Un grupo autodenominado “Autodefensas del pueblo ‘El Machete’” anunció oficialmente su conformación para defender al pueblo de Pantelhó, en Chiapas, del crimen organizado y los sicarios que, dijeron, han aquejado a la población campesina desde hace 20 años.
Mediante un video publicado en redes sociales, en el que se muestra a cuatro sujetos portando armas largas, los hombres adjudicaron a la agrupación la irrupción a la comunidad efectuada el pasado 7 de julio; aseguran que su introducción fue para “expulsar a los sicarios y a los narcotraficantes”.
“Entramos porque no queremos más muertes (…) Nuestra paciencia se acabó porque en el Gobierno federal y estatal no vemos ninguna esperanza. Con nuestro dolor ante tanta sangre derramada, tomamos el rumbo de nuestras historias(…) Queremos vivir en paz, libertad, armonía, con justicia de nuestros pueblos reprimidos”, aseveró.
Aunado a ello, aclararon que permanecerán en la comunidad “una vez que Pantelhó esté libre de sicarios y narcotraficantes”, esto, reiteraron, porque “no buscamos el poder ni el dinero para nosotros”.
(Foto: Cuartoscuro)
En la cinta los hombres también señalaron a diversos funcionarios públicos como responsables de “abrir las puertas al crimen organizado”, así como de ignorar las denuncias de los habitantes indígenas y erradicar a quienes se oponen al gobierno municipal.
“Fue en el año 2002 cuando Austreberto Herrera Abarca se quiso autonombrar para ser juez municipal de Pantelhó. Él le abrió las puertas al crimen organizado, a los narcotraficantes y así comenzó a matar a los que oponían a sus actividades; vemos que ha matado a un aproximado de 200 personas”, mencionó el hombre que se muestra encapuchado.
Sin embargo, a pesar de la detención de Herrera, afirmaron que sus hijos, Rubén y Daily Gutiérrez Herrera, tomaron el control del municipio, por lo que la violencia, los homicidios y los despojos de tierras no cesaron. También denunciarona la presidenta municipal actual, Delya Janeth Flores Velasco y al electo, Raquel Trujillo Morales, de ser parte del crimen organizado.
El grupo de autodefensa también acusó a las autoridades de permitir la entrada de Enoc Díaz Pérez, expresidente municipal de Pueblo Nuevo Solistahuacán y detenido por intento de secuestro, de ser integrante de un grupo armado identificado como “Los Diablos”; así como de Arturo Ramos Salazar, a quien acusaron de financiar a grupos armados.
“Vemos que el mal gobierno ha jugado con la vida de nuestro pueblo (…) pero el gobierno se olvidó que hay Davides que se organizan para defender la vida del pueblo: aclaramos al mal gobierno que no envía su Guardia Nacional, su ejército, su policía. Si vemos que envía para matarnos, detenernos y encacelarnos es porque forma parte del crimen organizado; porque se confirma que tenemos un gobierno narcoestado”, mencionaron.
(Foto: Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A. C.)
Durante las últimas semanas, la región tzotzil de Pantelhó-Chenalhó ha sido prácticamente abandonada por alrededor de 2,000 personas, que huyen de la violencia generada por el crimen organizado y la omisión del Estado mexicano de atender la situación.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A. C. (Frayba), obtuvo documentos que señalan la presencia de un grupo criminal en el municipio de Pantelhó, el cual actuaría en complicidad con el Ayuntamiento para formar parte de las estructuras del poder municipal, actualmente vinculado al Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Hasta el momento se han registrado operaciones del Cártel de Sinaloa, mismo que tiene pleno control de la frontera con Guatemala; del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que se extiende a la costa suroccidental; y del Cártel del Golfo, con una pequeña franja de poder que se extiende desde el Pacífico hasta la frontera con Oaxaca y la parte del sur de Veracruz.
El Instituto Nacional Electoral (INE) proyectó un gasto operativo de 3 mil 948 millones 471 mil 536 pesos para el ejercicio fiscal de 2027, monto que será incorporado al Anteproyecto de Presupuesto del organismo de cara al próximo proceso electoral federal.
La estimación fue elaborada a partir de un análisis metodológico sustentado en el comportamiento histórico registrado entre 2023 y 2025, bajo los lineamientos aprobados por la Comisión Temporal del Presupuesto del instituto.
De acuerdo con la distribución prevista, las oficinas centrales concentrarán la mayor parte de los recursos, con una asignación de 2 mil 380 millones 841 mil 144 pesos. Por su parte, las juntas locales y distritales ejecutivas contarán con mil 567 millones 630 mil 392 pesos para sus operaciones.
El organismo electoral precisó que esta proyección tiene como objetivo garantizar los recursos necesarios para el funcionamiento ordinario del instituto durante el año en que se desarrollarán las elecciones federales.
El cálculo presupuestal excluye diversos conceptos que forman parte de otros rubros de gasto. Entre ellos se encuentran los servicios personales, la Cartera Institucional de Proyectos, las prerrogativas destinadas a los partidos políticos nacionales y el denominado presupuesto precautorio.
Con esta previsión financiera, el INE busca establecer una base presupuestaria para la organización y operación del proceso electoral de 2027.
Por otra parte, la consejera presidenta del instituto, Guadalupe Taddei Zavala, señaló el pasado 25 de mayo que el organismo carece de facultades ministeriales y judiciales para investigar posibles vínculos entre candidatos y grupos del crimen organizado.
Ante la propuesta de crear una Comisión de Verificación de Integridad para las elecciones de 2027, la funcionaria planteó que la legislación defina con precisión las responsabilidades de cada institución involucrada. Asimismo, propuso que la verificación de antecedentes penales, financieros y de seguridad nacional sea realizada por instancias especializadas del Estado mexicano.
Según lo expuesto, el INE se limitaría a recibir los registros de los partidos políticos, remitir los expedientes a las dependencias competentes y notificar si existe algún impedimento legal para una candidatura.
Hasta el momento, la propuesta relacionada con la verificación de integridad de aspirantes continúa en discusión.