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México

No se activan bloqueadores de celulares en cárceles, señala Segob

El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, aseguró que el incremento en las llamadas de extorsión que tienen como origen los centros penitenciarios del país se debe a que las autoridades no están poniendo a funcionar los bloqueadores de señal.

Para la activista Isabel Miranda de Wallace, el problema de las extensiones desde los centros de readaptación social se va a terminar cuando se finquen responsabilidades penales a los directores.

De acuerdo a un reporte emitido por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), las organizaciones delincuenciales realizan al año aproximadamente 3.7 millones de llamadas para extorsionar desde el interior de los centros penitenciarios del país y la mayoría de estas llamadas provienen de números celulares.

Al espectro Navarrete Prida apuntó que “Lo que está ocurriendo es que evidentemente no están poniéndolos a funcionar, y que habría que tomar medidas adicionales como son los arcos de revisión para evitar que persona alguna entre con este tipo de aparatos”.

Se negó a responder si además obedece a un problema de corrupción en la mayoría de los centros de readaptación social porque dijo que el tema de evolución delincuencial es complejo y no sería adecuado mencionar una sola causa.

“Pero evidentemente si hay instrucción y comprar equipo de bloqueadores, algo está pasando que no se están poniendo a funcionar”, apuntó.

Por su parte, la presidenta de la organización civil Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace aseguró que “el tema no son los bloqueadores, el tema es la corrupción que existe en los penales, bueno, ni presos los puede controlar los gobiernos estatales y ahora también hasta los federales han disminuido su capacidad, antes los federales eran más seguros”.

Dijo que su organización hizo una petición a las compañías telefónicas pidiéndoles que bloquearan la cara de más antenas que están más cerca de los penales o que los controle desde lo remoto otra persona pero no el titular del penal, porque ahí es dónde está la corrupción.

“Eso es un tema que un día va a estallar, de veras de manera exponencial, nosotros ya lo estamos viviendo, las porque desde ahí, los ciudadanos desde ahí siguen llamando, siguen extorsionando y además es un gran negocio para muchos de los custodios porque ellos rentan chips, rentan teléfonos y hacen de las suyas, entonces es reprobable y creo que ahí se va a acabar el problema cuando se les finquen responsabilidades al director del penal”, concluyó.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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