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México

Niegan que detenido sea el hijo de El Chapo

Heriberto Rangel Méndez, abogado de Jesús Alfredo Guzmán Salazar, presentado este jueves por las autoridades como el hijo de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, aseguró que su cliente no es Guzmán, sino que en realidad se llama Félix Beltrán León y que no guarda ningún parentesco con el líder del Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con información de Reforma publicada este viernes, el abogado indicó que presentará ante la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo),  la credencial de elector de Beltrán León, en la que aparece su huella dactilar, así como su licencia de conducir, para demostrar que no es Guzmán Salazar.

El defensor del presunto hijo de ‘El Chapo’ señaló que uno de los principales requisitos que establece el tratado de extradición de México con Estados Unidos es que el Gobierno del vecino país envíe la media filiación del sospechoso que requiere y se debe tener plena certeza de que el detenido sea la persona que buscan.

Rangel Méndez detalló que su cliente, se dedica a la compraventa de vehículos y lleva varios años viviendo en Jalisco junto con su esposa y una hija de 5 años de edad.

Niega Diario en Sinaloa que el capturado sea el hijo de El Chapo

El diario ‘Ríodoce’, editado en Sinaloa,  informó la tarde del jueves que  ninguno de los detenidos y presentados por la Secretaría de Marina ayer es Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijo de “El Chapo” Guzmán, líder del Cártel de Sinaloa,  según fuentes consultadas por Ríodoce.

“Fuentes de Ríodoce establecen que uno de los detenidos, de 19 años, es efectivamente Kevin Daniel Beltrán Ríos, pero que el otro detenido responde al nombre de Félix Beltrán León”, se informó en su portal de internet.

El diario local añade que el abogado Juan Heriberto Rangel Méndez promueve ante el Juez de Distrito de Amparo, en el Distrito Federal, la protección de la justicia federal y que los jóvenes detenidos sean liberados. El abogado tiene su despacio en calle López #1, despacho 206, colonia Centro, en la Ciudad de México.

“La fotografía que el Departamento del Tesoro publicó el 7 de junio pasado donde boletina a través de la Ley Kingpin a la esposa e hijo del Chapo Guzmán, Alfredo luce más joven y delgado. De acuerdo al boletín, Alfredo Guzmán habría nacido el 17 de mayo de 1986 y tendría ahora 26 años cumplidos”.

En esa imagen es muy parecido a otra fotografía en la que Alfredo Guzmán (der) aparece con su hermano Archivaldo (izq) y que fue tomada hace aproximadamente siete años.

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México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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