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Política

Niega EU injerencia en política mexicana

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Estados Unidos rechazó interferir en el proceso electoral de México al referirse a demandas civiles interpuestas por fiscales federales para incautar propiedades del ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, por presuntos nexos con el narcotráfico.

En rueda de prensa, la portavoz del Departamento de Estado, Victoria Nuland, señaló que “como tal, es un asunto para las cortes y no algo que nosotros discutiríamos aquí, pero categóricamente rechazo cualquier interferencia en la política de México”.

Nuland fue cuestionada en su rueda de prensa diaria por la acción federal en contra de Yarrington, descrito como una de las “principales figuras” del Partido Revolucionario Institucional (PRI), instituto que encabeza la intención de voto a seis semanas de la elección presidencial.

La funcionaria añadió que Estados Unidos espera que se realicen en México elecciones libres, justas y transparentes, como en todos los casos de procesos electorales democráticos.

Las demandas civiles buscan incautar propiedades del ex gobernador Yarrington por presunto uso de prestanombres para adquirir inmuebles en la Isla del Padre y San Antonio.

 

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Chihuahua

Militantes del PAN analizan solicitar expulsión de Fernanda Martínez

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En grupos de Facebook y WhatsApp integrados por militantes del Partido Acción Nacional (PAN), especialmente entre miembros del Consejo Estatal, comenzó a circular la posibilidad de presentar una solicitud formal para la expulsión de Fernanda Martínez, directora del Instituto Chihuahuense de la Juventud, tras señalamientos por una presunta conducta considerada irrespetuosa hacia otros integrantes del partido.

De acuerdo con versiones difundidas en esos espacios internos, diversos panistas han planteado que la Comisión de Honor y Justicia del PAN intervenga para revisar el caso y, en su caso, determine las sanciones que correspondan conforme a la normatividad interna.

Entre los argumentos expuestos por los militantes se encuentra que el reglamento del partido contempla medidas disciplinarias para conductas que atenten contra el respeto, la disciplina y la convivencia entre sus integrantes, por lo que algunos consideran que el asunto podría derivar en un procedimiento de expulsión.

Asimismo, abogados con experiencia en materia electoral habrían señalado que la denuncia de un solo militante sería suficiente para activar un procedimiento disciplinario ante la Comisión de Honor y Justicia, siempre que existan elementos para iniciar el análisis del caso.

Además del proceso interno partidista, también se ha mencionado la posibilidad de promover una acción ante la Secretaría de la Función Pública, bajo el argumento de un presunto uso de recursos públicos u oficiales para favorecer políticamente a un aspirante o candidato. De comprobarse esa situación, podría iniciarse una revisión administrativa independiente del procedimiento interno del PAN.

Hasta el momento, la discusión permanece en redes sociales y grupos internos de militantes, sin que se haya confirmado de manera pública la presentación de una denuncia formal ante la Comisión de Honor y Justicia del partido.

Se espera conocer si alguno de los militantes inconformes presenta formalmente la queja o si la dirigencia estatal del PAN emite un posicionamiento sobre el tema.

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