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Oficializa AMLO solicitud de consulta popular para enjuiciar a expresidentes

El presidente Andrés Manuel López Obrador se lanzó este martes contra sus cinco antecesores y solicitó realizar una consulta popular, el mismo día de las elecciones de 2021, para determinar si deben o no ser juzgados por los delitos que cometieron.

En el último día del plazo constitucional para pedir la realización del ejercicio, el mandatario firmó el documento que será entregado en las próximas horas al Senado para su procesamiento.

En conferencia, el mandatario leyó el documento que entregará en las próximas horas en el que arremetió contra las gestiones de los exmandatarios y el periodo neoliberal, y propone que se pregunte a los ciudadanos:

¿»Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen y en su caso sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?».

El politico tabasqueño pidió al Senado turnar su petición a las comisiones legislativas que corresponda para que sea procesada y, en su caso, turnada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que deberá determinar la constitucionalidad y procedencia de la misma.

Aunque la legislación vigente establece que la consulta popular debería realizarse en el mes de agosto, el presidente también planteó la posibilidad de que se realice el 6 de junio del 2021, es decir, el mismo día de la jornada electoral para renovar la Cámara de Diputados, 15 gubernaturas y miles de cargos municipales.

El titular del Ejecutivo leyó el documento de petición de consulta popular en el que consideró que el periodo neoliberal provocó violencia, pobreza, desigualdad y el quebrantamiento del Estado de Derecho.

«Presento formalmente a ustedes la siguiente petición de consulta popular para la jornada electoral que habrá de celebrarse el domingo 6 de julio del 2021 o en la fecha que establece el recién reformado Artículo 35 de la Constitución», leyó en conferencia.

«Primero: entre el 1 de diciembre de 1988 y el 30 de noviembre de 2018, México vivió un periodo caracterizado por la concentración desmesurada de la riqueza, quebrantos monumentales al erario, privatización de los bienes públicos, corrupción generalizada, procesos electorales viciados.

«Y prácticas gubernamentales que desembocaron en un crecimiento descontrolado de la violencia, la inseguridad pública, la violación masiva de derechos humanos, la impunidad como norma y el quebrantamiento del Estado de Derecho en extensas zonas del territorio nacional, esa etapa trágica de la vida del país se denomina periodo neoliberal o neoporfirista», prosiguió.

«Segundo: los males señalados en el párrafo anterior no corrieron de manera fortuita sino que fueron consecuencia de la aplicación durante cinco sexenios de un modelo político y económico elitista, antidemocrático, antinacional y antipopular».

Abundó en el punto tres que el neoliberalismo significó la pérdida de vidas, desapariciones, crecimiento de la pobreza, la desigualdad y marginación, y la descomposición social en el deterioro de los sistemas públicos de salud y de educación.

López Obrador dijo que el Consejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, estableció comunicación con Ricardo Monreal, líder de la bancada de Morena en el Senado, para que se reciba el escrito.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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