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México

Narcos buscan renovar pactos con gobiernos a través de elecciones 2021

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Un informe de la organización International Crisis Group (ICG) da cuenta sobre operaciones de la narcopolítica en México, donde grupos criminales pueden apostar por candidaturas para verse beneficiados.

Los comicios del próximo 6 de junio pueden ser vistos como una “gran fiesta democrática” por las autoridades electorales, pero también significan puerta de acceso al poder para cárteles que invirtieron en una alcaldía, el eslabón más débil de los órdenes de gobierno y de fácil captura.

“Las elecciones mexicanas son más que una competencia entre candidatos por el respaldo popular. También son un foro para que los grupos criminales obtengan, prolonguen y consoliden su acceso al poder estatal”, señala el ICG en su informe sobre América Latina No. 89, publicado este 2 de junio.

A través del análisis sobre la región de Tierra Caliente en Michoacán, este reporte describe cómo operan criminales, políticos y fuerzas de seguridad durante el proceso electoral.

Si bien, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha reiterado que ya no hay pactos en su administración, el reporte consigna que esos acuerdos continúan, pero conllevan grados de complejidad en zonas como Michoacán, donde no se actualizan dominios extendidos de una asociación hegemónica.

En un comunicado de semanas pasadas el CJNG aseguró no intervenir en elecciones en la costa de Michoacán (Foto: Captura de Twitter / @CjngCosta)En un comunicado de semanas pasadas el CJNG aseguró no intervenir en elecciones en la costa de Michoacán (Foto: Captura de Twitter / @CjngCosta)

“Las facciones criminales se disputan fragmentos del Estado mexicano, por lo que los involucrados se han visto envueltos en una red de relaciones en la que las rupturas violentas son frecuentes”, advierte el informe.

Y es que en la entidad michoacana hay conflictos permanentes, porque células locales resisten a perder su poderío, el cual se ha arraigado con el paso de los años por las mismas complicidades que forjaron.

Por otra parte, en esa búsqueda de llevar la delantera a rivales, atacan a fuerzas de seguridad que identifican con sus enemigos, pues consideran que sus rivales y la fracción de autoridad tienen acuerdos para afectarles.

“Es la misma mamada que antes, pero más pendeja, más desorganizada”, señaló al ICG un intermediario que logró acuerdos con la Guardia Nacional a favor del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Supuestamente, el robo de hidrocarburos negociado en el centro y norte de México, está protegido por esos convenios a nivel federal. Además, jefes militares regionales siguen operando con altos niveles de autonomía, de ahí su margen para establecer conexiones con criminales.

Las del próximo 6 de junio serán las elecciones más grandes en la historia de México (EFE/Miguel Sierra)Las del próximo 6 de junio serán las elecciones más grandes en la historia de México (EFE/Miguel Sierra)

La organización critica que las políticas de seguridad del gobierno de López Obrador son de apariencia pasiva, en tanto que existe falta de interés para por cortar vínculos entre crimen y funcionarios.

Al respecto del entendimiento en Tierra Caliente, otro operador de grupos que disputan el territorio indicó que lleva buena relación con el comandante local de la Guardia Nacional, y pese a recibir apoyo, agregó que sus rivales habían llegado al mismo pacto con agentes de jerarquía y funcionarios de alto nivel en otras regiones.

Contar con respaldo del gobierno, indica el ICG, da pauta para “crecer”, sabotear los convenios de sus enemigos y garantías de impunidad. Así como tener de servicio a la policía, acceder a información de inteligencia, u obtener parte del presupuesto a forma de salarios, pero sin trabajar. Esto es lo que puede negociarse en cada etapa de elecciones.

“Los grupos criminales en Tierra Caliente tienen tanta influencia que los candidatos con frecuencia se acercan a ellos en busca de apoyo”, reporta el ICG.

De acuerdo con datos citados por la organización, el tope de gastos de campaña autorizado ronda los 333 mil pesos para contender por una alcaldía de Michoacán. Pero aquellos que desean comprar votos o regalar despensas invierten entre 10, 15 y hasta 20 millones de pesos.

Jefes militares en cada región tienen margen de autonomía para negociar pactos (Foto: Twitter/GHOSTDEVIIL)Jefes militares en cada región tienen margen de autonomía para negociar pactos (Foto: Twitter/GHOSTDEVIIL)

De ahí que el financiamiento ilícito sea una ventana de oportunidad. Además, los grupos criminales pueden recurrir a sus operadores para canalizar cierta cantidad de electores, a veces a costa de amenazas.

Aunado a esto, los aspirantes pueden tener nexos previos con facciones delictivas, lo cual facilita operaciones para seguir con el dominio en una región. Ya sea por lazos directos o indirectos, mediante quienes conforman su equipo.

Sin embargo, los convenios con aspirantes no siempre son respetados. Una fuente militar aseguró a Crisis Group que puede haber “municipios paraíso” donde no hay nada de violencia porque eso se ha convenido.

Pero a nivel de gubernaturas, pueden vender el territorio a facciones que están en competencia. Aunque en ocasiones solo se obtiene la mitad de lo prometido, apuntó un operador criminal, es mejor que hacerse de enemigos a los funcionarios. Pero otros pueden desencadenar olas de violencia ante el enojo de no ver recuperadas sus inversiones, por ejemplo, con asesinatos de policías.

El domingo próximo se llevarán a cabo los comicios más grandes en la historia del país en más de 162 mil casillas electorales a las que podrán acudir más de 90 millones de ciudadanos. Se elegirán 20 mil 417 cargos a lo largo y ancho de México, incluyendo 15 gubernaturas.

Por parte del gobierno federal se asegura que hay condiciones para votaciones en orden y tranquilidad. Aunque existen focos rojos, se descarta inestabilidad generalizada. La Guardia Nacional vigilará el desarrollo de las elecciones.

México

INE estima gasto operativo de casi 4 mil millones para 2027

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El Instituto Nacional Electoral (INE) proyectó un gasto operativo de 3 mil 948 millones 471 mil 536 pesos para el ejercicio fiscal de 2027, monto que será incorporado al Anteproyecto de Presupuesto del organismo de cara al próximo proceso electoral federal.

La estimación fue elaborada a partir de un análisis metodológico sustentado en el comportamiento histórico registrado entre 2023 y 2025, bajo los lineamientos aprobados por la Comisión Temporal del Presupuesto del instituto.

De acuerdo con la distribución prevista, las oficinas centrales concentrarán la mayor parte de los recursos, con una asignación de 2 mil 380 millones 841 mil 144 pesos. Por su parte, las juntas locales y distritales ejecutivas contarán con mil 567 millones 630 mil 392 pesos para sus operaciones.

El organismo electoral precisó que esta proyección tiene como objetivo garantizar los recursos necesarios para el funcionamiento ordinario del instituto durante el año en que se desarrollarán las elecciones federales.

El cálculo presupuestal excluye diversos conceptos que forman parte de otros rubros de gasto. Entre ellos se encuentran los servicios personales, la Cartera Institucional de Proyectos, las prerrogativas destinadas a los partidos políticos nacionales y el denominado presupuesto precautorio.

Con esta previsión financiera, el INE busca establecer una base presupuestaria para la organización y operación del proceso electoral de 2027.

Por otra parte, la consejera presidenta del instituto, Guadalupe Taddei Zavala, señaló el pasado 25 de mayo que el organismo carece de facultades ministeriales y judiciales para investigar posibles vínculos entre candidatos y grupos del crimen organizado.

Ante la propuesta de crear una Comisión de Verificación de Integridad para las elecciones de 2027, la funcionaria planteó que la legislación defina con precisión las responsabilidades de cada institución involucrada. Asimismo, propuso que la verificación de antecedentes penales, financieros y de seguridad nacional sea realizada por instancias especializadas del Estado mexicano.

Según lo expuesto, el INE se limitaría a recibir los registros de los partidos políticos, remitir los expedientes a las dependencias competentes y notificar si existe algún impedimento legal para una candidatura.

Hasta el momento, la propuesta relacionada con la verificación de integridad de aspirantes continúa en discusión.

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