El Gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda, señaló que Nuevo León tiene la oportunidad de buscar un perfil sin atadura política, técnico y ciudadano para encabezar la Fiscalía General de Justicia en el estado, pues indicó que actualmente no rinde cuentas a la ciudadanía.
Afirmó que el Estado tiene la oportunidad en el corto plazo de designar al mejor abogado o abogada de Nuevo León sin intereses políticos o ataduras electorales.
Tras sostener una reunión con integrantes del Consejo Nuevo León y del World Justice Project México, el Mandatario también mencionó que quien esté al frente del órgano autónomo, debe llevar a cabo procesos sólidos, ya que anteriormente la discrecionalidad aplicada en los casos alejó la justicia.
Por otra parte, dijo que la Fiscalía General de Justicia ahora sí debe colaborar con la Secretaría de Seguridad del Estado, con un plan conjunto de persecución penal en delitos graves y de alto impacto. No malinterpretar la independencia como ente por separado, sino como un ente colaborativo del poder Ejecutivo y una Agencia Estatal de Investigación coordinada con Fuerza Civil.
“Nuevo León debe darse la oportunidad de poner un perfil técnico y ligero en la Fiscalía, Nuevo León necesita un perfil que esté sin ataduras políticas, ni partidos, porque de continuar así, su Sistema de Justicia Penal no va a mejorar, porque el diseño de discrecionalidad va a volver omnipotente al próximo Fiscal”, declaró.
“Debemos aprovechar la nueva Constitución y la coyuntura de renuncia del anterior Fiscal para buscar tener la mejor Fiscalía local del país en el mediano plazo”
“Por eso reitero que la o el próximo Fiscal debe realizar procesos que le den solidez al órgano autónomo de justicia, empezando por un plan de persecución penal en delitos graves y de alto impacto que esté coordinado con la Secretaría de Seguridad del Estado.
“Además tenemos la oportunidad en el corto plazo, de que las y los ciudadanos tengan una Fiscalía que no tenga ataduras y que rinda cuentas a toda la población”, agregó.
Por otra parte, en el encuentro el Gobernador firmó como testigo de honor el Memorando de Entendimiento celebrado entre el Consejo Nuevo León y el World Justice Project.
El memorando tiene como objetivo generar información basada, principal, pero no únicamente, en el Índice de Estado de Derecho en México, la colaboración en el diseño y propuesta de políticas públicas que fortalezcan el Estado de Derecho en la entidad.
Así como la evaluación y seguimiento de las políticas públicas propuestas a través de los instrumentos de medición que ya genera el World Justice Project.
El Presidente Ejecutivo del Consejo Nuevo León, Jesús Viejo González, reconoció el trabajo que ha realizado el World Justice Project en la medición del Estado de Derecho, y destacó la cooperación técnica que mantienen.
Durante más de una década, el World Justice Project ha aplicado encuestas en más de 130 países para medir, desde una perspectiva ciudadana, su grado de adhesión al Estado de Derecho.
En la reunión estuvieron presentes Mauro Guerra, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso; Arturo Salinas, Presidente del Tribunal Superior de Justicia; Mario Silva, Secretario Técnico del Gobierno del Estado; María Teresa Herrera, Contralora del Estado; Ximena Peredo, Secretaria de Participación Ciudadana; y Gerardo Palacios Pámanes, Secretario de Seguridad.
Samuel García: Nuevo León necesita un Fiscal sin atadura política
También asistieron Alejandro González Arreola, Director de Rule of Law Projects del WJP; Eréndida González, Team Leader del Índice de Estado de Derecho en México; Estefany Caudillo, Investigadora del Índice de Estado de Derecho en México, el Rector de la UANL, Santos Guzmán, entre otros integ
En México y en la política, lo que parece pasado, siempre regresa para explicar el presente. Hay nombres que regresan una y otra vez como si fueran espectros empeñados en recordarnos las fracturas del sistema. Uno de ellos es César Horacio Duarte Jáquez, exgobernador de Chihuahua (2010-2016), figura central de uno de los expedientes de corrupción más voluminosos en la historia reciente del país.
Karen Torres A.
Y ahora, tras años de idas y venidas judiciales, vuelve a los titulares: la Fiscalía General de la República ordenó su recaptura y lo trasladó al penal de máxima seguridad del Altiplano.
Este episodio no ocurre en el vacío. Es parte de una historia que lleva casi una década escribiéndose entre detenciones, extradiciones, procesos fragmentados y una libertad condicional que muchos chihuahuenses vieron como una burla abierta.
Pero también es un movimiento político que envía un mensaje contundente: la nueva administración federal quiere que se entienda que, al menos en la Fiscalía, el viejo pacto de impunidad ya no opera “para algunos”. Y Duarte es la vívida señal, ojalá esto no se trate únicamente de justicia selectiva.
Duarte huyó de México en 2017, cuando la entonces Fiscalía de Chihuahua, bajo el gobierno de Javier Corral, integró al menos 21 órdenes de aprehensión en su contra. Los cargos eran amplios y concretos:
Peculado agravado por más de 1,200 millones de pesos,
Desvío de recursos públicos hacia campañas priistas,
Enriquecimiento ilícito,
Uso indebido de atribuciones y facultades
Y una red de empresas fantasma operadas desde su círculo íntimo.
Fue detenido en Miami el 8 de julio de 2020 en Estados Unidos. Ahí pasó 2 años mientras se resolvía un proceso de extradición. Finalmente, en junio de 2022, el gobierno estadounidense lo entregó a México bajo cargos de peculado agravado y asociación delictuosa.
Su llegada al país fue presentada por la Fiscalía como un triunfo institucional. Pero para Chihuahua comenzaba un capítulo distinto: la prisión preventiva en el Cereso de Aquiles Serdán, donde Duarte permaneció alrededor de 2 años más, entre audiencias diferidas, cambios de jueces y tácticas legales el caso se fue transformando en un rompecabezas jurídico que pocos lograron seguir con claridad.
Llegó la cuestionada libertad condicional de 2024:
En agosto de 2024, en una audiencia sorpresiva, Duarte obtuvo libertad condicional bajo el argumento de que llevaba tiempo suficiente privado de la libertad y que su conducta había sido “adecuada”, sin haber recibido sentencia alguna.
La imagen era insólita: un político acusado de desviar más de mil millones de pesos, señalado de haber quebrado fondos públicos y endeudado al estado por generaciones…