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Niegan abogados de Genaro García Luna nexos entre el Cártel de Sinaloa y el ex jefe policíaco

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Durante una abreviada audiencia preparatoria, el ex secretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna —vestido con un mono caqui de los presos y una mascarilla en la boca—, ocupó por primera vez el banquillo de los acusados en la Corte Federal de Brooklyn, Nueva York.

El proceso, precidido por el juez Brian Cogan, dio comienzo a las 09:00 horas (GMT-5), en el se estableció, entre otras cosas, postergar la petición de los fiscales de EEUU de un jurado anónimo.

Aunque la acusación de Estados Unidos le describe como cómplice del Cártel de Sinaloa — para lo cual se han recopilado cientos de miles de documentos y grabaciones— , la defensa del ex jefe policíaco, César De Castro ha asegurado que en las miles de prueba que les ha entregado la fiscalía de EEUU, no aparece el nombre de su cliente o alguna conexión con el narcotráfico. Por ello, De Castro solicitó la asistencia del gobierno para clarificar las evidencias.

Fotografía de archivo fechada el 2 de junio de 2011 del exsecretario de Seguridad Pública (SSP) de México, Genaro García Luna (Foto: EFE/ Mario Guzmán)
Fotografía de archivo fechada el 2 de junio de 2011 del exsecretario de Seguridad Pública (SSP) de México, Genaro García Luna (Foto: EFE/ Mario Guzmán)

Se planea que el próximo 3 de mayo, ambas partes se sienten para analizar la información será clasificada como confidencial y a cuál de ella tendrá acceso la defensa de García Luna.

En la audiencia, el zar de la guerra contra el narcotráfico, se limitó a a intercambiar comentarios en voz baja con su abogado.

El pasado 27 de octubre, en una reunión virtual con el juez Brian Cogan y los fiscales encargados de su caso, se fijó una posible fecha para el juicio contra García Luna.

Cogan recomendó como fecha el 24 de octubre de 2022, que podría posponerse hasta enero de 2023 si se necesita mayor preparación.

El secretario de Seguridad Pública está preso en Estados Unidos desde diciembre de 2019. Las autoridades lo detuvieron en Dallas, Texas, y se le acusa de tres cargos de narcotráfico.

Según Estados Unidos, el ex funcionario ayudó al Cártel de Sinaloa en sus operaciones desde el 2001, antes incluso de ser nombrado secretario de Seguridad. A cambió recibió sobornos millonarios.

El caso se encuentra en la Corte de Brooklyn, Nueva York, donde se escuchó por primera vez el nombre de García Luna, durante el juicio del siglo.

En 2018, en el proceso contra Joaquín el Chapo Guzmán, el narcotraficante, Jesús el Rey Zambada aseguró que hizo pagos millonarios a Genaro García Luna.

Zambada, el primer cooperante de la fiscalía en la causa contra Guzmán, explicó ante un jurado en Brooklyn, Nueva York (EEUU) que realizó en concreto dos pagos para garantizar la protección de su hermano mayor, Ismael el Mayo Zambada, fundador y jefe del Cártel de Sinaloa, y evitar así que fuera detenido.

El primer soborno —que se produjo en un restaurante en 2005— ascendía a USD 3 millones. García Luna estaba al mando de la agencia federal de investigaciones. A este siguió otro de entre USD 3 ó 5 millones en 2007 cuando García ya era secretario de Seguridad Pública.

—¿Se reunió con García Luna en un restaurante?, le preguntó entonces el abogado William Purpura.

“Sí”, respondió el Rey Zambada. De acuerdo con el testimonio, el efectivo iba en un maletín y el primero tenía como propósito conseguir que se nombrara como jefe de la policía en Culiacán, Sinaloa, a una persona de confianza del cártel para así “tenerlo en el bolsillo”. El Rey aseveró que se trataba de dinero del Mayo.

Además, indicó que García Luna tenía “un compromiso en firme” con el clan formado por los hermanos Beltrán Leyva. Para garantizar la protección de la organización, añadió, entre 2006 y 2007 juntaron con sus sociosUSD 50 millones que desembolsaron a través de los sicarios Édgar Valdez Villareal, la Barbie, y José Gerardo Álvarez Vázquez, el Indio.

México

INE estima gasto operativo de casi 4 mil millones para 2027

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El Instituto Nacional Electoral (INE) proyectó un gasto operativo de 3 mil 948 millones 471 mil 536 pesos para el ejercicio fiscal de 2027, monto que será incorporado al Anteproyecto de Presupuesto del organismo de cara al próximo proceso electoral federal.

La estimación fue elaborada a partir de un análisis metodológico sustentado en el comportamiento histórico registrado entre 2023 y 2025, bajo los lineamientos aprobados por la Comisión Temporal del Presupuesto del instituto.

De acuerdo con la distribución prevista, las oficinas centrales concentrarán la mayor parte de los recursos, con una asignación de 2 mil 380 millones 841 mil 144 pesos. Por su parte, las juntas locales y distritales ejecutivas contarán con mil 567 millones 630 mil 392 pesos para sus operaciones.

El organismo electoral precisó que esta proyección tiene como objetivo garantizar los recursos necesarios para el funcionamiento ordinario del instituto durante el año en que se desarrollarán las elecciones federales.

El cálculo presupuestal excluye diversos conceptos que forman parte de otros rubros de gasto. Entre ellos se encuentran los servicios personales, la Cartera Institucional de Proyectos, las prerrogativas destinadas a los partidos políticos nacionales y el denominado presupuesto precautorio.

Con esta previsión financiera, el INE busca establecer una base presupuestaria para la organización y operación del proceso electoral de 2027.

Por otra parte, la consejera presidenta del instituto, Guadalupe Taddei Zavala, señaló el pasado 25 de mayo que el organismo carece de facultades ministeriales y judiciales para investigar posibles vínculos entre candidatos y grupos del crimen organizado.

Ante la propuesta de crear una Comisión de Verificación de Integridad para las elecciones de 2027, la funcionaria planteó que la legislación defina con precisión las responsabilidades de cada institución involucrada. Asimismo, propuso que la verificación de antecedentes penales, financieros y de seguridad nacional sea realizada por instancias especializadas del Estado mexicano.

Según lo expuesto, el INE se limitaría a recibir los registros de los partidos políticos, remitir los expedientes a las dependencias competentes y notificar si existe algún impedimento legal para una candidatura.

Hasta el momento, la propuesta relacionada con la verificación de integridad de aspirantes continúa en discusión.

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