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NUESTRA SOCIEDAD ANTE LA VIOLENCIA Por Víctor Quintana

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La misma acuciante pregunta se expresaba en diversas bocas: ¿qué más espera esta sociedad para reaccionar?  La interrogante se difundió por todos los corrillos durante las honras fúnebres de Javier Moya y Javier Salinas, el pasado viernes 20. ¿De verdad no ha reaccionado la sociedad civil chihuahuense y mexicana ante la violencia? Si lo ha hecho, ¿cómo ha sido su reacción?
No ha habido en este sexenio no hay una respuesta de la sociedad en bloque, multitudinaria a la violencia. Tal vez la acción mayoritaria sea la no respuesta: el  aguantar la violencia encogiéndose de hombros, no vaya a ser que le toque a uno. El miedo ambiente bloquea la libre manifestación.
Ahora bien, en los sectores y en los grupos que sí han articulado acciones lo primero que se echa de ver es la heterogeneidad, la atomización  y la falta de coordinación de las mismas. En segundo lugar, se observa  que casi todas las acciones de los diversos grupos de la sociedad civil tienen una orientación simbólico-expresiva: manifiestan un deseo profundo de paz, y un claro rechazo de la violencia, más general en unos grupos, más específicamente en otros.
Sin embargo, hay grupos que se quedan en lo meramente simbólico-expresivo: marchas por la paz, desfiles de niños, jornadas de oración, llevar símbolos en la ropa o en el vehículo, etc. Aquí las demandas son muy generales: la paz, el fin del baño de sangre. No se identifica con claridad al interlocutor a quien se hacen llegar dichas demandas. A pesar de que estas manifestaciones no van más allá de eso, que no exigen una acción o un compromiso continuados, no han logrado masificarse, sintonizarse en muy diversos lugares del país y convertirse en una expresión que obligue al Estado a cambiar su estrategia de guerra.
Hay otros grupos y segmentos sociales que, sin menoscabo de la orientación simbólico-expresiva de su acción, le asignan también un carácter funcional-instrumental. Es decir, con sus manifestaciones, además de hacer patente su rechazo a la violencia, buscan propósitos muy específicos. Aquí se abre una interesante variedad de acciones y objetivos: algunas y algunos periodistas y líderes de opinión han hecho excelentes denuncias, fundamentadas de los hechos de violencia criminal, de violencia de Estado, para sacudir y hacer pensar a la opinión pública. No pocos académicos han rastreado los orígenes sociales, económicos y culturales de las múltiples violencias que sufrimos y han hecho públicos sus hallazgos para proponer políticas públicas al respecto.
Organizaciones no gubernamentales, sobre todo de derechos humanos y de derechos de las mujeres, de los jóvenes y de los niños, han desplegado una intensa actividad para atender a víctimas de las violencias. Las han acompañado a ellas y a sus deudos, han fungido como coadyuvantes en la administración de la justicia, han brindado apoyo psicológico, les han encontrado refugio, han emprendido programas de educación para la paz, han acudido a instancias de justicia locales, nacionales e internacionales. Son, sin duda, el sector de la sociedad civil con un compromiso más sistemático y más  continuo para atender a quienes sufren la violencia y prevenirla.
También emergen movimientos, algunos se dispersan como surgen, otros se convierten en coordinaciones u organizaciones más permanentes como el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Las circunstancia, el contexto, los han hecho que a la dimensión simbólico-expresiva le agreguen demandas muy concretas de fin de la impunidad, de presentación de desaparecidos, de reformas legales, como la recién aprobada Ley de Víctimas, logro indudable del MPJD y de las organizaciones derechohumanistas.
Otra forma de respuesta civil a la violencia es la organización comunitaria para la autodefensa. Se da sobre todo en comunidades indígenas y rurales, un tanto apartadas o compactas, casi siempre en respuesta a agresiones externas. Es el caso de las policías comunitarias de Guerrero, o de Ostula y Cherán, en Michoacán. Esta forma de acción es tan amenazante para los agresores, que responden con el asesinato de dirigentes comunitarios, como acaba de suceder en Cherán y a fines de 2011 en Ostula.
Hay, pues, importantes sectores de la sociedad que responden efectivamente a las múltiples violencias que vivimos. Lo  hacen con mística, con valentía, con sabiduría, con técnica, incluso. Sin embargo, es hora que a nivel nacional o si quiera, en una región o ciudad de considerable tamaño, surja y se articule un movimiento u acción ciudadana masiva, contundente, certera en sus demandas y objetivos que haga que los diversos niveles de gobierno den el golpe de timón que urge dentro del mar de sangre que ahoga al país, sobre todo en algunas regiones.
¿Por qué es así? Porque los mismos factores que facilitan la violencia son los que impiden que la sociedad se manifieste unitaria, eficaz, contra ella. Como sociedad se nos ha atemorizado, se nos ha hecho creer que la única solución es la violencia legitimada del ejército o la policía. Porque se nos ha hecho descreer de nosotros mismos, de las organizaciones y de los dirigentes que nos damos. Seguimos esperando que caiga del cielo o de kryptón el caudillo impecable y perfecto que nos conduzca. La organización que esté por encima de toda sospecha de politización. Porque la mayor parte de nuestras concepciones sobre las acciones de resistencia o de protesta de otros son construidas por lo que los medios de comunicación dominantes quieren que pensemos.
Ante esto, no hay más que como sociedad creamos en nosotros mismos, que reconozcamos a los sectores y grupos que con valentía se han organizado y actuado ante la violencia, que emprendamos un gran esfuerzo conjunto por llevar a cabo el «desarme cultural» que legitima la violencia y por educarnos en la resistencia no violenta, que rehagamos los lazos entre nosotros, debatamos sin fracturarnos y privilegiemos lo que nos une.  La gran reacción ciudadana no se va a dar por más que la esperemos si no nos involucramos en construirla.  Los cómos los iremos viendo.

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Reforma caída, poder en disputa. Por Caleb Ordóñez T.

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La reforma electoral enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum pretendía convertirse en una de las grandes piezas políticas de su primer tramo de gobierno. No era una iniciativa menor: implicaba tocar las reglas del sistema político mexicano, rediseñar parte de la representación legislativa y volver a colocar sobre la mesa una vieja bandera del obradorismo: abaratar la democracia mexicana. Sin embargo, lo que se anticipaba como una muestra de fuerza legislativa terminó convirtiéndose en el primer gran aviso de que el poder dentro de la coalición oficialista ya no funciona con obediencia automática.

La propuesta partía de una idea políticamente rentable: reducir costos y simplificar estructuras. Entre los puntos centrales estaba disminuir el número de senadores, modificar el esquema de representación proporcional y recortar gastos electorales que, desde la narrativa presidencial, siguen siendo excesivos para un país con enormes desigualdades sociales. También se buscaba actualizar reglas frente al uso de inteligencia artificial, bots y propaganda digital en campañas, bajo el argumento de que la política mexicana ya no puede seguir regulándose con instrumentos pensados para otra época.

Pero detrás del discurso de austeridad había un elemento mucho más sensible: la redistribución real del poder entre partidos.

Ahí apareció el primer muro inesperado. El Partido del Trabajo y el Partido Verde, aliados históricos de Morena, decidieron no acompañar la iniciativa. No fue una ruptura ideológica, sino una reacción de supervivencia política. Ambos entendieron que una reducción o modificación profunda en el sistema de representación proporcional podía afectar directamente su capacidad de conservar espacios legislativos propios. En otras palabras: Morena proponía una reforma pensada desde la lógica de partido dominante, mientras sus aliados la leyeron desde la lógica de partidos que necesitan reglas protectoras para seguir siendo relevantes.

La votación dejó una fotografía políticamente incómoda: Morena no logró reunir la fuerza suficiente para sacar adelante una reforma constitucional aun teniendo la Presidencia, mayoría simple y control narrativo del debate público.

Y esa derrota tiene consecuencias internas.

Porque más allá del revés legislativo, el episodio deja a la presidenta frente a una realidad que en política pesa mucho: el capital político no es permanente, se administra y también se erosiona. Dentro de Morena, la señal fue clara: si los aliados ya marcan distancia, también empiezan a moverse los grupos internos que observan hasta dónde llega realmente la capacidad presidencial de ordenar decisiones.

Eso obliga ahora a Claudia Sheinbaum a recuperar control interno. Y una de las rutas más previsibles es endurecer su influencia en la construcción de candidaturas. Lo que viene hacia 2027 puede ser un proceso mucho más cerrado, donde perfiles cercanos a Palacio Nacional busquen ocupar candidaturas a gubernaturas y diputaciones federales como mecanismo de blindaje político. Es decir: si el Congreso mostró límites, entonces la siguiente apuesta será construir una mayoría futura más disciplinada desde el origen.

En política mexicana eso suele traducirse en una lógica sencilla: menos concesiones territoriales y más control sobre quién llega.

Por eso no es casual que desde el entorno presidencial ya se hable del llamado “Plan B”.

La presidenta ha dejado claro que el fracaso de una reforma constitucional no significa renunciar al proyecto. El plan alterno consiste en avanzar por rutas secundarias: reformas legales ordinarias, ajustes administrativos y decisiones presupuestales que no necesiten mayoría calificada. Reducir financiamiento público a partidos, endurecer reglas de operación institucional y modificar mecanismos internos del sistema electoral pueden ejecutarse parcialmente sin tocar la Constitución.

Es una estrategia conocida: fragmentar una gran reforma en pequeñas decisiones acumulativas.

El cálculo político es evidente. Si no se puede ganar todo de una vez, se gana por partes.

Sin embargo, el costo político permanece. Porque esta votación también reveló algo más profundo: la coalición gobernante ya entró en una etapa donde cada aliado comienza a defender su propio futuro electoral.

Y cuando eso ocurre, cada iniciativa deja de ser solamente técnica para convertirse en una negociación de poder.

La reforma electoral no murió; simplemente abrió una nueva batalla.

Una donde ya no basta tener mayoría moral, narrativa presidencial o popularidad pública. Ahora también habrá que reconstruir disciplina política.

Y esa es quizá la prueba más delicada que enfrenta hoy la presidenta: demostrar que todavía puede ordenar a su propia mayoría sin fracturar el proyecto que la llevó al poder.

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