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Chihuahua

»No hay dinero ni para la nómina» Corral gastó 1,800 MDP de más.

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Los diputados electos Carlos Olson San Vicente y Luis Aguilar dieron a conocer que según datos obtenidos del proceso de entrega recepción de la administración estatal, el actual gobierno del estado solicitó un adelanto de las participaciones federales por un monto de 3 mil 700 millones de pesos, sin embargo de esa cantidad 1 mil 800 millones de pesos deberían ser recibidos por el gobierno entrante que encabezará María Eugenia Campos.

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Es decir, ese dinero debería ser ejercido por la próxima administración, lo que no será posible, ya que se ejercieron por la actual administración que encabeza Javier Corral Jurado.

Presenta renuncia al gobierno estatal Carlos Olson San Vicente

En rueda de prensa detallaron que según cifras oficiales, la deuda al 2020 se encontraba en el siguiente estatus: 48 mil 122 millones de pesos, a largo plazo; 16 mil 292 millones de pesos con proveedores y participaciones y 4 mil 051 millones de pesos por deuda bancaria a corto plazo.

Los panistas señalaron que es necesario informar sobre la realidad de las finanzas estatales, pues tan sólo en lo que corresponde a la deuda, en 2016 se encontraba en 53 mil 518 millones de pesos, mientras que en este 2021 la deuda asciende a 64 mil 514 millones de pesos.

En su participación, Luis Aguilar detalló que el actual gobierno del estado adquirió créditos a corto plazo para poder responder a la deuda a largo plazo, sin embargo calificó la acción como una solución engañosa, pues el crédito a largo plazo tiene intereses menores.

“Tenemos un boquete financiero de 64 mil 514 millones de pesos, en el estado de Chihuahua, el cual debe tenerse muy claro para poder encontrar las soluciones, porque la situación no es fácil; se tienen grandes adeudos con los proveedores, mucho de ellos chihuahuenses, y hay que ver de dónde se les va a pagar”, explicó el legislador.

Por su parte, el diputado electo Carlos Olson San Vicente mencionó que el gobierno de Javier Corral pidió un adelanto de las participaciones federales por 3 mil 700 millones de pesos para poder cumplir con algunas obligaciones respecto a la deuda, de los cuales 1 mil 800 millones de pesos no le correspondían a la administración saliente, sino que es una cantidad que la nueva administración encabezada por María Eugenia Campos no va a recibir aun y cuando le correspondía.

Agregó que la presente administración al comprometer varios de sus recursos, tuvo que hacer largo el pago a los proveedores para poder responder a los créditos bancarios, de tal manera que hoy en día se le deben a los proveedores del estado 10 mil 820 millones de pesos.

Asimismo recordó que al inicio de la administración de Javier Corral se han venido solicitando presupuestos deficitarios cada año, lo que generó un fuerte desequilibrio entre los ingresos y los egresos, lo que resultó en una indisciplina financiera que llevó al estado a mantener un descontrol en el gasto que resultaron en esta crisis financiera por la que atraviesa el estado de Chihuahua.

Chihuahua

Militantes del PAN analizan solicitar expulsión de Fernanda Martínez

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En grupos de Facebook y WhatsApp integrados por militantes del Partido Acción Nacional (PAN), especialmente entre miembros del Consejo Estatal, comenzó a circular la posibilidad de presentar una solicitud formal para la expulsión de Fernanda Martínez, directora del Instituto Chihuahuense de la Juventud, tras señalamientos por una presunta conducta considerada irrespetuosa hacia otros integrantes del partido.

De acuerdo con versiones difundidas en esos espacios internos, diversos panistas han planteado que la Comisión de Honor y Justicia del PAN intervenga para revisar el caso y, en su caso, determine las sanciones que correspondan conforme a la normatividad interna.

Entre los argumentos expuestos por los militantes se encuentra que el reglamento del partido contempla medidas disciplinarias para conductas que atenten contra el respeto, la disciplina y la convivencia entre sus integrantes, por lo que algunos consideran que el asunto podría derivar en un procedimiento de expulsión.

Asimismo, abogados con experiencia en materia electoral habrían señalado que la denuncia de un solo militante sería suficiente para activar un procedimiento disciplinario ante la Comisión de Honor y Justicia, siempre que existan elementos para iniciar el análisis del caso.

Además del proceso interno partidista, también se ha mencionado la posibilidad de promover una acción ante la Secretaría de la Función Pública, bajo el argumento de un presunto uso de recursos públicos u oficiales para favorecer políticamente a un aspirante o candidato. De comprobarse esa situación, podría iniciarse una revisión administrativa independiente del procedimiento interno del PAN.

Hasta el momento, la discusión permanece en redes sociales y grupos internos de militantes, sin que se haya confirmado de manera pública la presentación de una denuncia formal ante la Comisión de Honor y Justicia del partido.

Se espera conocer si alguno de los militantes inconformes presenta formalmente la queja o si la dirigencia estatal del PAN emite un posicionamiento sobre el tema.

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