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México

Oculta CDMX compra de patrullas

El gobierno de Miguel Ángel Mancera ha renovado desde 2012 a la fecha unas 6 mil 500 patrullas, cuyas características particulares están encriptadas y sólo se podrán conocer, por cuestiones de seguridad, hasta el año 2023.
La administración local reservó, con base en la Ley de Transparencia, los detalles de las unidades adquiridas, para las que se han invertido miles de millones de pesos.
El argumento de la Secretaría de Seguridad Pública es que revelar las características de las patrullas, que vigilan la ciudad durante las 24 horas de los 365 días del año, podría obstaculizar la prevención del delito.
De hecho, en algunos casos, la información se ha reservado hasta por siete años, de acuerdo con el índice de expedientes clasificados como reservados del Comité de Transparencia de la secretaria.
Por decisión tomada el 1 de septiembre pasado, a partir de una solicitud de información, dicho comité decidió que sólo se pueden conocer las versiones públicas de los contratos, con montos globales.
Con dicha información resultaría imposible realizar un estudio externo sobre eventuales sobreprecios de cada una de las unidades, pues se desconocen sus características y tipo de elementos con las que están equipadas.
Por ejemplo, será hasta mayo del 2023 cuando la ciudadanía pueda conocer los anexos técnicos de la compra de 160 unidades que el Gobierno de la Ciudad de México hizo a la empresa “AutoMundo”.
En la versión pública del contrato SSP/BE/A/258/2015, únicamente se puede saber el número de vehículos adquiridos y el monto de la compra, que en este caso asciende a los 101 millones 430 mil pesos.
De acuerdo con ese contrato, fechado en julio de 2015, algunas unidades adquiridas son camionetas Pick Up, doble cabina, Dodge, con sistema de videovigilancia, modelo RAM 20550 Crew Cab SLT 2015.
En agencia, el modelo más reciente al menudeo es de 540 mil pesos; sin embargo, el gobierno local pagó 609 mil 960 pesos por cada una de las 49 unidades que adquirió, ya dotadas de equipo de comunicación.
El 1 de septiembre de 2016, el Comité de Transparencia de la Secretaría de Seguridad Pública emitió un acuerdo de clasificación de información de acceso restringido, en su modalidad de Reservada y Confidencial.
“… difundir la información requerida obstaculizaría la prevención de delitos, en atención a que la misma contienen especificaciones técnicas de los equipos de radio comunicación, visual y acústica de las patrullas y moto patrullas, calibre del blindaje, balizamiento; especificaciones que de darse a conocer obstaculizarían el desempeño de las funciones de seguridad pública. El conocimiento público de la misma pondría al descubierto la calidad y características de los medios que esta Secretaría utiliza en el desempeño de sus funciones de prevención del delito”, dice el acuerdo.

El Financiero

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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