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México

Narcos buscan renovar pactos con gobiernos a través de elecciones 2021

Un informe de la organización International Crisis Group (ICG) da cuenta sobre operaciones de la narcopolítica en México, donde grupos criminales pueden apostar por candidaturas para verse beneficiados.

Los comicios del próximo 6 de junio pueden ser vistos como una “gran fiesta democrática” por las autoridades electorales, pero también significan puerta de acceso al poder para cárteles que invirtieron en una alcaldía, el eslabón más débil de los órdenes de gobierno y de fácil captura.

“Las elecciones mexicanas son más que una competencia entre candidatos por el respaldo popular. También son un foro para que los grupos criminales obtengan, prolonguen y consoliden su acceso al poder estatal”, señala el ICG en su informe sobre América Latina No. 89, publicado este 2 de junio.

A través del análisis sobre la región de Tierra Caliente en Michoacán, este reporte describe cómo operan criminales, políticos y fuerzas de seguridad durante el proceso electoral.

Si bien, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha reiterado que ya no hay pactos en su administración, el reporte consigna que esos acuerdos continúan, pero conllevan grados de complejidad en zonas como Michoacán, donde no se actualizan dominios extendidos de una asociación hegemónica.

En un comunicado de semanas pasadas el CJNG aseguró no intervenir en elecciones en la costa de Michoacán (Foto: Captura de Twitter / @CjngCosta)En un comunicado de semanas pasadas el CJNG aseguró no intervenir en elecciones en la costa de Michoacán (Foto: Captura de Twitter / @CjngCosta)

“Las facciones criminales se disputan fragmentos del Estado mexicano, por lo que los involucrados se han visto envueltos en una red de relaciones en la que las rupturas violentas son frecuentes”, advierte el informe.

Y es que en la entidad michoacana hay conflictos permanentes, porque células locales resisten a perder su poderío, el cual se ha arraigado con el paso de los años por las mismas complicidades que forjaron.

Por otra parte, en esa búsqueda de llevar la delantera a rivales, atacan a fuerzas de seguridad que identifican con sus enemigos, pues consideran que sus rivales y la fracción de autoridad tienen acuerdos para afectarles.

“Es la misma mamada que antes, pero más pendeja, más desorganizada”, señaló al ICG un intermediario que logró acuerdos con la Guardia Nacional a favor del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Supuestamente, el robo de hidrocarburos negociado en el centro y norte de México, está protegido por esos convenios a nivel federal. Además, jefes militares regionales siguen operando con altos niveles de autonomía, de ahí su margen para establecer conexiones con criminales.

Las del próximo 6 de junio serán las elecciones más grandes en la historia de México (EFE/Miguel Sierra)Las del próximo 6 de junio serán las elecciones más grandes en la historia de México (EFE/Miguel Sierra)

La organización critica que las políticas de seguridad del gobierno de López Obrador son de apariencia pasiva, en tanto que existe falta de interés para por cortar vínculos entre crimen y funcionarios.

Al respecto del entendimiento en Tierra Caliente, otro operador de grupos que disputan el territorio indicó que lleva buena relación con el comandante local de la Guardia Nacional, y pese a recibir apoyo, agregó que sus rivales habían llegado al mismo pacto con agentes de jerarquía y funcionarios de alto nivel en otras regiones.

Contar con respaldo del gobierno, indica el ICG, da pauta para “crecer”, sabotear los convenios de sus enemigos y garantías de impunidad. Así como tener de servicio a la policía, acceder a información de inteligencia, u obtener parte del presupuesto a forma de salarios, pero sin trabajar. Esto es lo que puede negociarse en cada etapa de elecciones.

“Los grupos criminales en Tierra Caliente tienen tanta influencia que los candidatos con frecuencia se acercan a ellos en busca de apoyo”, reporta el ICG.

De acuerdo con datos citados por la organización, el tope de gastos de campaña autorizado ronda los 333 mil pesos para contender por una alcaldía de Michoacán. Pero aquellos que desean comprar votos o regalar despensas invierten entre 10, 15 y hasta 20 millones de pesos.

Jefes militares en cada región tienen margen de autonomía para negociar pactos (Foto: Twitter/GHOSTDEVIIL)Jefes militares en cada región tienen margen de autonomía para negociar pactos (Foto: Twitter/GHOSTDEVIIL)

De ahí que el financiamiento ilícito sea una ventana de oportunidad. Además, los grupos criminales pueden recurrir a sus operadores para canalizar cierta cantidad de electores, a veces a costa de amenazas.

Aunado a esto, los aspirantes pueden tener nexos previos con facciones delictivas, lo cual facilita operaciones para seguir con el dominio en una región. Ya sea por lazos directos o indirectos, mediante quienes conforman su equipo.

Sin embargo, los convenios con aspirantes no siempre son respetados. Una fuente militar aseguró a Crisis Group que puede haber “municipios paraíso” donde no hay nada de violencia porque eso se ha convenido.

Pero a nivel de gubernaturas, pueden vender el territorio a facciones que están en competencia. Aunque en ocasiones solo se obtiene la mitad de lo prometido, apuntó un operador criminal, es mejor que hacerse de enemigos a los funcionarios. Pero otros pueden desencadenar olas de violencia ante el enojo de no ver recuperadas sus inversiones, por ejemplo, con asesinatos de policías.

El domingo próximo se llevarán a cabo los comicios más grandes en la historia del país en más de 162 mil casillas electorales a las que podrán acudir más de 90 millones de ciudadanos. Se elegirán 20 mil 417 cargos a lo largo y ancho de México, incluyendo 15 gubernaturas.

Por parte del gobierno federal se asegura que hay condiciones para votaciones en orden y tranquilidad. Aunque existen focos rojos, se descarta inestabilidad generalizada. La Guardia Nacional vigilará el desarrollo de las elecciones.

México

Exmagistrada Mónica Soto podría llegar al gobierno, dice Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum no descartó que la magistrada Mónica Soto pueda incorporarse posteriormente a la administración pública, luego de que anunciara su renuncia a la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), aunque aclaró que actualmente no existe un cargo contemplado para ella.

Cuestionada durante su conferencia matutina sobre los rumores de que Soto podría recibir una posición dentro del gobierno federal, Sheinbaum respondió que “podría ser”, pero precisó que por ahora no está previsto.

Podría ser, pero no lo tenemos contemplado en este momento.

La presidenta evitó pronunciarse sobre las razones de la renuncia de Soto y sostuvo que se trató de una decisión personal que está dentro de sus atribuciones, a pesar de que hubo señalamientos respecto a la falta de claridad de la dimisión.

“No, no voy a opinar, no me corresponde; ella tomó la decisión de retirarse del tribunal.

Sheinbaum calificó a Soto como una mujer “con experiencia” y “muy profesional en su trabajo”, además consideró que tuvo un buen desempeño tanto como magistrada como durante el periodo en que encabezó el Tribunal Electoral.

“Me parece a mí que ella hizo un muy buen papel al frente cuando le tocó ser presidenta y también como magistrada”, dijo.

Ante la pregunta sobre si la salida de Soto y otra vacante en el Tribunal Electoral podrían representar un problema de cara a las elecciones de 2027, Sheinbaum rechazó que exista una afectación en términos constitucionales.

“No, no tiene problema en términos de lo que establece la Constitución”, respondió.

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La presidenta explicó que, en caso de una elección presidencial, tendría que buscarse una solución para cubrir las vacantes, y puso como ejemplo el proceso electoral de 2024.

Así fue en el 24, se lo recuerdo. Una magistrada de un poder regional participó en la calificación de la elección presidencial.

Sheinbaum recordó que la reforma al Poder Judicial establece que las magistraturas deben ser electas por voto popular.

Explicó que algunos de los integrantes actuales del Tribunal Electoral ya fueron electos y que, para cubrir las posiciones que permanezcan vacantes, será necesario esperar al proceso electoral de 2028.

La reforma al Poder Judicial establece que ellos deben ser electos; como algunos de ellos ya lo fueron, entonces pues hay que esperar al 28 para elegir a los otros dos que faltan.

La mandataria aclaró que desconoce en ese momento cuántos magistrados podrían dejar el Tribunal Electoral antes de esa fecha, pero insistió en que las vacantes no representan, por sí mismas, un impedimento para el funcionamiento del órgano de cara a las elecciones intermedias de 2027.

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