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No hay olvido. Por Raúl Saucedo

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Decreto historico

En el inicio de la nueva administración el viento fue favorable para la historia, pareciera como si los susurros de miles se desplegarán nuevamente con consignas viejas (algunas de ellas vigentes aun). Las voces calladas, los estudiantes que un día alzaron la mano y fueron devorados por el silencio impuesto por el sistema, rondaban una vez más en el aire de la Ciudad de México. Fue este miércoles 2 de octubre y primer día del gobierno de Claudia Sheinbaum como presidenta de México, que en su primera conferencia de prensa, el pasado alcanzo a el presente, y en las palabras de la mandataria, las heridas de una nación se reconocieron a sí misma.

Claudia Sheinbaum firmó su primer decreto, uno que no solo hablaba de justicia, sino que invoca el espíritu de un país que nunca dejó de recordar. El decreto, cual conjuro añorado, establecía que lo ocurrido el 2 de octubre de 1968, en la plaza de las tres culturas en Tlatelolco, debía ser reconocido por lo que siempre había sido: un crimen de lesa humanidad. Aquella masacre, que se llevó consigo los sueños, proyectos y las vidas de estudiantes que exigían ser escuchados, eran ahora un grito de una «hija del 68».

La madre de la científica, una profesora del Instituto Politécnico Nacional (IPN), había estado allí, en medio del fuego cruzado, ayudando a los estudiantes. Por ello, este decreto no solo era una formalidad gubernamental; era un mandato del alma, un lazo entre generaciones que compartían el mismo anhelo de justicia. Como presidenta y como hija, Sheinbaum decidió que las heridas abiertas debían sanar, y la única manera de iniciarlo  era a través del reconocimiento y la memoria.

El decreto, que será publicado en el Diario Oficial de la Federación, no sólo reconoce en sus letras el terror de ese día, sino que también exige que el Estado Mexicano, pidiera una disculpa pública. En su texto, Sheinbaum dejó en claro que el gobierno que ella encabezaba asumía una responsabilidad moral y política frente a los hechos de 1968. En su calidad de jefa suprema de las Fuerzas Armadas, giró una orden tan solemne como tajante: “Nunca más”. Las estructuras militares, que un día arrebataron futuro no volverían a ser usadas contra el pueblo de México.

La plaza de Tlatelolco, donde la loza fue teñida de rojo, ya no era solo un lugar físico; se había convertido en un símbolo eterno de resistencia. Aquellos que perdieron la vida allí, cuyas voces aún resuenan entre los ecos de los edificios grises, recibían un aliciente histórico desde el poder. La secretaría de gobernación pronunciaba en nombre del Estado Mexicano la disculpa pública. Las palabras salieron con el peso de una historia no contada, pero conocida por todos. “Este crimen de lesa humanidad fue ideado, ejecutado y encubierto desde la más alta autoridad del poder público”. Y el aire, pesado y denso, pareció asentir.

El expresidente Gustavo Díaz Ordaz, el hombre detrás de la represión, había asumido en su momento la responsabilidad total de la masacre, pero no era suficiente. La sangre derramada no se limpia con palabras dichas en soledad. El proceso debía ser colectivo, debía involucrar a un país entero dispuesto a enfrentar su pasado. La disculpa no era solo para los muertos, sino también para aquellos que aún buscan en sus sombras una respuesta, una redención.

El 2 de octubre de 1968 no fue solo una fecha, fue un punto de inflexión en la historia de México. En aquel entonces, el país se preparaba para recibir los Juegos Olímpicos, y el gobierno de Díaz Ordaz temía que la imagen de estabilidad y orden que se querían proyectar al mundo de México se viera empañada por un movimiento estudiantil que desafiaba las estructuras del poder. Pero la represión no trajo paz sino dolor, y el país nunca fue el mismo.

Ahora, México bajo el mandato de la científica, los ecos de aquel octubre resuenan con fuerza, pero no con miedo. El decreto, firmado en el 56º aniversario de la masacre, es un llamado a la memoria, una advertencia al futuro. Nunca más se permitirá que el poder sea usado para silenciar al pueblo. La disculpa pública es un recordatorio de que la historia no se olvida.

Mientras la algarabía social y colectiva está atenta al inicio del gobierno de la primera mujer presidenta de este país, esté Chihuahua con espresso en mano espera con la firma plazmada la sanación familiar, histórica y social de lo que sucedió en el homónimo edificio

@Raul_Saucedo

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Inzunza: la decadencia del favorito. Por Caleb Ordóñez T.

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Hay políticos que caen peleando. Hay políticos que caen defendiendo una causa. Y hay políticos cuya caída comienza mucho antes de que ellos mismos se den cuenta; cuando todavía sonríen en las fotografías oficiales y firman acuerdos con la soltura de quien cree que el futuro le pertenece.

La historia reciente de Enrique Inzunza Cázares parece pertenecer a esta última categoría.

Porque más allá de las acusaciones que enfrenta, más allá de los expedientes estadounidenses y más allá del ruido mediático que rodea a Sinaloa, hay algo que llama poderosamente la atención: Inzunza no se comporta como alguien que busca convencer al país de su inocencia. Se comporta como alguien atrapado en una partida de ajedrez donde cada movimiento tiene un único objetivo: sobrevivir un turno más. Viviendo en un eterno jaque.

Durante años fue presentado como uno de los hombres más inteligentes del círculo cercano de Rubén Rocha Moya. Jurista, magistrado, presidente del Supremo Tribunal de Justicia, secretario general de Gobierno y después senador de la República. Su ascenso fue tan rápido que muchos (casi todos) dentro de Morena en Sinaloa, lo veían como una especie de gobernador en espera.

No era un político de masas. No era un gran orador. No era un líder carismático.

Su poder provenía de otra parte: de la operación silenciosa, del control institucional, de la cercanía con el grupo gobernante y de una influencia que crecía discretamente, lejos de los reflectores, precisamente donde ese tipo de poder se cultiva mejor.

Por eso resulta tan revelador observar lo que ocurre hoy.Cuando un político es acusado injustamente, normalmente intenta salir a dar la cara. Busca entrevistas. Explica. Debate. Confronta. Construye una narrativa que lo sostenga mientras el temporal amaina.

Inzunza ha hecho exactamente lo contrario.

Los números lo dicen con una frialdad que ningún argumento político puede disfrazar.

Desde el 29 de abril de 2026, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública la acusación formal en su contra, Inzunza acumuló 21 días de ausencia en sesiones del Congreso. No pidió licencia. No renunció. Simplemente dejó de aparecer. Su única reaparición fue una fotografía en redes sociales junto a su madre, con ubicación en Batequitas, Badiraguato. Un político que dice no tener nada que esconder, escondido. Y cuando finalmente habló, lo hizo desde X, con una frase que revela más de lo que oculta:

«Soy abogado de mí mismo y me basta mi probidad.» Es la declaración de alguien que no quiere testigos en su defensa.

Y en política las formas importan tanto como los hechos, porque la percepción pública rara vez se construye únicamente con documentos judiciales. También se construye observando cómo reaccionan los protagonistas cuando el suelo comienza a moverse bajo sus pies.

Lo que proyecta Inzunza no es fortaleza. No transmite confianza. No parece un político concentrado en demostrar que las acusaciones son falsas.

Parece un político concentrado en administrar daños.

Esa imagen explica en buena medida por qué hoy se encuentra tan aislado. No porque Morena haya decidido abandonarlo de la noche a la mañana. No porque el Senado haya ejecutado una conspiración interna. Sino porque el propio Inzunza dejó de ser una apuesta rentable.

La política es brutalmente pragmática. Los partidos respaldan a quienes generan votos, estabilidad o futuro. Cuando un liderazgo comienza a representar riesgo, incertidumbre o desgaste, las distancias aparecen solas, sin reuniones, sin comunicados, sin rupturas formales. Simplemente aparecen.

Hace apenas unos meses su nombre figuraba entre los aspirantes más serios para suceder a Rocha en la gubernatura de Sinaloa. Hoy prácticamente nadie dentro del oficialismo habla de esa posibilidad. No porque exista una sentencia. No porque haya sido declarado culpable. Sino porque la candidatura dejó de ser viable.

Y en política la inviabilidad suele ser una condena mucho más rápida que cualquier resolución judicial.

Lo verdaderamente inquietante es que el caso de Inzunza trasciende a una sola persona.

Se convierte en un espejo incómodo para todo el sistema político mexicano.

Lo que hace singular el caso de Inzunza no es la acusación en sí. Es la arquitectura que describe. Según el expediente estadounidense, Inzunza habría acompañado al gobernador

Rocha Moya a una reunión con Los Chapitos tras las elecciones de junio de 2021, cuando todavía era secretario general del gobierno estatal y en ese encuentro habrían acordado que el cártel tendría control sobre la Policía Estatal de Sinaloa. Si eso es cierto, no estamos hablando de un funcionario que recibió un sobre. Estamos hablando de una negociación institucional: el Estado cediendo su monopolio de la fuerza a cambio de estabilidad política.

Eso es algo cualitativamente distinto, y más perturbador, que la corrupción individual de siempre. No es un hombre que se corrompió. Es una institución que se ofreció.

Por eso el caso Inzunza genera tanta atención. No solo por sus detalles particulares, sino porque representa el choque entre dos narrativas que México lleva años intentando reconciliar sin éxito: la del político exitoso que parecía destinado a gobernar uno de los

estados más importantes del país, y la del funcionario que termina convertido en símbolo de una crisis de confianza cada vez más profunda.

Su tragedia política no consiste únicamente en las acusaciones.

Consiste en haber perdido aquello que realmente construye el poder: la credibilidad.

Cuando la gente deja de creer en tu futuro, el poder comienza a evaporarse. Cuando tus aliados dejan de apostar por ti, el aislamiento se vuelve inevitable. Cuando tu nombre genera más preguntas que certezas, las puertas empiezan a cerrarse, no con portazos, sino con la silenciosa delicadeza con que se cierra una puerta frente a alguien a quien ya no se espera.

Por eso Enrique Inzunza muy probablemente ya no será gobernador de Sinaloa. No porque un

juez lo haya decretado. No porque un partido lo haya expulsado. Sino porque la política mexicana ya comenzó a actuar como si ese futuro hubiera desaparecido.

Y pocas cosas son más devastadoras para un político que seguir ocupando un cargo mientras todos a su alrededor se comportan como si su historia ya hubiera terminado.

Esa es la verdadera decadencia.

No perder el poder. Sino ver cómo el poder te abandona: despacio, en silencio, sin siquiera molestarse en despedirse.

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