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México

Narcos buscan renovar pactos con gobiernos a través de elecciones 2021

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Un informe de la organización International Crisis Group (ICG) da cuenta sobre operaciones de la narcopolítica en México, donde grupos criminales pueden apostar por candidaturas para verse beneficiados.

Los comicios del próximo 6 de junio pueden ser vistos como una “gran fiesta democrática” por las autoridades electorales, pero también significan puerta de acceso al poder para cárteles que invirtieron en una alcaldía, el eslabón más débil de los órdenes de gobierno y de fácil captura.

“Las elecciones mexicanas son más que una competencia entre candidatos por el respaldo popular. También son un foro para que los grupos criminales obtengan, prolonguen y consoliden su acceso al poder estatal”, señala el ICG en su informe sobre América Latina No. 89, publicado este 2 de junio.

A través del análisis sobre la región de Tierra Caliente en Michoacán, este reporte describe cómo operan criminales, políticos y fuerzas de seguridad durante el proceso electoral.

Si bien, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha reiterado que ya no hay pactos en su administración, el reporte consigna que esos acuerdos continúan, pero conllevan grados de complejidad en zonas como Michoacán, donde no se actualizan dominios extendidos de una asociación hegemónica.

En un comunicado de semanas pasadas el CJNG aseguró no intervenir en elecciones en la costa de Michoacán (Foto: Captura de Twitter / @CjngCosta)En un comunicado de semanas pasadas el CJNG aseguró no intervenir en elecciones en la costa de Michoacán (Foto: Captura de Twitter / @CjngCosta)

“Las facciones criminales se disputan fragmentos del Estado mexicano, por lo que los involucrados se han visto envueltos en una red de relaciones en la que las rupturas violentas son frecuentes”, advierte el informe.

Y es que en la entidad michoacana hay conflictos permanentes, porque células locales resisten a perder su poderío, el cual se ha arraigado con el paso de los años por las mismas complicidades que forjaron.

Por otra parte, en esa búsqueda de llevar la delantera a rivales, atacan a fuerzas de seguridad que identifican con sus enemigos, pues consideran que sus rivales y la fracción de autoridad tienen acuerdos para afectarles.

“Es la misma mamada que antes, pero más pendeja, más desorganizada”, señaló al ICG un intermediario que logró acuerdos con la Guardia Nacional a favor del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Supuestamente, el robo de hidrocarburos negociado en el centro y norte de México, está protegido por esos convenios a nivel federal. Además, jefes militares regionales siguen operando con altos niveles de autonomía, de ahí su margen para establecer conexiones con criminales.

Las del próximo 6 de junio serán las elecciones más grandes en la historia de México (EFE/Miguel Sierra)Las del próximo 6 de junio serán las elecciones más grandes en la historia de México (EFE/Miguel Sierra)

La organización critica que las políticas de seguridad del gobierno de López Obrador son de apariencia pasiva, en tanto que existe falta de interés para por cortar vínculos entre crimen y funcionarios.

Al respecto del entendimiento en Tierra Caliente, otro operador de grupos que disputan el territorio indicó que lleva buena relación con el comandante local de la Guardia Nacional, y pese a recibir apoyo, agregó que sus rivales habían llegado al mismo pacto con agentes de jerarquía y funcionarios de alto nivel en otras regiones.

Contar con respaldo del gobierno, indica el ICG, da pauta para “crecer”, sabotear los convenios de sus enemigos y garantías de impunidad. Así como tener de servicio a la policía, acceder a información de inteligencia, u obtener parte del presupuesto a forma de salarios, pero sin trabajar. Esto es lo que puede negociarse en cada etapa de elecciones.

“Los grupos criminales en Tierra Caliente tienen tanta influencia que los candidatos con frecuencia se acercan a ellos en busca de apoyo”, reporta el ICG.

De acuerdo con datos citados por la organización, el tope de gastos de campaña autorizado ronda los 333 mil pesos para contender por una alcaldía de Michoacán. Pero aquellos que desean comprar votos o regalar despensas invierten entre 10, 15 y hasta 20 millones de pesos.

Jefes militares en cada región tienen margen de autonomía para negociar pactos (Foto: Twitter/GHOSTDEVIIL)Jefes militares en cada región tienen margen de autonomía para negociar pactos (Foto: Twitter/GHOSTDEVIIL)

De ahí que el financiamiento ilícito sea una ventana de oportunidad. Además, los grupos criminales pueden recurrir a sus operadores para canalizar cierta cantidad de electores, a veces a costa de amenazas.

Aunado a esto, los aspirantes pueden tener nexos previos con facciones delictivas, lo cual facilita operaciones para seguir con el dominio en una región. Ya sea por lazos directos o indirectos, mediante quienes conforman su equipo.

Sin embargo, los convenios con aspirantes no siempre son respetados. Una fuente militar aseguró a Crisis Group que puede haber “municipios paraíso” donde no hay nada de violencia porque eso se ha convenido.

Pero a nivel de gubernaturas, pueden vender el territorio a facciones que están en competencia. Aunque en ocasiones solo se obtiene la mitad de lo prometido, apuntó un operador criminal, es mejor que hacerse de enemigos a los funcionarios. Pero otros pueden desencadenar olas de violencia ante el enojo de no ver recuperadas sus inversiones, por ejemplo, con asesinatos de policías.

El domingo próximo se llevarán a cabo los comicios más grandes en la historia del país en más de 162 mil casillas electorales a las que podrán acudir más de 90 millones de ciudadanos. Se elegirán 20 mil 417 cargos a lo largo y ancho de México, incluyendo 15 gubernaturas.

Por parte del gobierno federal se asegura que hay condiciones para votaciones en orden y tranquilidad. Aunque existen focos rojos, se descarta inestabilidad generalizada. La Guardia Nacional vigilará el desarrollo de las elecciones.

México

Vinculan a proceso a Ernesto Ruffo Appel por huachicol fiscal y seguirá recluido en el Altiplano

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La jueza federal Alejandra Ramírez de la Vega vinculó a proceso al exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel y a siete personas más por su probable participación en delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos mediante ferrocarril. La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada presentó datos que la juzgadora consideró suficientes para avanzar con el proceso; lo que todavía no está determinado es su culpabilidad ni una posible sentencia.

La resolución fue emitida después de una audiencia que se prolongó por más de 30 horas en instalaciones del Poder Judicial de la Federación anexas al Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como el Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México. La diligencia fue encabezada por Ramírez de la Vega, jueza de control adscrita al Centro de Justicia Penal Federal de esa localidad.

¿Qué significa que Ernesto Ruffo fue vinculado a proceso?

La vinculación a proceso significa que la jueza encontró datos que permiten considerar, en esta etapa inicial, que pudo haberse cometido un delito y que existe una probabilidad de participación de las personas imputadas.

El artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que para dictar esta resolución debe haberse formulado la imputación, otorgado al acusado la posibilidad de declarar y presentado datos sobre un hecho señalado como delito. También se requiere que no exista una causa que extinga la acción penal o excluya el delito.

La decisión no determina que Ruffo o los demás acusados sean responsables. Los datos utilizados para vincularlos tampoco pueden convertirse automáticamente en las pruebas de una sentencia. Durante la investigación complementaria, la Fiscalía deberá fortalecer su acusación, mientras las defensas podrán presentar documentos, peritajes y testimonios para controvertirla.

¿Cómo habría operado la red de huachicol ferroviario?

La FEMDO sostiene que Ruffo y sus coacusados habrían diseñado un esquema de simulaciones mediante 11 empresas. El objetivo habría sido introducir ilegalmente a México 18 millones 225 mil 657 litros de gasolina y diésel transportados en 163 carrotanques ferroviarios.

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