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México

Murillo Karam: reportan que seguirá su proceso en prisión domiciliaria por caso Ayotzinapa

El exprocurador General de la República seguirá preso porque enfrenta un segundo proceso por el cual tiene como medida cautelar la prisión preventiva

Jesús Murillo Karam, exprocurador General de la República y quien es uno de los principales exfuncionarios detenidos por el Caso Ayotzinapa, podrá seguir su proceso en su domicilio.

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De acuerdo con Reforma, el Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte otorgó la medida al exfuncionario luego de varios meses en los que el exprocurador buscó salir de prisión para seguir su proceso en su domicilio debido a los diversos problemas de salud que lo aquejan.

Después de su detención en agosto de 2022 en su domicilio en Lomas de Sotelo, en la Ciudad de México, Murillo Karam fue internado en repetidas ocasiones en hospitales especializados para tratar sus problemas de salud.

El proceso que Murillo Karam seguirá en su domicilio es por los posibles delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia, por el cual logró también un aplazamiento de su audiencia en septiembre pasado. En ella, se esperaba que la Fiscalía General de la República (FGR) lo imputara y solicitara 82 años de prisión.

Pese a que el exprocurador obtuvo esta medida cautelar por el primer proceso que se le abrió como parte del caso Ayotzinapa, deberá permanecer en internación debido a que enfrenta prisión preventiva justificada por un segundo proceso.

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Este segundo proceso penal le fue abierto en abril de este año, aunque en este caso es por el posible delito de tortura y desaparición forzada. Es por ello que permanecerá internado en la Torre Médica de Tepepan.

En junio pasado, Murillo Karam fue trasladado a un hospital y desde abril, su defensa legal señaló que su estado de salud era delicado debido a enfermedades que lo aquejan como enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), hipertensión arterial sistémica e insuficiencia vascular cerebral.

Desde hace varios meses, la defensa del extitular de la extinta Procuraduría General de la República (PGR) ha solicitado un cambio en la medida cautelar, pues la prisión preventiva justificada “es sumamente grave y peligrosa”, pues pone en riesgo la salud del exfuncionario federal.

Asimismo, alegó que la vida de Murillo Karam depende de un seguimiento médico multidisciplinario permanente, pues se corre el riesgo – dijo su defensa en abril pasado – de que se presente un evento vascular cerebral.

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Actualmente, el caso Ayotzinapa sigue bajo investigación pese a que Alejandro Encinas renunció a la subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y con ello a la presidencia de la Comisión para la Verdad y la Justicia para el caso Ayotzinapa.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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