Conecta con nosotros

México

Multas por mal uso de datos suman 263 mdp

Por violar la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) impuso multas por 263 millones de pesos en los últimos cuatro años.
Los sectores con más sanciones por infringir la norma son el financiero y el de seguros —el cual incluye a instituciones bancarias— a los que se les sancionó con 147 millones de pesos.
De acuerdo con Javier Acuña Llamas, comisionado del Inai, se demostró que los responsables omitieron verificar que los datos personales recabados fueran exactos, correctos, completos y actualizados.
«Esto es tan sólo un punto de partida, pero ¿cuáles son los que llevan la mano y por mucho? Son los financieros, son los más vulnerables para demostrar sus errores
«Sí, porque constantemente emiten mensajes, emiten llamadas, emiten situaciones de cobro o de requerimiento que dejan reporte o de actualidad de saldos que dejan evidencias por todos lados”, explicó.
En el Foro Fiscal y Legal de la Expo Finanzas, organizado por el Corporate Finance Summit, el comisionado manifestó que entre los principales incumplimientos a la Ley de Protección de Datos Personales está el dar tratamiento a los datos en contravención a los principios establecidos en la materia, con énfasis en el incumplimiento del principio de calidad.
«Las sanciones van a servir para generar conciencia crítica y para provocar conductas correctas, convenientes; es mucho mejor que no haya sanciones y que haya hábitos consecuentes, permanentes y responsables de parte de todas las empresas y de todas los integrantes del sector”, consideró.
Otro de los incumplimientos que llegan a tener los particulares al momento de tener datos personales es el recabar o transferir datos personales sin el consentimiento expreso del titular; por ejemplo, cuando las instituciones financieras tienen información personal y la comparten a administradoras de fondos para el retiro sin contar con el consentimiento del titular.
Se incumple, además, con el deber de confiabilidad, que es otra de las prácticas en las que caen las empresas, debido a que ignoran que no pueden divulgar datos personales como las claves bancarias.

Excelsior

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

Continuar Leyendo
Publicidad
Publicidad
Publicidad

Más visto