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Niega Javier Corral que se obstaculiza el proceso de transición con equipo de Maru Campos

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En el programa “Ciro por La Mañana” de Radiofórmula, de su edición de este miércoles 7 de julio, la gobernadora electa de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, hizo otra vez comentarios sobre el proceso de entrega-recepción y sobre el gobernador Javier Corral Jurado, y de nueva cuenta esas afirmaciones faltan a la verdad, por lo que deben precisarse.

Dijo textualmente: “pues aunque él no quiera conmigo pero de veras que no quiere, no quiere, no quiere ¿eh? Entonces, estamos tratando de trabajar con sus funcionarios. Pero déjame decirte algo, es una obligación constitucional, en Chihuahua existe una ley de Entrega-Recepción. Tienen, no es de que quieran. Hay una exigencia por parte de la ley, hay una exigencia por parte de los chihuahuenses para que entreguen la información otra vez, para poder conocer el estatus del estado y de ahí poder generar la política pública”.

Señaló ella que es importante tener claridad sobre el estado de las finanzas de Chihuahua para un diagnóstico que le permita a la nueva administración ir tomando medidas. Que faltan dos meses para que tome protesta y que la entrega recepción es una demanda de los chihuahuenses “o se hace, o se hace”.

No hay tal. Es falso que el Gobierno del Estado obstaculice o ponga trabas en el proceso de transición, como se ha empeñado en afirmar la gobernadora electa y su equipo. Fue el propio Gobernador del Estado Javier Corral, el que al día siguiente de la elección inmediatamente convocó a iniciar “aunque sea informalmente mientras se agotan los recursos legales electorales el proceso de entrega-recepción”.

Se trata de una descalificación anticipada para tratar de trabar un proceso -que venía ocurriendo con buen ánimo y absoluta disposición-, para luego volver a victimizarse, lo que le dio excelentes resultados en la campaña electoral, pero esa etapa ya culminó.

Este conflicto, absolutamente artificial, coincide con la reactivación en los tribunales, el pasado lunes 5 de julio, del segundo proceso penal pendiente que tiene la Gobernadora electa Maru Campos, por actos de corrupción, y cuyo objetivo ha sido siempre tratar de ocultarlo a la opinión pública.

Desde el pasado 29 de julio ya se han llevado a cabo reuniones con la Secretaría General de Gobierno, la Secretaría de la Función Pública, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública. De hecho en la reunión con la Secretaría de la Función Pública participó la propia Gobernadora Electa Maru Campos. En dicha reunión, la secretaria de la Función Pública le dijo que la información de los responsables de la Entrega-Recepción por parte del Gobierno del Estado, la normatividad y otros materiales, se podían consultar sin ningún problema en ese portal web. Ahí el equipo de transición de la Gobernadora quedó en enviar un listado notificando los enlaces con cada una de las dependencias, pero hasta ahora no ha sucedido, porque todavía no están listos.

Una vez más, el Gobierno del Estado reitera que nada tiene que esconder y por el contrario el Gobernador instruyó para que todas las reuniones de la Comisión de Transición se videograben y se difundan; se levanten actas de cada una de las sesiones y se suba todo al portal de transparencia, y se invite a testigos sociales, hoy más que nunca necesarios, ante el intento de desvirtuar un proceso legal de la mayor relevancia no sólo para los nuevos funcionarios que llegan, sino para quienes concluyen sus encargos.

El mismo 5 de julio, la Secretaría de la Función Pública puso a disposición del público el portal web, que puede consultarse en la liga: https://entregarecepcion.chihuahua.gob.mx/, y que se irá actualizando conforme avance el proceso. Ahí también ya se colocaron dos audios, de la reunión con la Gobernadora electa y de una reunión del equipo de transición designado para la Secretaría General de Gobierno. Basta sólo con escucharlos completos para descubrir la falsedad y la mala intención de las recientes declaraciones.

Además de la mala voluntad de estos señalamientos, existe también un gran desconocimiento de la ley. El proceso de entrega-recepción lo conduce la Secretaría de la Función Pública, no el Gobernador del Estado; la ley contempla que debe realizarse cuando menos 30 días antes del cambio de administración, y éste se inició casi tres meses antes.

Finalmente, el proceso de entrega-recepción se sujetará estrictamente a lo señalado por la ley, y se hará la entrega de toda la información requerida. Pero este proceso no admitirá que se comprometa la postura o las opiniones tanto del Gobernador o de otros funcionarios relacionados en torno de los procesos penales pendientes que por actos de corrupción tiene la Gobernadora Electa.

Anexamos PDFs de los documentos generados hasta la fecha durante los encuentros con el equipo de transición.

Opinión

Inzunza: la decadencia del favorito. Por Caleb Ordóñez T.

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Hay políticos que caen peleando. Hay políticos que caen defendiendo una causa. Y hay políticos cuya caída comienza mucho antes de que ellos mismos se den cuenta; cuando todavía sonríen en las fotografías oficiales y firman acuerdos con la soltura de quien cree que el futuro le pertenece.

La historia reciente de Enrique Inzunza Cázares parece pertenecer a esta última categoría.

Porque más allá de las acusaciones que enfrenta, más allá de los expedientes estadounidenses y más allá del ruido mediático que rodea a Sinaloa, hay algo que llama poderosamente la atención: Inzunza no se comporta como alguien que busca convencer al país de su inocencia. Se comporta como alguien atrapado en una partida de ajedrez donde cada movimiento tiene un único objetivo: sobrevivir un turno más. Viviendo en un eterno jaque.

Durante años fue presentado como uno de los hombres más inteligentes del círculo cercano de Rubén Rocha Moya. Jurista, magistrado, presidente del Supremo Tribunal de Justicia,

secretario general de Gobierno y después senador de la República. Su ascenso fue tan rápido que muchos (casi todos) dentro de Morena en Sinaloa, lo veían como una especie de gobernador en espera.

No era un político de masas. No era un gran orador. No era un líder carismático.

Su poder provenía de otra parte: de la operación silenciosa, del control institucional, de la cercanía con el grupo gobernante y de una influencia que crecía discretamente, lejos de los

reflectores, precisamente donde ese tipo de poder se cultiva mejor.

Por eso resulta tan revelador observar lo que ocurre hoy.Cuando un político es acusado injustamente, normalmente intenta salir a dar la cara. Busca entrevistas. Explica. Debate. Confronta. Construye una narrativa que lo sostenga mientras el

temporal amaina.

Inzunza ha hecho exactamente lo contrario.

Los números lo dicen con una frialdad que ningún argumento político puede disfrazar.

Desde el 29 de abril de 2026, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública la acusación formal en su contra, Inzunza acumuló 21 días de ausencia en sesiones del Congreso. No pidió licencia. No renunció. Simplemente dejó de aparecer. Su única

reaparición fue una fotografía en redes sociales junto a su madre, con ubicación en Batequitas, Badiraguato. Un político que dice no tener nada que esconder, escondido. Y cuando finalmente habló, lo hizo desde X, con una frase que revela más de lo que oculta:

«Soy abogado de mí mismo y me basta mi probidad.» Es la declaración de alguien que no quiere testigos en su defensa.

Y en política las formas importan tanto como los hechos, porque la percepción pública rara vez se construye únicamente con documentos judiciales. También se construye observando

cómo reaccionan los protagonistas cuando el suelo comienza a moverse bajo sus pies.

Lo que proyecta Inzunza no es fortaleza. No transmite confianza. No parece un político concentrado en demostrar que las acusaciones son falsas.

Parece un político concentrado en administrar daños.

Esa imagen explica en buena medida por qué hoy se encuentra tan aislado. No porque Morena haya decidido abandonarlo de la noche a la mañana. No porque el Senado haya ejecutado una conspiración interna. Sino porque el propio Inzunza dejó de ser una apuesta

rentable.

La política es brutalmente pragmática. Los partidos respaldan a quienes generan votos, estabilidad o futuro. Cuando un liderazgo comienza a representar riesgo, incertidumbre o

desgaste, las distancias aparecen solas, sin reuniones, sin comunicados, sin rupturas formales. Simplemente aparecen.

Hace apenas unos meses su nombre figuraba entre los aspirantes más serios para suceder a Rocha en la gubernatura de Sinaloa. Hoy prácticamente nadie dentro del oficialismo habla de esa posibilidad. No porque exista una sentencia. No porque haya sido declarado culpable. Sino porque la candidatura dejó de ser viable.

Y en política la inviabilidad suele ser una condena mucho más rápida que cualquier resolución judicial.

Lo verdaderamente inquietante es que el caso de Inzunza trasciende a una sola persona.

Se convierte en un espejo incómodo para todo el sistema político mexicano.

Lo que hace singular el caso de Inzunza no es la acusación en sí. Es la arquitectura que describe. Según el expediente estadounidense, Inzunza habría acompañado al gobernador

Rocha Moya a una reunión con Los Chapitos tras las elecciones de junio de 2021, cuando

todavía era secretario general del gobierno estatal y en ese encuentro habrían acordado que el cártel tendría control sobre la Policía Estatal de Sinaloa. Si eso es cierto, no estamos

hablando de un funcionario que recibió un sobre. Estamos hablando de una negociación institucional: el Estado cediendo su monopolio de la fuerza a cambio de estabilidad política.

Eso es algo cualitativamente distinto, y más perturbador, que la corrupción individual de siempre. No es un hombre que se corrompió. Es una institución que se ofreció.

Por eso el caso Inzunza genera tanta atención. No solo por sus detalles particulares, sino porque representa el choque entre dos narrativas que México lleva años intentando reconciliar sin éxito: la del político exitoso que parecía destinado a gobernar uno de los

estados más importantes del país, y la del funcionario que termina convertido en símbolo de una crisis de confianza cada vez más profunda.

Su tragedia política no consiste únicamente en las acusaciones.

Consiste en haber perdido aquello que realmente construye el poder: la credibilidad.

Cuando la gente deja de creer en tu futuro, el poder comienza a evaporarse. Cuando tus aliados dejan de apostar por ti, el aislamiento se vuelve inevitable. Cuando tu nombre genera más preguntas que certezas, las puertas empiezan a cerrarse, no con portazos, sino con la silenciosa delicadeza con que se cierra una puerta frente a alguien a quien ya no se espera.

Por eso Enrique Inzunza muy probablemente ya no será gobernador de Sinaloa. No porque un

juez lo haya decretado. No porque un partido lo haya expulsado. Sino porque la política mexicana ya comenzó a actuar como si ese futuro hubiera desaparecido.

Y pocas cosas son más devastadoras para un político que seguir ocupando un cargo mientras todos a su alrededor se comportan como si su historia ya hubiera terminado.

Esa es la verdadera decadencia.

No perder el poder. Sino ver cómo el poder te abandona: despacio, en silencio, sin siquiera molestarse en despedirse.

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