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México

Omisión de juez y descuido federal llevan a liberación de papá de ‘El Marro’

La tarde de este viernes, Rodolfo Juan “N”, padre del prófugo líder del cartel de Santa Rosa de Lima, José Antonio Yépez Ortiz, el “Marro”, fue liberado tras el pago de una fianza de 10 mil pesos.

Esta detención se había llevado a cabo el 5 de mayo en la Colonia Arboledas, en Celaya, en un operativo coordinado por las Fuerzas de Seguridad del Estado de Guanajuato y de la Fiscalía General del Estado (FGE) al ser localizado mientras manejaba una camioneta robada.

Tras una larga audiencia en la Fiscalía de la Región C, el padre del líder del Cártel de Santa Rosa solo enfrentó el cargo de “robo equiparado”, que le dio el beneficio de recuperar la libertad.

A pesar de que autoridades de procuración de justicia de Guanajuato presentaron pruebas para intentar mantenerlo en prisión, una juez resolvió dejarlo en libertad sin que la Federación presentara más cargos.

Un día después del operativo en contra del padre de El Marro, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Alfonso Durazo, confirmó en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador su detención con la presunción de incorporar más delitos, aparte del robo equiparado, sin embargo, la Fiscalía General de la República (FGR) nunca presentó más cargos.

Así que en la tarde del viernes, abogados de Rodolfo Juan “N”, tras la revisión de medidas cautelares y basados en el Artículo 155, lograron acordar el pago en efectivo de la fianza, debido a que “robo equiparado” no se cataloga como grave y no amerita prisión preventiva.

A principios de febrero, la pareja del líder del cartel de Santa Rosa de Lima, Karina “N”, también fue liberada por un juez federal a pesar de que fue hallada en una casa de seguridad en posesión de armamento de alto poder, explosivos y dinero de procedencia ilícita.

Fuente: Excelsior

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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