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México

nueva titular de la Dirección General de Atención Ciudadana ganará 141 mil pesos al mes

Este miércoles, la Presidencia de la República presentó a Gabriela Romero Martínez como nueva titular de laDirección General de Atención Ciudadana, la cual está adscrita a la Coordinación General de Política y Gobierno, cuyo sueldo mensual bruto será de 141 mil 394 pesos (98 mil 268.33 pesos mensuales netos). En su experiencia académica figura como máximo nivel que estudió Bachillerato Tecnológico en el Instituto Cultural Empresarial de México.

De acuerdo con su declaración patrimonial, Gabriela Romero obtuvo el certificado de bachillerato en “Técnico en administración” en julio de 2018.

Además, con los datos del Sistema de Información y Gestión Educativa de la SEP, el Instituto Cultural Empresarial de México solamente tiene registrado el nivel bachillerato y licenciatura, a pesar de que en su página web ofrece incluso maestrías.

El cambio ocurre después de que Leticia Ramírez dejara ese puesto tras ser nombrada como titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Aunque el ajuste se anunció desde el 16 de agosto, fue efectivo hasta el 1 de septiembre, mismo día en que Romero Martínez asumió su nuevo puesto, pero hasta este miércoles se dio a conocer el nombramiento.

Según su perfil oficial, Romero Martínez se desempeñaba desde diciembre de 2018 como subdirectora de Atención Ciudadana de Presidencia, donde ganaba un sueldo mensual bruto de 46 mil 608 pesos (32 mil 392.56 pesos como sueldo mensual neto). Pero, aunque no lo mencionan, en su declaración patrimonial Romero Martínez afirma haber trabajado en Pemex Transformación Industrial como subdirectora de atención al público y gestión documental, desde el 16 de agosto de 2020.

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¿Quién es Gabriela Romero?

De acuerdo con la presidencia de la República, Gabriela Romero Martínezcuenta con más de 25 años de experiencia en la administración pública. “Se ha desempeñado tanto en el gobierno federal como en el gobierno de la Ciudad de México, así como en las alcaldías Tláhuac y Tlalpan”, se lee en un comunicado.

En su experiencia laboral se menciona que trabajó como subdirectora de Promoción y Fomento para la Equidad en la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno de la Ciudad de México, misma dependencia en la que también se desempeñó como coordinadora del programa de asistencia social IASIS, que atiende población vulnerada, y responsable del registro de organizaciones de la sociedad civil.

También fue coordinadora de Ventanilla Única Delegacional en la alcaldía Tlalpany también ha colaborado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y en la alcaldía Tláhuac.

Asimismo, fue diputada federal suplente en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados.

“Ha tomado cursos sobre la Ley Federal de Austeridad Republicana; combate al acoso sexual y laboral, nueva ética e integridad en el servicio público; conflictos de interés en el ejercicio del servicio público, así como Escuela de Liderazgo para Mujeres Indígenas”, añade presidencia sobre la experiencia académica de la nueva funcionaria.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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