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México

Ofreció DEA negociar liberación del falso hijo de El Chapo

La duda sobre la verdadera identidad de Félix Beltrán León -confundido con Jesús Alfredo Guzmán Salazar- llevó a autoridades estadounidenses a ofrecerle libertad a cambio de asumirse como hijo de Joaquín «El Chapo» Guzmán, o delatar a sus cómplices.

Heriberto Rangel, abogado del joven, refirió que tras la captura de su cliente en Zapopan, Jalisco, el jueves, fue trasladado a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, donde se presentaron integrantes de la Agencia Federal Antidrogas (DEA) de Estados Unidos para presionarlo.

«Cuando se lo llevaron a la SIEDO, él me dice que llegando lo tuvieron como en cierto resguardo muchos marinos, en una horas más llegaron los de la DEA y pasaron dos de ellos. Le dijeron fírmale y luego se aclara quién eres. Refiere que hablaban inglés, uno le pedía que dijera que sí era esa persona (hijo de «El Chapo»), y el otro fue el que le dijo ‘a ver, quítate la camiseta’, y que ya cuando se la quitó, dijo ‘no es este ‘El Gordo’ (Guzmán Salazar -verdadero hijo del narco-), ‘El Gordo’ tiene una cicatriz.

«Le dijeron que señalara a personas y que lo dejaban ir, pero tampoco quiso, Félix les dijo por qué voy a decir que conozco y a acusar a gente que yo ni conozco», expresó el litigante.

El día de la captura de Beltrán León y de su medio hermano Kevin Daniel Beltrán Ríos, la Marina enfatizó que su ubicación había sido posible tras medio año de labores de inteligencia e intercambio de información con agencias estadounidenses.

Enseguida de que los jóvenes fueran expuestos ante los medios de comunicación, el vocero de la DEA en Washington, Rusty Payne, felicitó al Gobierno mexicano por «la victoria», sin embargo, a pocas horas, familiares de los detenidos se inconformaron por la equivocación de identidades.

De acuerdo con el defensor, Beltrán padeció en un principio la intimidación de la Marina, luego la de agentes de EU, pues en el acto no estuvo presente un abogado de oficio o el ministerio público.

Rangel precisó que su cliente se rehusó a signar un oficio para inculparse, sin embargo, teme que las autoridades mexicanas o estadounidenses intenten involucrar a su cliente mediante otras formas.

‘Tienen 40 días para inventar algo’

Los 40 días que Félix Beltrán León permanecerá en arraigo serán utilizados por las autoridades para «inventar» una historia que lo involucre con el crimen organizado y así evitar un mayor ridículo, aseguró Karla Pacheco Yépez, esposa del detenido.

«Pido y exijo al Gobierno que lo dejen libre, ya se comprobó que no es él, como también se va a comprobar que no hay tales acusaciones como comentan… Estos 40 días, lo que es la Marina va a empezar a armar, a crear su propia historia, van a empezar a armar su rompecabezas. Es claro que van a empezar a hacer su trabajo, ver de qué manera lo van a involucrar, porque como no es Alfredo (Jesús Alfredo Guzmán Salazar -hijo de Joaquín «El Chapo»- Guzmán) algo tiene que ser.

«Voy a esperar cuál es su historia inventada, que inventen, que le echen lo que quieran, yo tengo cómo comprobar que no, que mi esposo no tiene ningún vínculo con el narcotráfico, con ninguno, para que luego no le quieran achacar otro», explicó.

En un principio, la Marina y la PGR afirmaron que el joven era responsable de coordinar envíos de cocaína y heroína a Estados Unidos, además de proteger los bienes del capo, no obstante, tras conocerse su verdadera identidad se le señala como jefe de una célula del narcotraficante.

Hoy está en el Centro de Arraigo acusado de delincuencia organizada, posesión de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Ayer, Karla, acompañada de su suegra, Elodia León Vega, y de Marisela Ríos Soto, madre de Kevin Daniel Beltrán Ríos, se presentaron al inmueble de la PGR en la Colonia Doctores, para visitar a sus familiares, sin embargo, el ministerio público no les autorizó el acceso.

En tanto, Jesús Pacheco, uno de los abogados de Beltrán León, se dijo preocupado ante la posible tendencia parcial en las investigaciones.

«Queremos que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y los medios sean vigilantes de la resolución de vaya a tomar el ministerio público para ver si ejercita acción penal y luego el juez para saber si abre un proceso», expresó.

Ayer por la noche, familiares de los detenidos, acompañados de su defensor, acudieron a la CNDH para denunciar irregularidades y presuntos abusos en el caso, y solicitar su intervención.

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México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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