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Narco, lavado, ayudar al cártel, mentir y trata de personas, los cargos contra García Luna

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó este día que el Secretario de Seguridad Pública de México en tiempos en los que Felipe Calderón Hinojosa fue arrestado por “conspiración del narcotráfico y declaraciones falsas”.

“Supuestamente, Genaro García Luna recibió millones de dólares en sobornos del Cártel de Sinaloa de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán”, dijo el Departamento de Justicia a través de la oficina de su Fiscal en Nueva York.

“Una acusación fue revelada hoy en un tribunal federal en Brooklyn, que acusa a Genaro García Luna, el ex Secretario de Seguridad Pública en México de 2006 a 2012, con tres cargos de conspiración de tráfico de cocaína y un cargo de hacer declaraciones falsas. A cambio de sobornos multimillonarios, el acusado supuestamente permitió que el Cartel de Sinaloa operara con impunidad en México. García Luna fue arrestado ayer por agentes federales en Dallas, Texas, y el Gobierno buscará su traslado al Distrito Este de Nueva York para enfrentar estos cargos”, dijo el comunicado. Richard P. Donoghue, Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York, anunció los cargos.

“García Luna está acusado de aceptar millones de dólares en sobornos del Cártel de Sinaloa de Guzmán ‘El Chapo’ mientras controlaba la Policía Federal de México y era responsable de garantizar la seguridad pública en México”, declaró el Fiscal de los Estados Unidos, Donoghue, de acuerdo al comunicado.

“El arresto de hoy demuestra nuestra determinación de llevar ante la justicia a quienes ayudan a los carteles a infligir daños devastadores en los Estados Unidos y México, independientemente de los cargos que mantuvieron mientras cometían sus crímenes”, agregó.

Donoghue “agradeció a las oficinas de la Administración de Control de Drogas (DEA) en Nueva York y Houston, Investigaciones de Seguridad Nacional, Oficina de Campo de Nueva York (HSI), Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD) y Policía del Estado de Nueva York (NYSP) por su trabajo en el caso”, informa el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Según la acusación y otras presentaciones judiciales del gobierno, de 2001 a 2012, mientras ocupaba puestos de alto rango en el Gobierno mexicano, García Luna recibió millones de dólares en sobornos del Cartel de Sinaloa a cambio de proporcionar protección para su droga y actividades de trata de personas.

De 2001 a 2005, García Luna dirigió la Agencia Federal de Investigación de México, y de 2006 a 2012, se desempeñó como Secretario de Seguridad Pública federal, controlando la fuerza de Policía Federal de México. “A cambio del pago de sobornos, el Cartel de Sinaloa obtuvo un pasaje seguro para sus envíos de drogas, información confidencial de las fuerzas del orden sobre investigaciones sobre el Cartel e información sobre carteles rivales de drogas, lo que facilitó la importación de cantidades de toneladas de cocaína y otras drogas”, dijo el Fiscal.

“En los Estados Unidos, dos ocasiones, el Cartel entregó personalmente sobornos a García Luna en maletines que contenían entre tres y cinco millones de dólares. Según los registros financieros obtenidos por el gobierno, cuando García Luna se mudó a los Estados Unidos en 2012, había acumulado una fortuna personal de millones de dólares”, dijo.

“García Luna continuó tomando medidas en los Estados Unidos para ocultar su asistencia corrupta a los narcotraficantes. Específicamente, presuntamente presentó una solicitud de naturalización en 2018, en la que mintió sobre sus actos criminales pasados en nombre del Cartel de Sinaloa. Si es declarado culpable del cargo de conspiración de drogas, García Luna enfrenta una sentencia mínima obligatoria de 10 años de prisión y un máximo de cadena perpetua”.

De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la investigación fue dirigida por New York Strike Force, una unidad de lucha contra el crimen que comprende agencias policiales federales, estatales y locales apoyadas por la Fuerza de Tarea contra el Crimen Organizado de Drogas y el Área de Tráfico de Drogas de Alta Intensidad de Nueva York / Nueva Jersey. The Strike Force tiene su sede en la División de Nueva York de la DEA e incluye agentes y oficiales de la DEA, NYPD, NYSP, HSI, División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos de EE. UU., Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, Aduanas y Protección de Fronteras de EE. UU., Servicio Secreto de los EE. UU., Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos, Guardia Nacional de Nueva York, Departamento de Policía de Clarkstown, Guardacostas de los EE. UU., Departamento de Policía de Port Washington y Departamento de Correcciones y Supervisión Comunitaria del Estado de Nueva York.

Los cargos en la acusación formal son acusaciones, y el acusado se presume inocente a menos y hasta que se pruebe su culpabilidad.

El caso del gobierno está siendo procesado por la Sección Internacional de Narcóticos y Lavado de Activos del Distrito Este y la Sección de Integridad Pública. Los fiscales federales adjuntos Michael P. Robotti, Ryan Harris y Erin Reid están a cargo de la acusación.

Fuente: Sin Embargo

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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