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Opinión

Nuevo León, la joya de la corona en el 2021. Por Caleb Ordóñez T.

Caleb Ordóñez T.

¿A qué huele Nuevo León? Quienes son orgullosamente de esa tierra, aseguran que huele a carne asada, hierba y campo. Nuevo León suena a acordeones y guitarras, acompañados de bombos y platillos.

El ruido en Monterrey es una constante, entre los miles de automóviles y sus claxons, entre las decenas de personas hablando a pulmón abierto en las muchas cantinas y bares, en las terrazas donde la gente disfruta con cantos y abrazos, fuertes, de esos que se reconocen norteños.

Allá se habla fuerte y sin tapujos, las groserías dejan de ser tan altaneras según el acento, ya sea de Monterrey, Apodaca, Guadalupe, Escobedo o San Pedro.

A Nuevo León lo gobierna un independiente que ha sido criticado hasta la médula; su estilo irreverente y desenfadado ha llegado al exceso de la misoginia y la desfachatez. Al siempre polémico “Bronco”,  Jaime Rodríguez Alarcón, se le acaba el tiempo y se le agota como agua entre las manos. No tiene delfín, alguien que pueda defenderlo en la vorágine del proceso electoral que estará al rojo vivo. Seguramente, el gobernador no duerme tranquilo.

No tardará mucho para que México entero fije sus ojos en el Estado neolonés. Ahí se fraguará una de las batallas más épicas en la novel democracia mexicana.

Las empresas encuestadoras se contradicen unas con otras, la realidad es que la elección de gobernador está “suelta”; no hay nada para nadie.

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Opinión

Legalizar el espionaje: La nueva tentación de MORENA

Lic. Jacques A. Jacquez

La reforma a la Ley del Sistema de Inteligencia —es decir, la llamada “ley espía”—, junto con la reciente propuesta del gobierno federal para crear una curva biométrica, no pueden entenderse como hechos aislados. ¿Casualidad? Por supuesto que no. Se trata de una estrategia cuidadosamente diseñada como parte de una política pública orientada a recolectar datos sensibles de la población.

¿Y por qué podemos suponer que estos datos podrían utilizarse de forma indebida? Porque ya ha ocurrido. Porque ha sido una práctica constante de este gobierno emplear información personal para exhibir, ridiculizar o amedrentar a quienes disienten. Desde la conferencia mañanera, hemos visto al expresidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, mostrar estados de cuenta bancarios, declaraciones fiscales y otros datos sensibles de personas que él mismo ha etiquetado como adversarios o enemigos políticos.

Los casos de espionaje y uso indebido de información personal por parte de gobiernos emanados de Morena son cada vez más evidentes. En la Ciudad de México, la Fiscalía encabezada por Ernestina Godoy solicitó, sin orden judicial, registros telefónicos de políticos de oposición como Santiago Taboada y Lilly Téllez, en lo que diversos medios calificaron como espionaje ilegal. En Campeche, la gobernadora Layda Sansores difundió audios editados de figuras políticas en su programa oficial, sin esclarecer el origen de esas grabaciones. A nivel federal, el propio presidente López Obrador ha revelado públicamente datos fiscales y bancarios de adversarios políticos como Xóchitl Gálvez, violando su derecho a la privacidad. Además, investigaciones de organizaciones como Citizen Lab y Amnistía Internacional han documentado el uso del software Pegasus por parte del Ejército mexicano durante este sexenio para espiar a periodistas y defensores de derechos humanos. Todos estos hechos reflejan un patrón preocupante: el uso del aparato del Estado para vigilar, intimidar y exhibir a quienes piensan distinto.

Esas personas, que deberían estar protegidas por el Estado, hoy son objetivos institucionalizados. Se han convertido en blancos prioritarios en un intento por silenciar voces críticas e inhibir el disenso. Lo que antes era una práctica excepcional —el espionaje selectivo, el uso encubierto de información— hoy amenaza con convertirse en norma. Se pretende legalizar la posibilidad de que el Estado mexicano espíe a sus ciudadanos.

Y eso es lo verdaderamente grave: ya no se trata de prácticas oscuras que debían ocultarse, sino de disposiciones que se buscan justificar con argumentos de seguridad o eficiencia gubernamental, mientras se normaliza la violación a la privacidad. Se institucionaliza el espionaje como si fuera parte natural de la vida democrática.

Es cierto: ningún país está exento del uso de la inteligencia estatal. No ocurre solo en México; es una realidad global. Pero aquí estamos yendo más lejos: estamos permitiendo que se convierta en ley. Le estamos abriendo la puerta a la vigilancia permanente, a la intervención de nuestras comunicaciones, a la recopilación masiva de datos biométricos. Y todo esto, sin las garantías adecuadas, sin controles, sin transparencia.

Nos enfrentamos a un punto de quiebre. No es un tema técnico ni menor. Es una clara violación a los derechos humanos. Y lo más peligroso: lo estamos normalizando.

Frente a ello, es nuestra responsabilidad seguir alzando la voz. No es lo correcto. No es lo legal. Y, sobre todo, no es lo que un Estado democrático debe permitir.

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