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Opinión

Marx Arriaga: cuando la educación se volvió trinchera. Por Caleb Ordóñez T.

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La salida de Marx Arriaga del aparato educativo federal cerró un capítulo ruidoso, pero no el libro completo. Porque más allá del personaje, lo que deja este episodio es una historia conocida —aunque pocas veces contada con calma— sobre cómo la educación en México suele administrarse: entre egos, cuotas y pulsos políticos que poco tienen que ver con lo que pasa dentro del salón de clases.

Arriaga no fue un funcionario gris. Al contrario: fue protagonista. Defendió con convicción una visión específica de los libros de texto gratuitos y convirtió su gestión en una causa. Eso lo volvió visible, influyente… y también prescindible. En educación, cuando el conflicto escala, el sistema rara vez se corrige; simplemente cambia de rostro.

Los números ayudan a dimensionar el tamaño del problema. Cada año, el Estado mexicano distribuye más de 150 millones de libros de texto gratuitos a través de la CONALITEG. Es uno de los programas editoriales más grandes del mundo. Pero ese volumen contrasta con la fragilidad del consenso que lo sostiene. Cambian equipos, cambian prioridades, cambian narrativas, y los libros —que deberían ser un punto de estabilidad— se convierten en terreno de disputa.

Mientras tanto, más de 1.2 millones de docentes en educación básica reciben materiales y lineamientos que se ajustan con rapidez, pero sin el mismo cuidado en la capacitación. El maestro no siempre sabe si el cambio responde a una mejora pedagógica o a una decisión política. Y cuando esa duda se instala, la implementación se vuelve irregular.

Los resultados están a la vista. En la última evaluación PISA disponible, México se mantuvo por debajo del promedio internacional: alrededor de 395 puntos en matemáticas, 415 en lectura y 410 en ciencias, frente a promedios globales que rondan los 470–480 puntos. No son cifras nuevas ni sorprendentes, pero sí persistentes. Y esa persistencia sugiere que el problema no es un sexenio ni un funcionario, sino un modelo que cambia formas sin transformar el fondo.

La historia de siempre: el botín político de la educación.

El caso Arriaga también expone cómo la educación suele operar como espacio de poder simbólico. Definir contenidos no es solo decidir qué se enseña, sino qué país se imagina. Por eso los debates se vuelven tan intensos y, a veces, tan poco técnicos. Se discute más el mensaje que el método, más la intención que el impacto real en el aprendizaje.

Desde fuera, esa dinámica proyecta una imagen incómoda. México aparece como un país que discute la educación desde la confrontación interna, no desde la mejora continua. En un contexto global donde el conocimiento, la innovación y las habilidades críticas son la moneda fuerte, esa señal pesa.

¿Se puede hacer distinto? Sí, pero requiere decisiones menos espectaculares y más estructurales.

Primero, sacar los contenidos básicos del vaivén político. No congelarlos, sino someterlos a revisiones periódicas con reglas claras, evaluaciones públicas y participación real de especialistas y docentes de aula.

Segundo, alinear libros, capacitación y evaluación. No tiene sentido rediseñar materiales si no se invierte con la misma fuerza en formar a quien los va a usar. Hoy, ese es uno de los grandes cuellos de botella.

Tercero, transparentar los procesos de decisión. Quién participa, con qué criterios y con qué indicadores de éxito. Cuando eso se aclara, baja la polarización y sube la confianza.

Y cuarto, recordar algo básico: enseñar a pensar es más rentable que imponer una visión. Los sistemas educativos más sólidos no son los más ideológicos, sino los más consistentes.

La salida de Marx Arriaga no arregla la educación mexicana, pero deja una lección útil: mientras los libros, los programas y las aulas sigan tratándose como territorios de poder, los cambios serán ruidosos y los resultados modestos.

La educación no debería ser el botín de nadie. Debería ser, simplemente, el proyecto más serio del país.

Opinión

¿Por qué Roberto Lazzeri? La hora de negociar duro. Por Caleb Ordóñez Talavera

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Cuando un país decide quién lo representa en Washington, no solo elige un nombre: elige una estrategia. Y México acaba de elegir números sobre discursos.

Caleb Ordoñez

Roberto Lazzeri Montaño —economista del CIDE, operador financiero de carrera, arquitecto silencioso de deuda pública y crédito productivo— está a punto de convertirse en el embajador mexicano en Estados Unidos justo cuando la relación bilateral entra a su etapa más técnica, más tensa y más cara de la historia reciente.

No es coincidencia. Es cálculo.

Es un hombre que viene de los números. Lazzeri no llegó a la política por la puerta grande de los partidos ni por los reflectores del activismo. Llegó en 2005 por las hojas de cálculo del entonces Distrito Federal, manejando deuda pública cuando la mayoría de los funcionarios de su generación todavía aprendían el oficio. De ahí pasó a Banobras, luego a la Secretaría de Hacienda, y eventualmente a dirigir simultáneamente Nafin y Bancomext —los dos brazos del crédito productivo del Estado mexicano— en uno de los momentos más volátiles para el financiamiento externo del país.

Su cercanía con la 4T no es ideológica en el sentido clásico: es funcional. Trabajó directamente con Rogelio Ramírez de la O, el cerebro económico del obradorismo, y entendió —mejor que muchos— cómo sostener estabilidad macroeconómica dentro de un proyecto político que desconfía de los mercados pero los necesita. Eso lo hace valioso para Claudia Sheinbaum: no solo entiende el modelo, sino que sabe ejecutarlo sin romperlo.

¿Por qué ahora y por qué él?

Esteban Moctezuma no sale de Washington por fracaso. Sale porque el tablero cambió de juego. Desde 2021 fue el interlocutor ideal para una etapa de transición: perfil conciliador, relaciones sólidas, útil en el paso de Trump a Biden y en la consolidación inicial del TMEC. Cumplió y seguramente seguirá en la vida diplomática de primer nivel.

Pero lo que viene no se gestiona con diplomacia política. Se gestiona con ingeniería económica.

El comercio bilateral entre México y Estados Unidos supera los 900 mil millones de dólares anuales. Más del 80% de las exportaciones mexicanas dependen del mercado estadounidense. La revisión del TMEC se aproxima en 2026 con sectores enteros bajo presión —automotriz, acero, aluminio, energía— mientras Washington mantiene un discurso endurecido sobre fentanilo, migración y crimen organizado que complica cualquier conversación comercial.

A ese escenario se suman dos relojes políticos que corren en paralelo: el Mundial 2026, donde México coorganiza con Estados Unidos y Canadá una logística de seguridad e inversión sin precedentes, y las elecciones intermedias americanas, donde el proteccionismo y la retórica antiinmigrante históricamente se disparan. Lazzeri aterrizaría en Washington justo cuando los tres se cruzan.

La apuesta y el riesgo

Mandar a un financiero a la embajada más importante del país es un mensaje que Washington sabe leer: lo que viene es negociación dura, no protocolo. Pero esa misma fortaleza es su mayor vulnerabilidad.

Lazzeri llega sin red política propia en Estados Unidos, sin los vínculos personales que toman años construir con congresistas, reguladores y grupos empresariales. En una capital donde las relaciones informales mueven tanto como los tratados formales, eso importa. Y el tiempo para construirlas será escaso: la revisión del TMEC no esperará a que el nuevo embajador encuentre su ritmo.

Su verdadero reto no es técnico. Es traducir credibilidad financiera en poder diplomático real: negociar aranceles sin sacrificar industrias mexicanas, defender el tratado sin contradecir la narrativa nacionalista de la 4T y mantener la confianza de los inversionistas extranjeros en un entorno global que premia la certeza y castiga la ambigüedad.

En la relación más importante (y más costosa) que tiene México, no hay margen para la curva de aprendizaje. Lazzeri lo sabe. La pregunta es si Washington también está dispuesto a escuchar al técnico que llega a cambiar las reglas del juego o solo a administrarlas.????????????????

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