En el segundo párrafo de dicho artículo se ordena al sistema penitenciario que se conduzca con base en el respeto a los derechos humanos, del trabajo, de la capacitación, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción de los sentenciados a la sociedad.

“Después de la sentencia”

Pero el México que retrata la carta magna y las distintas leyes que de ella emanan no es más que una utopía cuando se trata de la reinserción. Historias como las que recoge la asociación civil “Reinserta” nos confirman que, en nuestro país, la reinserción es un mito.

Estela salió de prisión en mayo del 2017, estuvo cerca de 16 años, acusada de corrupción de menores. Al salir, tomó un taxi rumbo al hotel donde vivía junto a su familia, solo que al llegar no encontró a nadie. Pidió una habitación, misma que le fue fiada por el dueño, quien la reconoció. Al día siguiente, eligió una falda corta y las mismas botas con las que entró a prisión para regresar al trabajo que realizaba antes de ser detenida: la prostitución.

Su historia no es la única. Miles de casos como el de Estela se repiten en distintas ciudades del país. Personas que cumplen condenas largas y que son regresadas a la sociedad sin ningún tipo de herramienta que los ayude a reintegrarse a una sociedad que ya no es la que ellos conocían; las calles son diferentes, la gente, en el mejor de los casos, ya no los reconoce, y en el peor, ya no están, y el gobierno que tenía la obligación legal de acompañarlos, no lo hace.

Mientras tanto, la sociedad a la cual ellos pretenden o intentan reintegrarse los excluye por el hecho de haber estado en prisión, sin importar el tipo de delito o su gravedad, se convierten en sospechosos eternos. En el ámbito laboral son rechazados una vez que revelan sus antecedentes, dificultando el acceso a empleos formales, obligándolos a vivir al día, haciendo pequeños trabajos y en ocasiones (3 de cada 10 de acuerdo con datos de la ENPOL*, INEGI) volver a prisión tras cometer otro delito.

Y si no se cumple con lo que la constitución dicta, ¿Cómo es la vida en un Centro de Reinserción Social? Pues depende, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en su “Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2019”:

En Querétaro, el cual es el estado con mejor calificación dentro del diagnóstico (8.22), podrás encontrar:

  • Un número adecuado de internos en relación con la capacidad del centro.
  • Programas de prevención y atención de incidentes violentos.
  • Personal capacitado.
  • Actividades educativas y deportivas.
  • Entre otros

Si bajas un poco en la tabla de calificaciones dentro de los rangos medios que van de 6 a 8 podrás encontrar a Chihuahua con 7.43 de calificación y algunas características similares a Querétaro, pero con algunas observaciones negativas como:

  • Deficientes condiciones materiales e higiene.
  • Hacinamiento y/o sobrepoblación en algunas áreas.
  • Pocas actividades laborales y de capacitación.

Por debajo se encuentran estados como Veracruz (5.94), Guerrero (5.92) o Tamaulipas (5.42) en donde las condiciones son preocupantes, pues existen insuficiencias en casi todos los rubros y observaciones que van desde presencia de actividades ilícitas, extorsión, deficiente separación entre procesados y sentenciados, poco personal, falta de talleres entre otras.

Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2019, CNDH, México.

Y se que muchos pensaremos que algunas personas no merecen los beneficios o las atenciones que por ley tienen derecho, pero desafortunadamente la reinserción o prevención terciaria se ha vuelto una necesidad latente en nuestra sociedad. Es hora de integrar a quienes la sociedad ya les dio la espalda, a personas que por falta de educación y oportunidades emprendieron una carrera criminal, a personas que están envueltas en un círculo vicioso del que difícilmente podrán salir sin la ayuda de la sociedad. Será mucho más difícil con la apatía que mostramos ante las condiciones en las que viven y cómo son tratados, llevando a la gente a decir frases como “salen peor de ahí” o una muy conocida, “es la universidad del crimen”, frases nada alejadas de la realidad.

Sobre todo, es importante rescatar a los jóvenes, pues si de algo se han encargado las diferentes teorías del crimen, es de probar el hecho de que el criminal no es innato, sino que aprende a ser criminal mediante el aprendizaje de valores criminales. Dichas conductas pueden ser aprendidas por el contacto con otras personas con conductas desviadas, sobre todo si éstas se dan dentro de tiempos de ocio no estructurados en los que los jóvenes no tienen supervisión y se exponen a un ambiente de criminalidad con sus pares.

El arraigo social, los vínculos afectivos, los compromisos con valores y actividades deportivas que ocupen el tiempo de los jóvenes pueden limitar la posibilidad de tener un ocio negativo en el cual consuman alcohol, drogas o cometan “travesuras” que a posteriori se conviertan en delitos.

¿Y qué hacer con los adultos que no fueron intervenidos a tiempo en el desarrollo de su carrera criminal?

Existen diferentes prácticas en Centros de Reinserción Social que han funcionado y que en verdad son de aplaudirse, pues atacan una de las principales razones por las cuales la gente reincide: el tema laboral.

Una de estas prácticas, son el CERESO productivo, pues invita a la persona privada de su libertad (PPL) a sumar a la sociedad mediante su trabajo. He sido testigo de diferentes casos, pero los que más me han llamado la atención. El sentenciado recibe una especie de “beca” la cual se divide en 4 partes. La primera (40%) se les entrega para sus gastos dentro de prisión, la segunda (20%) se utiliza para la reparación del daño que haya causado, la tercera (20%) se le entrega a sus familiares y la cuarta (20%) se guarda en manera de ahorro, para cuando termine su sentencia.

 

Esto provoca un cambio en la mentalidad de la persona. Dicen que “el trabajo dignifica al hombre” y no sé qué tan real sea esta frase, o qué tan bien utilizada esté, pero lo que sí sé es que hay un cambio de chip en personas a las cuales siempre se les han negado las oportunidades de demostrarse a sí mismas que son capaces. La gente recupera la confianza en sí mismo y ayuda a restablecer las relaciones con sus familiares, amigos y otros vínculos. Estos programas pueden ser y han sido muy criticados, por el hecho de buscarle trabajo a gente que se encuentra en prisión, cuando existe tanta gente afuera buscando las mismas oportunidades. Pero debemos recordar que a los privados de la libertad históricamente se les ha privado también de continuar su vida, pues aun dentro ésta sigue y deberán aprovechar ese tiempo para mejorarse, para reformarse y no terminar con una muerte social, producto del abandono de la sociedad, del gobierno y de ellos mismos.

 

Fuentes consultadas.

 

Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad

https://www.inegi.org.mx/programas/enpol/2016/

Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2019

https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/sistemas/DNSP/DNSP_2019.pdf

Opinión

Huachicol y otros demonios. Por Caleb Ordoñez T.

México lleva ocho años combatiendo el huachicol y el huachicol lleva ocho años ganándole por goleada. López Obrador inauguró su gobierno cerrando ductos y prometiendo mandar al huachicolero al museo de la corrupción del pasado. Ocho años y una transición después, México registró 2,563 tomas clandestinas solo en el primer trimestre de 2026: una cada 51 minutos. El huachicolero no murió. Evolucionó, se puso corbata y aprendió política.

¿Por qué Huachicol?

“Huachicol” nombró primero al alcohol adulterado, era una bebida que prometía una cosa y entregaba otra, antes de migrar a la gasolina robada y, ya en su versión de cuello blanco, al huachicol fiscal. Somos creativos para ponerles nombres folclóricos a nuestras tragedias.

Caleb Ordoñez Talavera

Y esto dejó de ser folclor hace mucho. En el primer trimestre del año, Hidalgo registró 731 tomas clandestinas; Jalisco, 578; el Estado de México, 189. Cuautepec de Hinojosa, un solo municipio de Hidalgo, acumuló 202 perforaciones en tres meses. Una toma clandestina cada 51 minutos no es el vecino con una manguera a las tres de la mañana. Es una industria con horario de oficina, y una industria necesita nómina: gente para sacar el combustible, pipas para moverlo, bodegas para guardarlo y empresas de papel para lavar las ganancias. Y para sostener el aparato durante años hace falta el insumo más caro de todos: suficientes autoridades dispuestas a no ver, no oír y no preguntar.

Aquí conviene hacer una pausa honesta. El gobierno tiene un argumento real que oponer a esto: los aseguramientos han aumentado, no disminuido, y parte de la razón por la que ahora “vemos” más huachicol es que se está buscando más que antes. Es cierto. El problema es que ese argumento explica el número de decomisos, no el de tomas clandestinas —que también aumentó—, y tampoco explica por qué las redes de corrupción y protección que hacen posible semejante negocio han logrado sobrevivir durante ocho años. Encontrar más droga no prueba que se esté ganando la guerra contra el narco; encontrar más huachicol tampoco prueba que se esté ganando esta.

La escoba de Tabasco

Aquí entra Adán Augusto López. No existe sentencia que lo vincule con el huachicol ni está acreditado que perteneciera a La Barredora. Su problema es otro, y más incómodo: cuando gobernaba Tabasco, puso al frente de la seguridad pública a Hernán Bermúdez Requena, el hombre encargado de cazar exactamente a los delincuentes que terminó, presuntamente, dirigiendo.

Hoy Bermúdez está procesado como presunto jefe de “La Barredora”, organización señalada por extorsión, secuestro y robo de combustible. El hombre puesto a barrer el crimen de Tabasco terminó acusado de encabezar La Barredora llena de corrupción. Adán Augusto ha negado cualquier vínculo y no enfrenta cargos. Pero muchos tabasqueños aseguran que está involucrado.

Lo que no resuelve es la pregunta política: ¿cómo se gobierna un estado sin enterarse de lo que ocurre alrededor del propio jefe de Seguridad? Solo hay dos respuestas, y ambas son un problema. Si lo sabía, es gravísimo. Si no lo sabía, la pregunta es qué estaba gobernando exactamente. Para quien después llegó a secretario de Gobernación y hoy pretende conservar influencia en la definición electoral de 2027, ninguna cabe en un currículum, aunque ambas quepan en la política mexicana.

El huachicol aprendió a usar corbata

Mientras el país perseguía mangueras en el campo, el negocio se mudó a un piso más alto. El huachicol fiscal ni siquiera necesita perforar un ducto: puede bastarle un barco, una importación mal declarada, una empresa fachada y un pedimento aduanal firmado por la persona indicada. Cambió la camioneta por un escritorio y la manguera por un sello.

Las investigaciones han tocado ya a mandos vinculados con la Marina, la institución a la que López Obrador entregó el control de las aduanas para, supuestamente, erradicar la corrupción. Se le dieron las llaves de la puerta trasera a quien debía cuidarla. El pasado 17 de septiembre se conoció en Guanajuato el aseguramiento de 59 millones de litros de presunto combustible ilícito en diez tanques. Con una cifra así, preguntar solo quién manejaba la pipa es casi un acto de inocencia voluntaria. La pregunta es quién permitió construir la carretera —económica, institucional y política— por la que ese combustible circuló durante años.

Adán y la búsqueda incesante de gubernaturas

Tras el escándalo, Adán Augusto dejó la coordinación de Morena en el Senado y anunció que se dedicaría a tareas electorales rumbo a 2027, elección en la que se disputarán 17 gubernaturas para la que Morena ya registró 277 aspirantes. Lejos de desaparecer, sigue moviendo fichas: respalda públicamente a Andrea Chávez en Chihuahua, frente al alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar (favorito en encuestas), y participa en la operación territorial del partido en estados donde aún no se resuelven las candidaturas.

Es decir: mientras el país intenta averiguar cómo el crimen organizado penetró policías, gobiernos y negocios de combustible, uno de los políticos más salpicados políticamente por el caso sigue participando en la construcción del próximo mapa de poder. Solo en la política mexicana un escándalo de ese tamaño puede convertirse en escala y no necesariamente en lastre.

Los otros demonios

Nos acostumbramos a las fotografías de bidones y camionetas incendiadas —una imagen casi reconfortante porque colocaba al delincuente lejos del poder—. Pero un negocio capaz de producir miles de tomas clandestinas y sobrevivir durante ocho años no se explica únicamente desde abajo. Necesita perforadores, sí, pero también transportistas, empresarios y funcionarios que decidieron no complicarse la vida. Necesita, sobre todo, silencio comprado al mayoreo.

López Obrador creyó que bastaba con cerrar ductos. Sheinbaum enfrenta algo más incómodo: averiguar hasta dónde llegan las tuberías políticas que heredó y decidir —con nombres y cargos, no con comunicados— cuánto está dispuesta a seguirlas. Decomisar combustible es relativamente sencillo; investigar las redes de funcionarios, empresarios y protectores que permitieron que el negocio sobreviviera mientras el gobierno presumía combatirlo es otra cosa.

Ahí empiezan los otros demonios. Porque seguir una manguera es fácil. Lo verdaderamente peligroso es seguir el dinero y, de ahí, sin desviarse, seguir al poder mismo.

¿Alguien les pondrá un alto?

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