La nueva legislatura que inicia en septiembre próximo, tendrá desafíos importantes que resolver, pues los nuevos diputados recibirán al llegar los criterios generales de política económica, que envía el Ejecutivo donde se incluyen la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos para el 2016, en un ambiente de severas restricciones presupuestales, pero adoptando la técnica de “Presupuesto base Cero”, que aunque es de viejo cuño, nunca había sido aplicada en México y demandará de su asimilación y entendimiento.
En lo que atañe a nuevas leyes y reformas, destacan: La Ley General de Aguas, , la Ley del Acotamiento del Fuero, así como la reducción de la mitad de los diputados plurinominales y La Reforma Política del Distrito Federal.
La aprobación de la Ley General de Aguas es urgente, pues quedó pendiente de cumplirse el mandato constitucional del 8 de febrero del 2012, que resultó de la modificación al artículo 4º donde se reconoce el acceso al agua y saneamiento como un derecho humano… y ya han pasado 3 años y sigue sin cumplirse dicho mandato.
Su aprobación apremia en virtud de que la Ley de Aguas Nacionales vigente, tiene 23 años de haberse emitido y en ese trayecto, el crecimiento demográfico y la falta de racionalidad en los usos del agua por el abuso y sobreexplotación, más la progresiva contaminación han impactado rigurosamente las condiciones de disponibilidad.
Otra iniciativa de ley que frenaron los senadores y que tiene como objetivo evitar la impunidad de los servidores públicos, es la de “Acotamiento del fuero a los legisladores”, la cual debe vincularse totalmente con la Ley Anticorrupción, pues busca evitar que servidores públicos corruptos o vinculados con el crimen organizado en su desempeño anterior, se refugien en ambas cámaras y puedan eludir la justicia amparados en el “fuero”.
El corazón de dicha medida, es que si alguno de esos personajes cometieron delitos graves o ilícitos de peculado, corrupción o de vinculación con el crimen organizado, puedan ser juzgados por un juez y llevados tras la rejas una vez que éste dicte sentencia.
Los ciudadanos continúan preguntándose ¿porqué no se han reducido o eliminado el número de diputados plurinominales? no sólo por lo que se gasta en ellos, sino por lo complicado que resulta tomar decisiones con 500 diputados, donde un tercio de ellos carecen de legitimidad ciudadana. Esta es una iniciativa del PRI y en particular del presidente EPN quien ofreció en campaña reducir a la mitad el número de diputados que llegan por esta vía.
El otro gran pendiente es la Reforma Política del Distrito Federal, que obliga a reformar diversos artículos de la Carta Magna para transformar al Distrito Federal en la Ciudad de México, definida como la entidad federativa que es la sede de los Poderes de la Unión y la capital de los Estados Unidos Mexicanos.
La Ciudad de México quedaría como entidad federativa con autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización política y administrativa; precisando que adoptará la forma de gobierno republicana, representativa, democrática y laica.
En consecuencia, con la Reforma se faculta a la Ciudad de México para expedir su propia Constitución Política, la cual deberá ser aprobada por una Asamblea Constituyente antes del 31 de enero del 2017.
La Asamblea Constituyente de la Ciudad de México quedará conformada por 100 diputados de los cuales, 60 serán elegidos por la ciudadanía en comicios que se celebrarán el primer domingo de junio de 2016. Los 40 diputados constituyentes restantes serán designados de la siguiente manera: 14 legisladores por cada cámara del Congreso de la Unión, seis por el Presidente de la República y seis por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal. kamelathie@gmail.com
