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México

“No hay margen”: reitera Segob a INE sobre ampliación de Presupuesto para Revocación de Mandato

Adán Augusto López, secretario de Gobernación (Segob), reiteró que no hay margen en el Presupuesto Público Federal para otorgar más recursos al Instituto Nacional Electoral (INE) para la realización de la Revocación de Mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En la conferencia matutina llevada a cabo en Palacio Nacional, el titular de Segob apuntó que no se pueden reducir los programas sociales que van destinados al pueblo de México.

Ayer lo informaron las autoridades hacendarias: no hay margen en el Presupuesto Público, está muy acotado, hay desde luego ya presupuestalmente ya se toaron todas las previsiones para cumplir con los programas sociales”, declaró.

“Ni modo que vayamos a reducir retener la entrega a los adultos mayores. Recuerden que ya se había una etapa e donde incluso ya se aumentó la edad para tener acceso al programa de adultos mayores. Ahí el gobierno federal aportará una parte y los Gobierno estatales otras”, declaró.

Ni modo que vayamos a reducir el presupuesto de salud. No hay antecedente de que a un órgano autónomo se le haya otorgado un aumento”, puntualizó.

Luego de las críticas vertidas por el INE en cuanto al plan de austeridad propuesto por el Gobierno, López Hernández aseveró que esto es un ejercicio a profundidad y que respeto las declaraciones de los consejeros del Instituto electoral.

Se revisaron todos los rubros del Presupuesto de Egresos 2022 y elevamos esa propuesta, ese análisis par que ellos pudieran revisarlo y en todo caso aplicar las medidas de austeridad o los ajustes presupuestales que son los que permitirían, casi 3 mil mdp conformarían esa bolsa, dinero suficiente para llevar a cabo la Revocación de Mandato que es una obligación constitucional que reconoció el Tribunal Electoral, no está a discusión de que pueda llevarse a cabo”, aclaró.

El Gobierno mexicano presentó este jueves un plan de austeridad con el que afirma que el INE contaría con dos mil 972 millones de pesos para realizar la polémica consulta de revocación de mandato.

La propuesta del Gobierno se presenta un día después de que el INE anunció que solicitará a la Secretaría de Hacienda una ampliación presupuestal por mil 738 millones de pesos para realizar la consulta de revocación de mandato que pide el presidente López Obrador.

El INE ha argumentado que no puede realizar la consulta porque el Congreso, de mayoría oficialista, le recortó 4 mil 913 millones de pesos para 2022.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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