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México

Murió Miguel Aldana, el ex director de la Interpol fichado en EEUU por el asesinato de Camarena

Jorge Miguel Aldana Ibarra, ex director de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) en México, falleció la mañana del domingo en el Centro Médico Nacional a causa de un paro cardíaco.

“Lamentamos profundamente el sensible fallecimiento del doctor Jorge Miguel Aldana Ibarra, y se une en la pena que embarga a su familia y amigos”, escribió el Colegio Nacional de Abogados Foro México A.C.

Aldana Ibarra, quien también se desempeñó primer comandante de la Policía Judicial Federal, contaba con una orden de aprehensión vigente en su contra por parte de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), debido a su presunta responsabilidad en el asesinato del agente estadounidense Enrique “Kiki” Camarena.

En la ficha de búsqueda de la DEA, la cual todavía puede ser consultada en su página oficial, las autoridades estadounidenses señalan a Aldana Ibarra como un hombre “armado y peligroso” que es requerido por la justicia debido a los siguientes delitos: “Conspiración para cometer crímenes violentos en apoyo al crimen organizado; Conspiración para secuestrar a un agente federal; Secuestro de un agente federal; Asesinato grave de un agente federal”.

Cuando era comandante de la Policía Judicial, fue señalado como responsable del asesinato de Enrique Camarena diez años después de que éste ocurriera. Su detención fue resultado de la Operación Leyenda, orquestada por jueces, fiscales y policías estadounidenses. También fue cuando señalaron a José Antonio Zorrilla Pérez, director de la Dirección Federal de Seguridad (DFS).

El comandante Aldana orquestó la Operación Pacífico, la cual supuso uno de los golpes más grandes al narcotráfico en México con más de 5.000 personas detenidas, 7.000 armas decomisadas y varias toneladas de droga que pretendían ser envíadas a través de los más de 450 trailers que se encontraban en el Rancho Búfalo.

Por aquel tiempo Aldana Ibarra había comentado a diversos medios de comunicación que Estados Unidos estaba involucrado en el trasiego de armas y drogas, además del lavado de dinero.

Miguel Aldana Ibarra se especializó en las áreas de información política en las corporaciones policiacas donde se desempeñó durante más de 34 años. Fue el segundo del comandante Florentino Ventura cuando éste ocupó el cargo por primera vez como jefe de la Interpol-México. A los dos días de tomar posesión como director de la DFS, José Antonio Zorrilla lo mandó llamar para que ocupara el cargo de coordinador general operativo administrativo.

Fue jefe de la Interpol-México del 9 de diciembre de 1982 al 2 de enero de 1985. En marzo de ese mismo año se mencionó que tenía nexos con narcotraficantes, sobretodo cuando se supo que en septiembre de 1984 varios agentes bajo su mando retiraron del aeropuerto de la Ciudad de México un cargamento de cocaína.

En el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, la PGR informó en junio de 1989 que estaba sujeto a investigación, porque el excomandante de la Dirección Federal de Seguridad, Rafael Chao López, declaró que por instrucciones de Aldana Ibarra mensualmente entregaban diez millones de pesos al licenciado Zorrilla Pérez, titular de la DFS, como recompensa por el “disimulo” que la policía mantenía sobre el tráfico de drogas.

En febrero de 1990, fue detenido por agentes antinarcóticos de la PGR, acusado de posesión, compra y suministro de cocaína y acopio de armas. Estuvo privado de su libertad durante cuatro años y ocho meses en el Reclusorio Oriente y en el penal de máxima seguridad de Almoloya de Juárez.

En 1995, durante el gobierno de Ernesto Zedillo, un Tribunal Colegiado lo exoneró de los cargos. En una entrevista Aldana Ibarra aseguró que fue el entonces subprocurador en la Lucha contra el Narcotráfico, Javier Coello Trejo, quien le fabricó los delitos con el objeto de “hacerlo a un lado”, ya que se le había mencionado como posible subprocurador de la PGR.

“Me estuvieron golpeando cuatro días en los separos, ya me les iba a ir. Me pusieron dos veces la bolsa de plástico en la cabeza. Me llevaron al Reclusorio Oriente en una ambulancia. Dijeron que estaba así por abstinencia de droga, cuando en mi vida la había probado”, declaró.

En todos lados hay gente metida (en el narco). No es algo nuevo”, refirió en otra parte de la entrevista.

Jorge Miguel Aldana Ibarra será velado este lunes en la funeraria Gayosso de Félix Cuevas.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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