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Opinión

«Nuevo León necesita un Fiscal sin atadura política»

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El Gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda, señaló que Nuevo León tiene la oportunidad de buscar un perfil sin atadura política, técnico y ciudadano para encabezar la Fiscalía General de Justicia en el estado, pues indicó que actualmente no rinde cuentas a la ciudadanía.

Afirmó que el Estado tiene la oportunidad en el corto plazo de designar al mejor abogado o abogada de Nuevo León sin intereses políticos o ataduras electorales.

Tras sostener una reunión con integrantes del Consejo Nuevo León y del World Justice Project México, el Mandatario también mencionó que quien esté al frente del órgano autónomo, debe llevar a cabo procesos sólidos, ya que anteriormente la discrecionalidad aplicada en los casos alejó la justicia.

Por otra parte, dijo que la Fiscalía General de Justicia ahora sí debe colaborar con la Secretaría de Seguridad del Estado, con un plan conjunto de persecución penal en delitos graves y de alto impacto. No malinterpretar la independencia como ente por separado, sino como un ente colaborativo del poder Ejecutivo y una Agencia Estatal de Investigación coordinada con Fuerza Civil.

“Nuevo León debe darse la oportunidad de poner un perfil técnico y ligero en la Fiscalía, Nuevo León necesita un perfil que esté sin ataduras políticas, ni partidos, porque de continuar así, su Sistema de Justicia Penal no va a mejorar, porque el diseño de discrecionalidad va a volver omnipotente al próximo Fiscal”, declaró.

“Debemos aprovechar la nueva Constitución y la coyuntura de renuncia del anterior Fiscal para buscar tener la mejor Fiscalía local del país en el mediano plazo”

“Por eso reitero que la o el próximo Fiscal debe realizar procesos que le den solidez al órgano autónomo de justicia, empezando por un plan de persecución penal en delitos graves y de alto impacto que esté coordinado con la Secretaría de Seguridad del Estado.

“Además tenemos la oportunidad en el corto plazo, de que las y los ciudadanos tengan una Fiscalía que no tenga ataduras y que rinda cuentas a toda la población”, agregó.

Por otra parte, en el encuentro el Gobernador firmó como testigo de honor el Memorando de Entendimiento celebrado entre el Consejo Nuevo León y el World Justice Project.

El memorando tiene como objetivo generar información basada, principal, pero no únicamente, en el Índice de Estado de Derecho en México, la colaboración en el diseño y propuesta de políticas públicas que fortalezcan el Estado de Derecho en la entidad.

Así como la evaluación y seguimiento de las políticas públicas propuestas a través de los instrumentos de medición que ya genera el World Justice Project.

El Presidente Ejecutivo del Consejo Nuevo León, Jesús Viejo González, reconoció el trabajo que ha realizado el World Justice Project en la medición del Estado de Derecho, y destacó la cooperación técnica que mantienen.

Durante más de una década, el World Justice Project ha aplicado encuestas en más de 130 países para medir, desde una perspectiva ciudadana, su grado de adhesión al Estado de Derecho.

En la reunión estuvieron presentes Mauro Guerra, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso; Arturo Salinas, Presidente del Tribunal Superior de Justicia; Mario Silva, Secretario Técnico del Gobierno del Estado; María Teresa Herrera, Contralora del Estado; Ximena Peredo, Secretaria de Participación Ciudadana; y Gerardo Palacios Pámanes, Secretario de Seguridad.

Samuel García: Nuevo León necesita un Fiscal sin atadura política

Samuel García: Nuevo León necesita un Fiscal sin atadura política

También asistieron Alejandro González Arreola, Director de Rule of Law Projects del WJP;  Eréndida González, Team Leader del Índice de Estado de Derecho en México; Estefany Caudillo, Investigadora del Índice de Estado de Derecho en México, el Rector de la UANL, Santos Guzmán, entre otros integ

Opinión

Estados Unidos comienza a sentir los efectos de una política de inmigración cercana a cero

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A un año del endurecimiento de la política migratoria impulsada por la administración del presidente Donald Trump, diversas comunidades y sectores económicos de Estados Unidos comienzan a registrar los efectos de una reducción sostenida de la población nacida en el extranjero. Hospitales, empresas, escuelas y organizaciones comunitarias enfrentan ausencias que ya impactan su funcionamiento cotidiano.

De acuerdo con estimaciones de Oxford Economics, la inmigración neta se ubica actualmente en alrededor de 450 mil personas al año, una cifra muy inferior a los dos o tres millones anuales registrados durante la administración anterior. En 2024, la población nacida fuera del país alcanzó el 14.8 por ciento del total nacional, el nivel más alto desde 1890, aunque la tendencia apunta a una desaceleración marcada.

Las restricciones incluyen el aumento de tarifas de visas, una reducción casi total en la admisión de refugiados, la caída en el ingreso de estudiantes internacionales y la eliminación de programas de estatus legal temporal. El gobierno federal ha informado la expulsión de más de 600 mil personas, mientras que funcionarios han señalado que el objetivo es aproximarse a un escenario similar al de la década de 1920, cuando la inmigración neta llegó a cero.

Los cambios ya se reflejan en distintas regiones del país. En Luisiana, empresas constructoras reportan escasez de mano de obra; en Virginia Occidental, hospitales han perdido médicos y enfermeras formados en el extranjero; y en ciudades como Memphis, ligas deportivas comunitarias han visto disminuir su participación. En zonas con alta presencia migrante, comercios, iglesias y eventos culturales registran menor afluencia por el temor a detenciones.

En Marshalltown, Iowa, una ciudad donde cerca del 19 por ciento de la población es extranjera y se hablan decenas de dialectos en las escuelas públicas, las consecuencias también son visibles. Plantas procesadoras han reducido personal por la expiración de permisos laborales, proyectos de construcción se han visto afectados y familias inmigrantes han optado por retirar a sus hijos de las aulas ante la incertidumbre.

El impacto se extiende a sectores clave como la salud, la agricultura y el cuidado de personas mayores, donde una parte significativa de la fuerza laboral es inmigrante. Autoridades locales, empresarios y académicos coinciden en que, aunque los empleadores buscan alternativas como la automatización o el traslado de operaciones, muchas actividades siguen dependiendo del trabajo presencial.

Especialistas advierten que, a largo plazo, una inmigración reducida podría agravar los efectos del envejecimiento poblacional y limitar el crecimiento económico, especialmente en comunidades que han dependido de la llegada de nuevos habitantes para sostener su desarrollo.

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