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Política

No es una pensión, son nuestros ahorros en las afores: por qué protestan los jubilados del IMSS

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Esta semana, personas jubiladas y pensionadas pertenecientes al Instituto Mexicano del Seguro del Seguro Social (IMSS), salieron a las calles a protestar para que el gobierno del país les entregue una de las prestaciones que les debe a más de 90.000 adscritos: los ahorros hechos bajo el término de cesantía por edad avanzada o vejez.

Dicen que más que pensionados son jubilados, refiriéndose a que no exigen una pensión más grande o un segundo pago de esta, sino simplemente que les regresen los ahorros que en un programa del IMSS acumularon durante años.

Para entender esta exigencia hay que remontarnos al año 1997, cuando entró en vigor la Ley del Seguro Social, que estipulaba que la determinación de una pensión, por así decirle, por cesantía en edad avanzada o vejez se calcularía en función del ahorro que cada trabajador tuviera en la cuenta individual de su afore.

(FOTO: RODOLFO ANGULO/CUARTOSCURO.COM)(FOTO: RODOLFO ANGULO/CUARTOSCURO.COM)

De hecho fue en julio de ese año que se crearon las Administradoras de Fondos para el Retiro, para funcionar como entes financieros a cargo de administrar e invertir el ahorro para el retiro de los trabajadores afiliados al IMSS. Entonces, a través del sistema de Renta Vitalicia o Retiro Programado, ese pago sería cubierto por cada afore.

Antes de esa ley era el mismo IMSS el que administraba las pensiones mediante una cuenta colectiva que, a través de la recaudación que se hacía sobre el salario de los trabajadores activos, financiaban las pensiones de los inactivos.

También hay que subrayar que, mientras que las pensiones son los pagos periódicos o renta vitalicia recibida por las personas al cumplir con los requisitos establecidos en la Ley del Seguro Social –es decir el pago por ley al que tienen derecho los trabajadores al retirarse– los pagos por cesantía por edad avanzada y vejez, desde 1997, es un ahorro del mismo salario de los trabajadores.

(FOTO: RODOLFO ANGULO/CUARTOSCURO.COM)(FOTO: RODOLFO ANGULO/CUARTOSCURO.COM)

Ahora bien, desde 1997 hasta 2008 el tema funcionaba como se establecía. Sin embargo, en ese año, se publicó una jurisprudencia en el Diario Oficial de la Federación (DOF), por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que estableció que los jubilados del IMSS no tenían derecho a la devolución del dinero juntado por cesantía en edad avanzada y vejez, señalando que ese importe ya les era devuelto en sus pensiones de ley.

Y desde 2015 es que ese mandato ha afectado a los cerca de 100.000 trabajadores que, desde entonces hasta ahora, reclaman que esa decisión favorecía a las afores sobre ellos y que su dinero fue retirado de dichos fondos para pasar a formar parte de las arcas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Mientras se manifestaba en la capital mexicana, Sebastián Trujillo, representante del Frente nacional de jubilados y pensionados del IMSS, contó a la agencia EFE que entre noviembre de 1997 y noviembre del año 2015, trabajadores recibieron los ahorros de cesantía y vejez, sin embargo, a partir de esa fecha esos fondos se dejaron de entregar por una decisión del exsecretario de Hacienda Luis Videgaray, quien suspendió la entrega de estos apoyos.

Trujillo también indicó que aunque el dinero estaba en cuentas individuales a nombre de los trabajadores, cuyos montos en algunos casos ascendían a 300.000 pesos (unos 14.980 dólares), Hacienda decidió integrar los recursos como parte del presupuesto federal, “lo cual no es justo”, insistió. Refirió, además, que en el país se han integrado al menos 34 comités que demandan la devolución de sus ahorros.

Por su parte, el gobierno federal, desde la Secretaría de Gobernación (Segob) ha ofrecido oportunidades de diálogo para tratar este tema. Aunque también han dejado claro que no hay mucho que hacer, partiendo de que les resulta inviable devolver a los trabajadores la suma que, en pocas palabras, ellos mismos se la pasaron ahorrando durante 20 años para el momento de su jubilación, para tener algo más aunado a su pensión, cabe destacar, ahorrado por ellos mismos.

El martes, los extrabajadores se manifestaron frente a Palacio Nacional, que funciona como la casa del presidente y la sede de sus habituales conferencia matutinas… pero no tuvieron respuesta alguna. Entonces, procedieron unos 200 inconformes, a manifestarse cerrando la emblemática avenida Reforma.

”Nos hemos manifestado en las giras presidenciales entregando un número considerable de escritos al presidente Andrés Manuel López Obrador, pero seguimos sin ser escuchados”, indicó Trujillo. Además, insistió en que no piden una doble pensión, sino que reclaman “la entrega de nuestros ahorros, y lo que nos corresponde por ley”. Y por eso, advirtió, seguirán las movilizaciones a nivel nacional hasta que obtengan una respuesta favorable de parte del gobierno.

Acontecer

Impulsa diputada Argüelles padrón público de comedores contra el hambre

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1 de cada 10 chihuahuenses viven en carencia alimentaria

Chihuahua. – Con el objetivo de reforzar las estrategias transparentes en el combate contra el hambre, la diputada de Morena, Jael Argüelles Díaz, presentó una proposición con carácter de Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, como titular de la Junta de Gobierno del DIF Estatal, así como a la Dirección General del organismo, a crear un padrón público, actualizado y consultable de los comedores infantiles en Chihuahua.

Durante su exposición, la legisladora subrayó que el combate al hambre es una responsabilidad compartida y un compromiso alineado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU, que establece como prioridad erradicar el hambre y garantizar la seguridad alimentaria.

Señaló que, de acuerdo con datos del INEGI, actualmente más de 370 mil personas en Chihuahua viven en carencia alimentaria, es decir, 1 de cada 10 chihuahuenses, problemática que se agrava en la región serrana, donde el 60 por ciento de niñas y niños presenta algún grado de desnutrición.

La legisladora, reconoció también los avances logrados por el Gobierno de México en materia de combate a la pobreza, impulsados por la presidenta Claudia Sheinbaum, que han permitido que millones de personas mejoren sus condiciones de vida; sin embargo, advirtió que la seguridad alimentaria sigue siendo uno de los principales retos sociales.

Argüelles Díaz recordó que el artículo 4° de la Constitución garantiza el derecho de todas las personas a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, derecho que en Chihuahua también está respaldado por la Ley de Desarrollo Social y Humano y la Ley de Asistencia Social, donde se establece como población prioritaria a niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas indígenas y personas adultas mayores en situación de pobreza alimentaria.

Destacó que los comedores infantiles son una de las principales políticas públicas para combatir la desnutrición en la infancia, por lo que contar con un padrón público permitirá a la ciudadanía conocer su ubicación, funcionamiento, cobertura y servicios, además de fortalecer la supervisión, la coordinación institucional y la rendición de cuentas.

“La transparencia también es una herramienta para salvar vidas. Hacer visible dónde están los comedores infantiles es garantizar que más niñas y niños accedan a su derecho a la alimentación”, concluyó la congresista.

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