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México

Noroña no paga impuesto tras comprar combustible

El político y activista, Gerardo Fernández Noroña, realizó un acto de desobediencia civil pacífica que consistió en llenar el tanque de gasolina de su camioneta y negarse a pagar el 35% del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS).
En punto del mediodía de ayer, Fernández Noroña acudió a la gasolinera Hidrosina ubicada en la esquina de Insurgentes y Reforma, donde pidió al despachador que llenara el tanque de su camioneta. El total de la compra fue de 429 pesos, pero el activista entregó un certificado —escrito a mano— de no pago de impuesto a la gasolina, con el que se negó a pagar 35%, equivalente a 118 pesos, por lo que al final sólo pagó alrededor de 311 pesos por llenar el tanque de su camioneta Volvo, con placas 918-YPW.
“He acudido a abastecerme de gasolina por la cantidad de 429 pesos, de los cuales he descontado 35% de impuestos [16% de IVA y el IEPS oculto], pues me niego a financiar a un gobierno criminal, corrupto y traidor al pueblo. Asumo mi acción de desobediencia civil no violenta y establezco con claridad que pago la gasolina y no el impuesto”, indica el documento.
El despachador recibió el documento y sin problema cobró los 311 pesos, más una propina de 15 pesos. De acuerdo con Fernández Noroña, el dueño de la gasolinera conocía de la protesta pacífica y por eso no intervino la policía. Sobre el análisis de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) que lo enlista con los políticos provocadores de las manifestación contra el alza a las gasolinas —junto a Andrés Manuel López Obrador—, el también aspirante presidencial sostuvo que es una campaña sucia para meter miedo a la gente, “están mintiendo. Son prácticas de un gobierno fascista que está hoy. El gobierno está midiendo la represión, estaba viendo si en mi caso me encarcelaba, yo ya lo dije estoy sereno y no tengo problema de ir a la cárcel por llamar a la desobediencia civil pacífica”, explicó.
“Me gustaría mucho encabezar esta rebelión contra el gasolinazo, pero no es así”, agregó. En el acto dos personas más siguieron su ejemplo.
En el análisis criminológico de la CNS se ubica el número de redes sociales que se utilizaron para promover las actividades en contra del gasolinazo.

Excelsior

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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