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Nombran a Federico Franco Presidente de Paraguay

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El nuevo presidente de Paraguay, Federico Franco, pidió hoy a los líderes vecinos, en particular los socios del Mercosur, que «entiendan» la situación creada en su país y acepten que hará «el mayor de los esfuerzos para que ésto se normalice».

En una rueda de prensa, Franco anunció sus primeros dos nombramientos, los ministros de Interior y Exteriores, cargos que recayeron en Carmelo Caballero y José Félix Fernández Estigarribia, respectivamente.

El objetivo es, dijo, dejar claro el mensaje de que Paraguay tiene «un norte que orienta su política exterior» así como la voluntad del nuevo Gobierno de «devolver seguridad a la ciudadanía».

Franco aludió a la inminente cumbre de Mercosur en Argentina, dando a entender que no acudirá, pues -dijo- «lo más importante es quedarnos a organizar la casa» y «si es necesario irá el canciller».

«Lo más importante es mantener las relaciones con los países vecinos», observó.

Para el resto de los nombramientos en su Ejecutivo, dijo, se tomará «un poco de tiempo», hablando incluso con los ministros que siguen en funciones tras la destitución de Fernando Lugo.

Franco aseveró que le «encantaría» formar un «gabinete multicromático» con los «mejores paraguayos, sin tener en cuenta su afiliación política», por primera vez en la Historia del país.

Una solución «inmediata» al conflicto de la tierra fue la primera promesa del gobernante, que también ofreció a su antecesor «que se quede el tiempo necesario» en la residencia presidencial hasta que pueda organizar su mudanza, así como «las garantías constitucionales que le corresponden».

Varios gobiernos latinoamericanos, como los de Argentina, Ecuador, Bolivia y Venezuela, anunciaron ya que no reconocen a Franco como presidente.

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Trump anuncia nuevos aranceles del 10% tras fallo de la Corte Suprema que anuló sus gravámenes globales

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que firmará una orden ejecutiva para imponer un arancel global del 10% durante 150 días, luego de que la Corte Suprema anulara los gravámenes generalizados que su administración había implementado desde su regreso a la presidencia.
La medida se ampara en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que faculta al mandatario a imponer restricciones temporales de importación de hasta el 15% ante situaciones de «problemas graves y significativos» de balanza de pagos, sin requerir investigaciones adicionales. Trump precisó que estos nuevos aranceles se sumarán a los ya vigentes.
El anuncio llegó horas después de que el máximo tribunal del país determinara, por seis votos contra tres, que la administración sobrepasó sus atribuciones al aplicar aranceles globales bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977. El fallo establece que la Constitución reserva ese tipo de potestad al Congreso, no al Ejecutivo.
Trump calificó la sentencia de «profundamente decepcionante» y señaló sentirse «absolutamente avergonzado» por la decisión de los magistrados que votaron en su contra. Sugirió que el tribunal fue influenciado por «intereses extranjeros» y agradeció explícitamente a los jueces Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh, quienes votaron en disenso.
Entre las medidas afectadas por el fallo se encuentran la tarifa base del 10% a las importaciones, los gravámenes recíprocos contra socios comerciales, los aranceles adicionales del 25% a México y Canadá vinculados al control del tráfico de drogas, la eliminación de la exención para envíos de bajo valor con impacto en comercio electrónico, y aumentos de hasta el 50% sobre productos de Brasil e India. Según Trump, el dictamen podría obligar al gobierno a reembolsar hasta 240,000 millones de dólares recaudados mediante los gravámenes anulados.
El mandatario informó además que su gobierno ha iniciado investigaciones sobre prácticas comerciales desleales bajo el Artículo 301, aunque este tipo de procesos suele requerir varios meses para concluirse. Trump reiteró que su administración continuará explorando todas las herramientas legales disponibles para proteger la economía estadounidense.

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