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Opinión

Ómicron: la oportunidad contra la polarización. Por Caleb Ordóñez T.

Para el periodista Caleb Ordóñez la variante Ómicron abre una pequeña puerta al entendimiento político en México, para la reconciliación y unidad, eso porque todos estamos expuestos a retos que nunca habíamos esperado.


Caleb Ordóñez T.

Caleb Ordóñez Talavera

Cuando caminábamos hacia la normalidad el destino nos tenía una sorpresa desastrosa. Conocimos en este nuevo episodio de la pandemia global un enemigo más viral, potente y transmisible: la variante ómicron de Covid-19.

El pasado martes 11 de enero, una nueva marca histórica en el país se registraba, cuando México sumó 33,626 casos de COVID en 24 horas. Casi todos tenemos algún conocido que ha resultado positivo, desde que la nueva variante arrasó en los primeros días del año, llenando de incertidumbre unavez más a la sociedad mexicana, que no sabe cuándo, ni como nos levantaremos de esta maldita pandemia que nos ha afectado a todos.

 

En lo personal, como sobreviviente de un cuadro de neumonía viral a causa del virus en mi cuerpo y una secuela de la misma, que consistió en una polineuropatía periférica, escuchar la voz de los expertos sobre la nueva cepa es muy poco alentador.

Para el infectólogo y excomisionado contra la influenza en el país, el Dr. Alejandro Macías, el panorama es devastador, pues el avance del virus no tiene manera de ser detenido. El experto señaló en su cuenta de twitter: «Nunca una enfermedad infecciosa se había transmitido con la velocidad que lo hace la variante Ómicron. A este paso en México, la mitad de la población se infectará en las siguientes semanas».

Para el doctor Macías el aceleramiento de dicha variante nos amenaza latentemente para todo el primer tercio del año…

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Opinión

Legalizar el espionaje: La nueva tentación de MORENA

Lic. Jacques A. Jacquez

La reforma a la Ley del Sistema de Inteligencia —es decir, la llamada “ley espía”—, junto con la reciente propuesta del gobierno federal para crear una curva biométrica, no pueden entenderse como hechos aislados. ¿Casualidad? Por supuesto que no. Se trata de una estrategia cuidadosamente diseñada como parte de una política pública orientada a recolectar datos sensibles de la población.

¿Y por qué podemos suponer que estos datos podrían utilizarse de forma indebida? Porque ya ha ocurrido. Porque ha sido una práctica constante de este gobierno emplear información personal para exhibir, ridiculizar o amedrentar a quienes disienten. Desde la conferencia mañanera, hemos visto al expresidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, mostrar estados de cuenta bancarios, declaraciones fiscales y otros datos sensibles de personas que él mismo ha etiquetado como adversarios o enemigos políticos.

Los casos de espionaje y uso indebido de información personal por parte de gobiernos emanados de Morena son cada vez más evidentes. En la Ciudad de México, la Fiscalía encabezada por Ernestina Godoy solicitó, sin orden judicial, registros telefónicos de políticos de oposición como Santiago Taboada y Lilly Téllez, en lo que diversos medios calificaron como espionaje ilegal. En Campeche, la gobernadora Layda Sansores difundió audios editados de figuras políticas en su programa oficial, sin esclarecer el origen de esas grabaciones. A nivel federal, el propio presidente López Obrador ha revelado públicamente datos fiscales y bancarios de adversarios políticos como Xóchitl Gálvez, violando su derecho a la privacidad. Además, investigaciones de organizaciones como Citizen Lab y Amnistía Internacional han documentado el uso del software Pegasus por parte del Ejército mexicano durante este sexenio para espiar a periodistas y defensores de derechos humanos. Todos estos hechos reflejan un patrón preocupante: el uso del aparato del Estado para vigilar, intimidar y exhibir a quienes piensan distinto.

Esas personas, que deberían estar protegidas por el Estado, hoy son objetivos institucionalizados. Se han convertido en blancos prioritarios en un intento por silenciar voces críticas e inhibir el disenso. Lo que antes era una práctica excepcional —el espionaje selectivo, el uso encubierto de información— hoy amenaza con convertirse en norma. Se pretende legalizar la posibilidad de que el Estado mexicano espíe a sus ciudadanos.

Y eso es lo verdaderamente grave: ya no se trata de prácticas oscuras que debían ocultarse, sino de disposiciones que se buscan justificar con argumentos de seguridad o eficiencia gubernamental, mientras se normaliza la violación a la privacidad. Se institucionaliza el espionaje como si fuera parte natural de la vida democrática.

Es cierto: ningún país está exento del uso de la inteligencia estatal. No ocurre solo en México; es una realidad global. Pero aquí estamos yendo más lejos: estamos permitiendo que se convierta en ley. Le estamos abriendo la puerta a la vigilancia permanente, a la intervención de nuestras comunicaciones, a la recopilación masiva de datos biométricos. Y todo esto, sin las garantías adecuadas, sin controles, sin transparencia.

Nos enfrentamos a un punto de quiebre. No es un tema técnico ni menor. Es una clara violación a los derechos humanos. Y lo más peligroso: lo estamos normalizando.

Frente a ello, es nuestra responsabilidad seguir alzando la voz. No es lo correcto. No es lo legal. Y, sobre todo, no es lo que un Estado democrático debe permitir.

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