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México

Noroña y Norma Piña abren diálogo luego de reforma judicial

El presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, aseguró que existe un restablecimiento del diálogo con el Poder Judicial, esto después de que se llevara a cabo una reunión privada con la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña.

En un breve encuentro con medios de comunicación posterior a la reunión, Fernández Noroña destacó que desde hace varios días ha existido una comunicación activa entre la administración de Claudia Sheinbaum y el Poder Judicial, lo que se ha facilitado a través de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez y del líder de Morena en el Senado, Adán Augusto López.

“Hay una preocupación común de superar las dificultades. No estoy diciendo que las hayamos superado, no estoy diciendo que las vayamos a superar, no estoy diciendo eso, estoy diciendo, para que sea muy claro, que hay un acuerdo de, aún en las condiciones más difíciles, mantener el diálogo”, dijo el presidente del Senado.

“Este es el acuerdo central, inicial, y de ahí hacia adelante todo lo que podamos construir me parece que será muy positivo, hay disposición nuestra y del Poder Judicial de buscar los puntos de coincidencia, vamos a ver si se logra”, agregó Noroña.

“No nos moveremos un milímetro”

Después de que Norma Piña asistiera a la toma de protesta de Claudia Sheinbaumcomo presidenta de México y ahora que asistió a la sesión solemne que conmemoró el bicentenario de la instauración del Senado, Noroña lo consideró un “mensaje poderoso” y no podría haberse conseguido sin un acuerdo previo que garantizara un trato respetuoso hacia Piña en su calidad de titular del Poder Judicial.

Pese a que celebró la reanudación del diálogo, Fernández Noroña dijo que no busca crear expectativas infundadas y afirmó que no hay vuelta atrás en el proceso deelección popular de jueces, magistrados y ministros.

“El tema es un proceso de transición de la elección de las personas juzgadoras. A ver, nosotros no nos moveremos un milímetro de la elección de las personas juzgadoras el primer domingo de junio de 2025. El Poder Judicial puede coadyuvar o no en ese proceso”, sentenció.

Finalmente, Noroña destacó la importancia de mantener el diálogo en los próximos meses. “Esta Corte va a estar hasta septiembre. Valiera la pena mantener diálogo y comunicación y niveles de entendimiento”, aseguró.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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