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“Nuestra paciencia se acabó”: se conformó un nuevo grupo de autodefensas en Pantelhó, Chiapas

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Un grupo autodenominado “Autodefensas del pueblo ‘El Machete’” anunció oficialmente su conformación para defender al pueblo de Pantelhó, en Chiapas, del crimen organizado y los sicarios que, dijeron, han aquejado a la población campesina desde hace 20 años.

Mediante un video publicado en redes sociales, en el que se muestra a cuatro sujetos portando armas largas, los hombres adjudicaron a la agrupación la irrupción a la comunidad efectuada el pasado 7 de julio; aseguran que su introducción fue para “expulsar a los sicarios y a los narcotraficantes”.

“Entramos porque no queremos más muertes (…) Nuestra paciencia se acabó porque en el Gobierno federal y estatal no vemos ninguna esperanza. Con nuestro dolor ante tanta sangre derramada, tomamos el rumbo de nuestras historias (…) Queremos vivir en paz, libertad, armonía, con justicia de nuestros pueblos reprimidos”, aseveró.

Aunado a ello, aclararon que permanecerán en la comunidad “una vez que Pantelhó esté libre de sicarios y narcotraficantes”, esto, reiteraron, porque “no buscamos el poder ni el dinero para nosotros”.

(Foto: Cuartoscuro)(Foto: Cuartoscuro)

En la cinta los hombres también señalaron a diversos funcionarios públicos como responsables de “abrir las puertas al crimen organizado”, así como de ignorar las denuncias de los habitantes indígenas y erradicar a quienes se oponen al gobierno municipal.

“Fue en el año 2002 cuando Austreberto Herrera Abarca se quiso autonombrar para ser juez municipal de Pantelhó. Él le abrió las puertas al crimen organizado, a los narcotraficantes y así comenzó a matar a los que oponían a sus actividades; vemos que ha matado a un aproximado de 200 personas”, mencionó el hombre que se muestra encapuchado.

Sin embargo, a pesar de la detención de Herrera, afirmaron que sus hijos, Rubén y Daily Gutiérrez Herrera, tomaron el control del municipio, por lo que la violencia, los homicidios y los despojos de tierras no cesaron. También denunciaron a la presidenta municipal actual, Delya Janeth Flores Velasco y al electo, Raquel Trujillo Morales, de ser parte del crimen organizado.

El grupo de autodefensa también acusó a las autoridades de permitir la entrada de Enoc Díaz Pérez, expresidente municipal de Pueblo Nuevo Solistahuacán y detenido por intento de secuestro, de ser integrante de un grupo armado identificado como “Los Diablos”; así como de Arturo Ramos Salazar, a quien acusaron de financiar a grupos armados.

“Vemos que el mal gobierno ha jugado con la vida de nuestro pueblo (…) pero el gobierno se olvidó que hay Davides que se organizan para defender la vida del pueblo: aclaramos al mal gobierno que no envía su Guardia Nacional, su ejército, su policía. Si vemos que envía para matarnos, detenernos y encacelarnos es porque forma parte del crimen organizado; porque se confirma que tenemos un gobierno narcoestado”, mencionaron.

(Foto: Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A. C.)(Foto: Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A. C.)

Durante las últimas semanas, la región tzotzil de Pantelhó-Chenalhó ha sido prácticamente abandonada por alrededor de 2,000 personas, que huyen de la violencia generada por el crimen organizado y la omisión del Estado mexicano de atender la situación.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A. C. (Frayba), obtuvo documentos que señalan la presencia de un grupo criminal en el municipio de Pantelhó, el cual actuaría en complicidad con el Ayuntamiento para formar parte de las estructuras del poder municipal, actualmente vinculado al Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Hasta el momento se han registrado operaciones del Cártel de Sinaloa, mismo que tiene pleno control de la frontera con Guatemala; del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que se extiende a la costa suroccidental; y del Cártel del Golfo, con una pequeña franja de poder que se extiende desde el Pacífico hasta la frontera con Oaxaca y la parte del sur de Veracruz.

con información del Universal/infobae

México

Vinculan a proceso a Ernesto Ruffo Appel por huachicol fiscal y seguirá recluido en el Altiplano

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La jueza federal Alejandra Ramírez de la Vega vinculó a proceso al exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel y a siete personas más por su probable participación en delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos mediante ferrocarril. La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada presentó datos que la juzgadora consideró suficientes para avanzar con el proceso; lo que todavía no está determinado es su culpabilidad ni una posible sentencia.

La resolución fue emitida después de una audiencia que se prolongó por más de 30 horas en instalaciones del Poder Judicial de la Federación anexas al Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como el Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México. La diligencia fue encabezada por Ramírez de la Vega, jueza de control adscrita al Centro de Justicia Penal Federal de esa localidad.

¿Qué significa que Ernesto Ruffo fue vinculado a proceso?

La vinculación a proceso significa que la jueza encontró datos que permiten considerar, en esta etapa inicial, que pudo haberse cometido un delito y que existe una probabilidad de participación de las personas imputadas.

El artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que para dictar esta resolución debe haberse formulado la imputación, otorgado al acusado la posibilidad de declarar y presentado datos sobre un hecho señalado como delito. También se requiere que no exista una causa que extinga la acción penal o excluya el delito.

La decisión no determina que Ruffo o los demás acusados sean responsables. Los datos utilizados para vincularlos tampoco pueden convertirse automáticamente en las pruebas de una sentencia. Durante la investigación complementaria, la Fiscalía deberá fortalecer su acusación, mientras las defensas podrán presentar documentos, peritajes y testimonios para controvertirla.

¿Cómo habría operado la red de huachicol ferroviario?

La FEMDO sostiene que Ruffo y sus coacusados habrían diseñado un esquema de simulaciones mediante 11 empresas. El objetivo habría sido introducir ilegalmente a México 18 millones 225 mil 657 litros de gasolina y diésel transportados en 163 carrotanques ferroviarios.

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