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México

No dejan estudiar a 2 millones de niños; los usan para trata sexual y mendicidad

Este año se conmemora un siglo desde que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) comenzó con sus esfuerzos para, en aquel momento, reducir, y en nuestros días, para erradicar el trabajo infantil. Se trata de una de las problemáticas del capitalismo contemporáneo de más larga data y que revela el carácter injusto y desigual del modelo de desarrollo.

Para estimar la magnitud de esta problemática, el Inegi había levantado, desde 2002, el Módulo de Trabajo Infantil, como parte de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). De manera lamentable, debido a los recortes presupuestales que se propusieron por la Presidencia de la República, y que fueron aprobados por el Congreso de la Unión, este año no se contará con la actualización bienal que se tenía de manera regular desde 2009, con lo que simplemente no podrá saberse cuántas niñas y niños trabajan, y en qué condiciones lo hacen.

Pese a ello, y aunque ya se conocen en varios espacios, es pertinente mostrar algunos de los datos más relevantes que pueden conocerse a través de la información de que se dispone, y hacer un llamado a que se reconsidere este tipo de recortes presupuestales y se priorice la generación de datos relativos a la infancia mexicana, en cumplimiento del principio superior de la niñez.

Excluidos de la escuela

Un dato que sobresale es el relativo a la no asistencia a la escuela de niñas, niños y adolescentes. En efecto, es uno de los indicadores con mayor estancamiento: en 2011 la cifra fue de 2.57 millones entre los 5 y los 7 años de edad que no asistían a la escuela. Para 2013, el número descendió a 2.11 millones; para 2015 la reducción fue marginal, ubicándose en 2.08 millones; mientras que en 2017 se tuvo un nuevo incremento llegando una vez más a 2.12 millones de niñas, niños y adolescentes privados de su derecho a la educación.

Simultáneamente es importante destacar que en 2017 el Inegi estimó que había 29.34 millones de niñas, niños y adolescentes entre 5 y 17 años de edad; y que de ellos, 12.65 millones recibieron alguna ayuda del gobierno, siendo 7.15 millones quienes obtuvieron alguna beca para estudiar; 4.81 millones percibieron otro programa de gobierno; 576 mil recibieron ayuda de algún familiar que vive en otro hogar y 104 mil contaron con otro tipo de ayuda; en contraste, hubo 16.68 millones que no tuvieron ningún tipo de ayuda, de los cuales 8.56 millones eran hombres y 8.12 millones, mujeres. Esto significa que el 56.6% de quienes se encontraban en edad escolar obligatoria en 2017 no recibió ninguna ayuda o beneficio de programas públicos o privados.

La tragedia del trabajo infantil

Según la Organización Internacional del Trabajo, a nivel mundial 7 de cada 10 niñas y niños que trabajan lo hacen en el sector agrícola; en México ése es uno de los mayores rezagos, pues no se ha logrado, a pesar de algunos avances, reducir significativamente el número de niñas y niños jornaleros agrícolas; a ellos deben sumarse quienes son víctimas de las peores formas de explotación infantil, como la mendicidad forzada o la trata de personas con fines de explotación sexual comercial.

En efecto, de acuerdo con los datos del Inegi, entre el 2011 y el 2017 la cifra de quienes tienen de 5 a 17 años de edad, y que trabajan, se redujo de 3.035 millones a 2.32 millones; es decir, 715 mil en un lapso de 6 años, o bien, un promedio aproximado de 119,166 por año. Esto significa que, al ritmo que vamos, tardaríamos 20 años más en la erradicación de este pernicioso fenómeno.

Excelsior

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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