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México

ONU adopta 25 resoluciones a favor de derechos humanos

El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas adoptó 25 resoluciones, dos de ellas sometidas por México, y centró su atención en el conflicto de Siria por su alcance, duración y el número de víctimas.

Entre los acuerdos adoptados, el Consejo resaltó el trabajo de la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Siria y destacó la importancia de su labor en apoyo a los esfuerzos para que los responsables de violaciones de los derechos humanos rindan cuentas ante la justicia.

En otra resolución, el Consejo pidió al Alto Comisionado llevar a cabo una misión de determinación de hechos y una investigación exhaustiva sobre las denuncias de violaciones de abusos contra los derechos humanos y delitos graves cometidos en Sudán del Sur.

El Consejo también aprobó solicitar al gobierno de Myanmar poner fin a la incitación al odio contra musulmanes Rohingya, y pidió al Alto Comisionado un informe sobre los abusos sufridos por los musulmanes rohingya y otras minorías en este país.

Además el Consejo instó a las Altas Partes Contratantes en el Cuarto Convenio de Ginebra para garantizar el respeto del derecho internacional humanitario en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén Oriental.

En otra resolución, impulsada por México, el Consejo acordó que el terrorismo no puede y no debe vincularse con ninguna religión.

Instó a los Estados implicados en la lucha contra el terrorismo a revisar sus prácticas y legislación en materia de supervisión y la interceptación de las comunicaciones y la recolección de datos personales.

En otro texto sometido por México, el Consejo aprobó invitar a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos a que presente un estudio sobre la situación de los migrantes en tránsito y llamó a protegerlos en su recorrido ya sea por vía terrestre, aérea o marítima.

Asimismo, llamó a los Estados adoptar todas las medidas apropiadas para modificar los patrones de conducta con el objetivo de lograr la eliminación de prejuicios y prácticas consuetudinarias que se basan en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres.

Otra resolución, copatrocinada por México y Colombia, se refiere a la intensificación de los esfuerzos para eliminar todas las formas de violencia contra la mujer, en particular la violencia doméstica.

La próxima sesión ordinaria del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra se llevará a cabo del 14 septiembre al 2 octubre 2015.

Fuente: Azteca Noticias

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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