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México

No permitiremos el Tarifazo con la reforma eléctrica: Rocío Reza

“La llamada reforma eléctrica que pretende el presidente López Obrador es el preámbulo de una catástrofe económica, social y ambiental, que además generará tarifazos en los recibos del servicio de electricidad” advirtió la diputada federal Rocío Reza Gallegos.

En la cámara de los diputados se analiza la iniciativa preferente que presenta el presidente el gobierno de la “4T” para modificar los artículos 25, 27 y 28 de la constitución, la denominada reforma eléctrica.

La legisladora que forma parte de la comisión del medio ambiente indicó que las diputadas y diputados de Acción Nacional votarán en contra de la propuesta que calificaron de aberrante, por colocar al país fuera de una realidad mundial que camina hacia las energías limpias con métodos sustentables.

“Las Diputadas y Diputados de Acción Nacional estamos totalmente convencidos de votar en contra de esta aberrante reforma que elimina la libre competencia, no se nos permitirá generar nuestra propia energía porque el monopolio lo tendrá el gobierno, es una expropiación de facto;
Todos los mexicanos han estado en contra de un gasolinazo y ahora debemos unirnos para no permitir un tarifazo en la energía eléctrica” dijo al destacar que la determinación se da después de un análisis muy completo por parte de los legisladores albiazules.

La eliminación de órganos que actualmente funcionan para equilibrar la competencia y regular de forma transparente la generación de energías limpias pondría en riesgo a la nación, ya que viola los tratados internacionales, el TMEC, la agenda 2030; y al pretender estatizar la industria eléctrica habría fuga de inversionistas y salida de capitales.

Los costos de energía limpia rondan entre los 400 a 500 pesos MWH, y los costos de CFE superan los 1,600 pesos MWH. El IMCO ha elaborado un comparativo de costos donde demuestra que la CFE genera energía con precios 5 veces mas altos que las empresas que generan energías limpias.

“La alianza Va por México que tiene por objetivo ser el muro de contención de reformas constitucionales que afecten seriamente al país estará a prueba en esta definición, en Acción Nacional estaremos al frente de una batalla para lograr detener esta aberrante contra reforma eléctrica.” Finalizó.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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