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Opinión

Navidad: ¿abundancia o exceso? Por Itali Heide

La Navidad se acerca, y con ella, el estrés que representa prepararse para las festividades de la época. Aunque la situación actual de salud pública está cambiando cómo celebraremos Navidad, teniendo en cuenta todas las precauciones necesarias, indudablemente no habrá escasez de regalos. Como cada año, los carritos de compra se llenan alrededor del país, de forma más virtual que nunca.

La Navidad se ha convertido en sinónimo de la desmesura: en las celebraciones, cajas envueltas en papel de colores sobran y mesas llenas de comida se convierten en recalentado olvidado, frecuentemente dejando la conexión humana en segundo plano. No es totalmente nuestra culpa, la era del híper-capitalismo nos obliga a considerar la época navideña como un tiempo de consumo en lugar de celebración. Preguntémonos, ¿celebramos en abundancia, o en exceso?

Según Merca2.0, el consumidor mexicano destina alrededor de 5 mil 45 pesos en regalos cada año. (Imagen: Chantal DeGaust)

Ojo: los regalos son algo maravilloso. Es una manera de mostrar afecto, y un regalo considerado puede acercarnos y conectarnos con quien amemos. Sin embargo, un regalo valioso no tiene que ser superficial. Más a menudo de lo que deberíamos, recurrimos a la compra fácil que terminará acumulando polvo. Cegados por la constante e implacable publicidad navideña y la narrativa materialista, olvidamos que tenemos más opciones.

Ahora, más que nunca, nuestra manera de ‘navidear’ podría generar un impacto positivo. Al buscar regalos de pequeños negocios locales, artesanos nacionales y la tiendita de la esquina, apoyamos a quienes se han visto más afectados por las restricciones del COVID. Otra gran opción es un regalo casero: no tiene que ser complejo, incluso el regalo mas simple hecho a mano puede demostrar cariño de una forma increíblemente significativa. Activemos el chip de compra consciente con una pregunta: ¿quién se beneficia de esta compra? Quizás el poder conseguir lo que queremos, cuando lo queremos y cómo lo queremos, nos desasocia de la razón por la que consumimos y regalamos en primer lugar.

Un estudio demostró que más de la mitad de los mexicanos festejarán y consumirán con dinero prestado. (Imagen: Kira auf der Heide)

Independientemente del motivo por el que celebramos la Navidad, el espíritu navideño es colectivo. Este año, el mejor regalo que podemos darnos a nosotros mismos es un cambio hacia una forma más reflexiva, consciente y amorosa de dar regalos. Celebremos un giro del consumismo a la austeridad, de lo mundano a la virtud y recordando que cantidad no es calidad.

Opinión

Legalizar el espionaje: La nueva tentación de MORENA

Lic. Jacques A. Jacquez

La reforma a la Ley del Sistema de Inteligencia —es decir, la llamada “ley espía”—, junto con la reciente propuesta del gobierno federal para crear una curva biométrica, no pueden entenderse como hechos aislados. ¿Casualidad? Por supuesto que no. Se trata de una estrategia cuidadosamente diseñada como parte de una política pública orientada a recolectar datos sensibles de la población.

¿Y por qué podemos suponer que estos datos podrían utilizarse de forma indebida? Porque ya ha ocurrido. Porque ha sido una práctica constante de este gobierno emplear información personal para exhibir, ridiculizar o amedrentar a quienes disienten. Desde la conferencia mañanera, hemos visto al expresidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, mostrar estados de cuenta bancarios, declaraciones fiscales y otros datos sensibles de personas que él mismo ha etiquetado como adversarios o enemigos políticos.

Los casos de espionaje y uso indebido de información personal por parte de gobiernos emanados de Morena son cada vez más evidentes. En la Ciudad de México, la Fiscalía encabezada por Ernestina Godoy solicitó, sin orden judicial, registros telefónicos de políticos de oposición como Santiago Taboada y Lilly Téllez, en lo que diversos medios calificaron como espionaje ilegal. En Campeche, la gobernadora Layda Sansores difundió audios editados de figuras políticas en su programa oficial, sin esclarecer el origen de esas grabaciones. A nivel federal, el propio presidente López Obrador ha revelado públicamente datos fiscales y bancarios de adversarios políticos como Xóchitl Gálvez, violando su derecho a la privacidad. Además, investigaciones de organizaciones como Citizen Lab y Amnistía Internacional han documentado el uso del software Pegasus por parte del Ejército mexicano durante este sexenio para espiar a periodistas y defensores de derechos humanos. Todos estos hechos reflejan un patrón preocupante: el uso del aparato del Estado para vigilar, intimidar y exhibir a quienes piensan distinto.

Esas personas, que deberían estar protegidas por el Estado, hoy son objetivos institucionalizados. Se han convertido en blancos prioritarios en un intento por silenciar voces críticas e inhibir el disenso. Lo que antes era una práctica excepcional —el espionaje selectivo, el uso encubierto de información— hoy amenaza con convertirse en norma. Se pretende legalizar la posibilidad de que el Estado mexicano espíe a sus ciudadanos.

Y eso es lo verdaderamente grave: ya no se trata de prácticas oscuras que debían ocultarse, sino de disposiciones que se buscan justificar con argumentos de seguridad o eficiencia gubernamental, mientras se normaliza la violación a la privacidad. Se institucionaliza el espionaje como si fuera parte natural de la vida democrática.

Es cierto: ningún país está exento del uso de la inteligencia estatal. No ocurre solo en México; es una realidad global. Pero aquí estamos yendo más lejos: estamos permitiendo que se convierta en ley. Le estamos abriendo la puerta a la vigilancia permanente, a la intervención de nuestras comunicaciones, a la recopilación masiva de datos biométricos. Y todo esto, sin las garantías adecuadas, sin controles, sin transparencia.

Nos enfrentamos a un punto de quiebre. No es un tema técnico ni menor. Es una clara violación a los derechos humanos. Y lo más peligroso: lo estamos normalizando.

Frente a ello, es nuestra responsabilidad seguir alzando la voz. No es lo correcto. No es lo legal. Y, sobre todo, no es lo que un Estado democrático debe permitir.

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