Conecta con nosotros

Slider Principal

Olimpia Coral, una de las 100 personas más influyentes de la revista Time

Hace siete años, la mexicana Olimpia Coral Melo fue víctima de una ‘pornovenganza’ por parte de una expareja: compartió contenido sexual explícito de ella sin su consentimiento. Eso la llevó al borde del suicidio. Pero también a impulsar una iniciativa que se volvió la ‘Ley Olimpia’ que desde 2018 castiga con cárcel a las personas que hagan en México lo que le hicieron a ella. Y ahora eso le ha valido para ser considerada una de las 100 personas más influyentes del legendario ranking de la revista Time.

“Melo Cruz y yo somos almas gemelas”, señala Amanda Nguyen, escritora del artículo de Olimpia en la afamada revista, “y espero que ella inspire a las personas de todo el mundo no solo a asumir esta causa, sino también a hablar por sí mismas. Puede ser difícil ser un sobreviviente, hablar sobre algo tan personal, pero el impacto de Melo Cruz no solo será significativo en este momento, será recordado en la historia, y la historia está de su lado”.

En 2013, cuando Olimpia tenía 18 años, era una estudiante destacada a nivel internacional en concursos de debate y oratoria. Vivía en Huauchinango, un pequeño pueblo de Puebla, en el centro de México. Tenía un novio desde hacía seis años. Se filmaron teniendo sexo. Él no aparecía en la filmación: ella sí. El video íntimo se difundió con virulencia y sin escrúpulos. Escaló en las redes sociales y en internet. Las redes sociales se burlaban de la “gordibuena de Huauchinango”.

En las páginas pornográficas explotaban su identidad y le exigían dinero para borrar el contenido.

Su novio pasó a ser ex: la abandonó “por vergüenza”. Ella permaneció encerrada en su casa ocho meses. Intentó quitarse la vida tres veces: en una de ellas la salvó un amigo que pasaba por el puente al que había ido a arrojarse. “No sé si él se dio cuenta, pero me salvó la vida”, reconoció después, cuando la depresión se transformó en su lucha y las ganas de morir en el motor de su causa.

El peor día de su vida fue cuando su madre se enteró que todo el pueblo había visto un video de su hija desnuda. Olimpia le confesó que quería morirse y le pidió ayuda para hacerlo. Su madre, oriunda de una comunidad indígena y analfabeta, le dijo mirándola a los ojos: “Todas cogemos. Tu prima, tu hermana, yo. La diferencia es que a tí te ven hacerlo. Eso no te hace una mala persona o una delincuente. Sólo disfrutaste tu vida sexual como lo hace cualquier persona. Vergüenza sería que hubieras robado o matado”.

Olimpia dijo que en esas palabras encontró la sororidad. Entendió que la culpa no era de ella. Comprobó que no era la única persona de la que la gente se burlaba en las redes sociales. Vio desde su ventana a una mujer plácidamente caminando por la calle que todos sabían que había robado veinte pares de zapatos y se preguntó por qué ella no salía de su casa si no había hecho nada malo. Decidió ir al Ministerio Público a radicar la denuncia.

El oficial que la recibió le pidió el video como recurso de constatación del relato. Por primera vez vio cómo alguien la veía teniendo sexo desnuda desde un teléfono. El policía después de reírse le lanzó: “No estabas ni borracha, ni drogada, ni te violaron. De acuerdo al código penal no hay delito”. Lo que le habían hecho no tenía nombre ni estaba tipificado en las leyes. Recopiló testimonios de otras mujeres que hubiesen pasado por lo mismo. Fundó el Frente Nacional para la Sororidad, dedicado al combate de la violencia en redes sociales, especialmente contra mujeres y niños.

Redactó una ley que denominó Reforma. La presentó en el Palacio Municipal de Puebla en marzo de 2014 con apenas 19 años. En el silencio se podían escuchar los susurros del público al ver en el estrado a la chica del video sexual. “Ustedes son los delincuentes, no yo”, les dijo.

Cuatro años después, en diciembre de 2018, el Congreso del estado de Puebla aprobó reformas al código penal en lo referente a delitos de violación contra la intimidad sexual para castigar con una pena de entre tres a seis años de cárcel a quien difunda fotografías o videos de carácter sexual sin consentimiento de los involucrados. El propósito de Olimpia se había cumplido. Una periodista le atribuyó, inocentemente, el mérito y en un artículo rebautizó la norma: todos empezaron a decirle Ley Olimpia.

La reglamentación se replicó velozmente en otros catorce estados mexicanos. El viernes 3 de diciembre de 2019 el Congreso de la Ciudad de México aprobó la norma que prevé condenas de hasta nueve años de prisión por crear o divulgar fotos y videos íntimos sin la aprobación de los actores. Al grito de “¡Sí se puede!” y de “¡Ni porno, ni venganza, la Ley Olimpia avanza!”, los colectivos feministas celebraron el avance en el otorgamiento de derechos.

Casi un año después, el jueves 5 de noviembre de 2020, el Senado de la República aprobó por unanimidad, con 87 votos a favor, la reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) y al Código Penal Federal para castigar la violencia digital. La Ley Olimpia impuso un nuevo artículo en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia: el sexto, el que habla de un nuevo concepto jurídico, la violencia digital.

“Son los actos de acoso, hostigamiento, amenazas, insultos, vulneración de datos e información privada, divulgación de información apócrifa, mensajes de odio, difusión de contenido sexual sin consentimiento, textos, fotografías, videos y/o datos personales u otras impresiones gráficas o sonoras, verdaderas o alteradas, o cualquier otra acción que sea cometida a través de las tecnologías de la Información y la comunicación, plataformas de Internet, redes sociales, correo electrónico, aplicaciones, o cualquier otro espacio digital y atente contra la integridad, la dignidad, la intimidad, la libertad, la vida privada o vulnere algún derecho humano de las mujeres”, reza la reforma.

El capítulo dos que trata la violación a la intimidad sexual precisa: “Comete el delito de violación a la intimidad sexual aquella persona que divulgue, comparta, distribuya o publique imágenes, videos o audios de contenido íntimo sexual de una persona que tenga la mayoría de edad, sin su consentimiento, su aprobación o su autorización. Así como quien videograbe, audiograbe, fotografíe, imprima o elabore imágenes, audios o videos con contenido íntimo sexual de una persona sin su consentimiento, sin su aprobación, o sin su autorización”.

El pasado 29 de abril, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la Ley Olimpia a nivel nacional, que tipifica y sanciona hasta con seis años de prisión a quien comparta un “pack” (material íntimo) sin tener el permiso expreso de la otra persona.

“Ella ha cambiado el mundo”, destaca la revista Time. “Eso es lo que ella simboliza”.

Escribe tu comentario

Comentarios

Continuar Leyendo
Publicidad Caleb Ordoñez 

Slider Principal

Sedena pagará casi 22 mdp por escultura de Felipe Ángeles para nuevo aeropuerto

La Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) pagará cerca de 22 millones de pesos por la escultura monumental del general Felipe Ángeles que se instalará en la entrada del nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

De acuerdo con el diario El Universal, en el contrato se detalla que para esta obra, de más de 10 metros de altura y 20 toneladas de peso que se ubicará a la entrada del aeropuerto, el Ejército Mexicano pagará a la escultora Edysa Ponzanelli 21 millones 983 mil 577 pesos.

Dicho monto se liquidará en cuatro pagos realizados entre 2021 y 2022 con un anticipo del 35% del monto total adjudicado, es decir, 7 millones 694 mil 252.16 pesos.

Edysa Ponzanelli le ha creado esculturas gobierno federal y para diversas administraciones locales; algunas de sus obras son la escultura del cantautor Juan Gabriel en el puerto de Acapulco, y la del expresidente Miguel Alemán que se encuentra en el Calzada de los Presidentes, en la antigua Residencia Oficial de Los Pinos.

Se prevé que el aeropuerto sea inaugurado el 21 de marzo de 2022.

En el contrato SDN/DN8/AIFA/12920-F11/2021-AD-001 se detalla que la escultura del general revolucionario será de bronce fundido y que el autor entregará la obra con un revestimiento de poliuretano transparente para protegerla y preservar el efecto de pátina de la estatua.

“El proveedor debe entregar la escultura colocada en la rotonda que comunica las vías externas de la terminal de pasajeros desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, con fecha límite del 9 de marzo de 2022, junto con cualquier otra documentación que se haya generado con motivo de la firma de este contrato”, detalla el convenio.

El documento firmado indica que “todos los gastos, impuestos, derechos, seguro, el embalaje, transporte, carga, descarga, izado, montaje, colocación y/o cualquier otro gasto adicional derivado de la entrega de la escultura al domicilio de la obra corre por cuenta y riesgo del artista”.

Ponzanelli, señalado en el acuerdo, también tendrá la escultura terminada el 9 de marzo de 2022 como fecha límite para la entrega, unas semanas antes de que el presidente inaugure el nuevo aeropuerto.

Cabe recordar que en 2020, el escultor Pedro Ramírez Ponzanelli pagó sus impuestos en especie al Servicio de Administración Tributaria (SAT) con una escultura y un busto del presidente Andrés Manuel López Obrador, elaborado en bronce y granito.

Y que otro miembro de la familia, Óscar Ponzanelli, anunció que a través de la asociación de músicos, locutores y artistas “Realidades en mi Mundo Mágico, A.C.” realizaría una estatua de bronce del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Fuente: Proceso

Escribe tu comentario

Comentarios

Continuar Leyendo

Slider Principal

En México hay más de 200 mujeres presas por delitos relacionados con el aborto: ONG

Asociaciones feministas han detectado a más de 200 mujeres detenidas en México por crímenes relacionados con el aborto, por lo que exigen liberarlas tras el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que declaró inconstitucional su penalización.

Sin embargo, las mujeres no están condenadas de forma oficial por aborto, sino por delitos como homicidio en razón de parentesco, infanticidio, filicidio y omisión de cuidados, expuso Verónica Cruz, directora de la organización Las Libres, en entrevista con Efe.

“En el país no existen mujeres en la cárcel por el delito de aborto, existen 200 mujeres en las cárceles por delitos relacionados, son mujeres que tuvieron partos espontáneos, abortos prematuros o emergencias obstétricas y les configuraron delitos más graves”, advirtió.

Este martes se cumplió una semana del histórico fallo de la SCJN, que por primera vez declaró inconstitucional la penalización del aborto, un precedente histórico que impide encarcelar a las mujeres y personal médico que las ayuden con consentimiento.

La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) pidió revisar 432 carpetas de investigación abiertas por este delito entre enero y julio pasado en 27 estados del país.

Pero Cruz señaló que los jueces imputan a las mujeres estos otros cargos, aunque aclaró que “el que el delito de aborto se declare inconstitucional va a aminorar muchísimo la posibilidad de que también a estas mujeres las criminalicen con delitos mucho más graves”.

“Nos va a costar un poco más porque tenemos que ir cambiando el imaginario social, que dejen de criminalizar o imponer la maternidad a las mujeres, incluidas víctimas de violación”, reconoció.

El aborto, cuya criminalización es competencia local, solo está despenalizado en cuatro de los 32 estados: Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo y Veracruz.

El fallo de la SCJN invalidó el artículo 196 del Código Penal de Coahuila, estado que establecía hasta tres años de cárcel por aborto voluntario, por lo que el Gobierno del estado prometió la semana pasada acatar el fallo y liberar a mujeres detenidas.

Pero allí no hay mujeres presas por este crimen y no hay información clara sobre más detenidas, dijo a Efe Adriana Romo, de la Red de Mujeres de La Laguna, con sede en Torreón.

“Estamos rastreando porque pensamos que en Coahuila, según algunos casos de los que hemos sabido, el delito que se imputaba es el de homicidio en razón de parentesco”, indicó.

Romo expresó su “satisfacción” por el fallo de la SCJN, pero también “preocupación” por la inacción de los diputados locales para legalizar la interrupción del embarazo, no solo la derogación de las penas.

“Las mujeres en Coahuila seguirán en el limbo jurídico. Ese es nuestro temor porque es un tema que sabemos que va a ser muy polémico, que va a haber oposición de muchos sectores y que los legisladores piensan que va a tener costo para ellos”, observó.

También criticó que la Secretaría de Salud del estado se escude en la “objeción de conciencia”, un derecho que la Suprema Corte reconoció esta semana, pero con limitaciones.

“No puede obligar a los médicos, pero la Secretaría de Salud sí está obligada a contratar o a buscar personal médico que no sea objetor de conciencia”, señaló Romo.

Escribe tu comentario

Comentarios

Continuar Leyendo
Publicidad
Publicidad
Publicidad

Facebook

Publicidad
Publicidad

Lo más visto