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Opinión: Sexenio de vacas flacas y balas gordas por Víctor M. Quintana S

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Tan sólo mes y medio Felipe Calderón trazó con toda claridad dos líneas básicas de su gobierno hace cinco años: en diciembre de 2006, vestido de soldado, inició la ofensiva que nos ha acarreado 50 mil muertos. En enero del siguiente año, no pudo contener el aumento al precio de la tortilla y el país se despeñó en una severa crisis alimentaria. Política de seguridad y política agroalimentaria han sido dos de los principales fracasos del sexenio.

Las últimas semanas han ido cayendo los datos que revelan las llamadas no atendidas y las oportunidades perdidas en materia de alimentación. Apenas la semana pasada, el Coneval (Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social), en su Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2011, dio a conocer que entre 2008 y 2010 se incrementó en 4.2 millones el número de personas en pobreza alimentaria en nuestro país, para alcanzar ya el número de 28 millones, uno de cada cuatro mexicanos. No se toma en cuenta, es obvio, el terrible saldo de pobres alimentarios que arroja la sequía que comenzó el año pasado. Algunos analistas calculan que el número de personas en hambruna podrá dispararse hasta 3 millones.

El problema no sólo es el de por sí abultado número de personas que están en pobreza alimentaria o franca hambruna. Radica en que la gente tiene cada vez más dificultad para comprar sus alimentos, pues éstos incrementan su precio más que el salario: al comenzar el sexenio que agoniza, con un salario mínimo se podían comprar 8.1 kilos de tortillas; hoy, 5.3 (La Jornada, 8 de diciembre de 2011, nota de Juan Antonio Zúñiga).En 2006, 48 piezas de pan, hoy sólo 39; 5.7 litros de leche, contra 4.2 de ahora. Y del frijol ni hablemos, pues mientras al comenzar el gobierno calderonista se podían obtener 4.8 kilos con un salario mínimo diario, hoy apenas se pueden comprar dos, y falta que avance el año y pegue más la carestía provocada por el cambio climático.

Tanto la política salarial como la de producción y abasto de alimentos han sido equivocadas. Si desde el Estado se hubiera lanzado una ambiciosa política de producción de los alimentos que necesitamos, aun con sequías e inundaciones, no tendríamos la escasez que ahora enfrentamos. Pero no, se prefirió la salida fácil de importar lo que comemos y promover la exportación de nuestros caballitos de batalla agroindustriales: tequila, tomate, cerveza, frutas tropicales, becerros. Resultado: en 10 años de gobiernosblanquiazules nuestra dependencia alimentaria se ha incrementado, sobre todo en granos básicos y en cárnicos, al punto de que tan sólo en maíz la diferencia entre importaciones y exportaciones durante el calderonato llega a 9 mil 662 millones de dólares. El año pasado por cada dólar que entró a nuestro país por concepto de exportaciones agroalimentarias tuvimos que enviar 4.5 dólares para pagar los alimentos que importamos (La Jornada,30 de diciembre de 2011, nota de Juan Antonio Zúñiga).

Así, según la Cepal, mientras otros países de América Latina, como Brasil y Argentina, aprovecharon muy bien el ciclo de incremento de los precios de los alimentos, México lo desaprovechó terriblemente, por ser un importador neto de los mismos. El citado organismo latinoamericano no sólo pone el dedo en la llaga del problema, también señala el camino para solucionarlo: logrando una mayor participación de la economía familiar en la producción alimentaria. Eso es exactamente lo contrario a lo promovido por los últimos gobiernos, cuyas políticas han hecho que los subsidios se concentren enormemente en los grandes productores y unas cuantas entidades de la República, y no pudieron ni generar los empleos necesarios ni detener el proceso de empobrecimiento en el medio rural.

La política agroalimentaria federal no ha funcionado para construir nuestra soberanía alimentaria ni para mejorar el nivel de vida del medio rural. Y se corre el riesgo que las medidas emergentes, en la coyuntura de la hambruna, tampoco funcionen. Justo cuando es necesario que se libere una gran cantidad de recursos para atender las necesidades alimentarias y fomentar la producción de alimentos básicos para este año, sobreviene laveda electoral, la temporada en que, por ley, los programas gubernamentales se detienen para no violar la legislación electoral. Pocas voces han denunciado este inminente problema, salvo la de la Caravana del Hambre. Es necesario que, a la brevedad, el Ejecutivo y el Legislativo federal encuentren la fórmula para que los recursos materiales y financieros para atacar la hambruna y activar la producción alimentaria no dejen de fluir, así sea en vísperas de los comicios. De urnas no come la gente, sólo quienes viven de la política.

Mal termina un sexenio que en dos aspectos básicos, seguridad y alimentación, mal comenzó. Unos mueren sufriendo rápido: otros sufren muriendo lento. Muchas muertes y malas vidas.

 

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Inzunza: la decadencia del favorito. Por Caleb Ordóñez T.

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Hay políticos que caen peleando. Hay políticos que caen defendiendo una causa. Y hay políticos cuya caída comienza mucho antes de que ellos mismos se den cuenta; cuando todavía sonríen en las fotografías oficiales y firman acuerdos con la soltura de quien cree que el futuro le pertenece.

La historia reciente de Enrique Inzunza Cázares parece pertenecer a esta última categoría.

Porque más allá de las acusaciones que enfrenta, más allá de los expedientes estadounidenses y más allá del ruido mediático que rodea a Sinaloa, hay algo que llama poderosamente la atención: Inzunza no se comporta como alguien que busca convencer al país de su inocencia. Se comporta como alguien atrapado en una partida de ajedrez donde cada movimiento tiene un único objetivo: sobrevivir un turno más. Viviendo en un eterno jaque.

Durante años fue presentado como uno de los hombres más inteligentes del círculo cercano de Rubén Rocha Moya. Jurista, magistrado, presidente del Supremo Tribunal de Justicia, secretario general de Gobierno y después senador de la República. Su ascenso fue tan rápido que muchos (casi todos) dentro de Morena en Sinaloa, lo veían como una especie de gobernador en espera.

No era un político de masas. No era un gran orador. No era un líder carismático.

Su poder provenía de otra parte: de la operación silenciosa, del control institucional, de la cercanía con el grupo gobernante y de una influencia que crecía discretamente, lejos de los reflectores, precisamente donde ese tipo de poder se cultiva mejor.

Por eso resulta tan revelador observar lo que ocurre hoy.Cuando un político es acusado injustamente, normalmente intenta salir a dar la cara. Busca entrevistas. Explica. Debate. Confronta. Construye una narrativa que lo sostenga mientras el temporal amaina.

Inzunza ha hecho exactamente lo contrario.

Los números lo dicen con una frialdad que ningún argumento político puede disfrazar.

Desde el 29 de abril de 2026, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública la acusación formal en su contra, Inzunza acumuló 21 días de ausencia en sesiones del Congreso. No pidió licencia. No renunció. Simplemente dejó de aparecer. Su única reaparición fue una fotografía en redes sociales junto a su madre, con ubicación en Batequitas, Badiraguato. Un político que dice no tener nada que esconder, escondido. Y cuando finalmente habló, lo hizo desde X, con una frase que revela más de lo que oculta:

«Soy abogado de mí mismo y me basta mi probidad.» Es la declaración de alguien que no quiere testigos en su defensa.

Y en política las formas importan tanto como los hechos, porque la percepción pública rara vez se construye únicamente con documentos judiciales. También se construye observando cómo reaccionan los protagonistas cuando el suelo comienza a moverse bajo sus pies.

Lo que proyecta Inzunza no es fortaleza. No transmite confianza. No parece un político concentrado en demostrar que las acusaciones son falsas.

Parece un político concentrado en administrar daños.

Esa imagen explica en buena medida por qué hoy se encuentra tan aislado. No porque Morena haya decidido abandonarlo de la noche a la mañana. No porque el Senado haya ejecutado una conspiración interna. Sino porque el propio Inzunza dejó de ser una apuesta rentable.

La política es brutalmente pragmática. Los partidos respaldan a quienes generan votos, estabilidad o futuro. Cuando un liderazgo comienza a representar riesgo, incertidumbre o desgaste, las distancias aparecen solas, sin reuniones, sin comunicados, sin rupturas formales. Simplemente aparecen.

Hace apenas unos meses su nombre figuraba entre los aspirantes más serios para suceder a Rocha en la gubernatura de Sinaloa. Hoy prácticamente nadie dentro del oficialismo habla de esa posibilidad. No porque exista una sentencia. No porque haya sido declarado culpable. Sino porque la candidatura dejó de ser viable.

Y en política la inviabilidad suele ser una condena mucho más rápida que cualquier resolución judicial.

Lo verdaderamente inquietante es que el caso de Inzunza trasciende a una sola persona.

Se convierte en un espejo incómodo para todo el sistema político mexicano.

Lo que hace singular el caso de Inzunza no es la acusación en sí. Es la arquitectura que describe. Según el expediente estadounidense, Inzunza habría acompañado al gobernador

Rocha Moya a una reunión con Los Chapitos tras las elecciones de junio de 2021, cuando todavía era secretario general del gobierno estatal y en ese encuentro habrían acordado que el cártel tendría control sobre la Policía Estatal de Sinaloa. Si eso es cierto, no estamos hablando de un funcionario que recibió un sobre. Estamos hablando de una negociación institucional: el Estado cediendo su monopolio de la fuerza a cambio de estabilidad política.

Eso es algo cualitativamente distinto, y más perturbador, que la corrupción individual de siempre. No es un hombre que se corrompió. Es una institución que se ofreció.

Por eso el caso Inzunza genera tanta atención. No solo por sus detalles particulares, sino porque representa el choque entre dos narrativas que México lleva años intentando reconciliar sin éxito: la del político exitoso que parecía destinado a gobernar uno de los

estados más importantes del país, y la del funcionario que termina convertido en símbolo de una crisis de confianza cada vez más profunda.

Su tragedia política no consiste únicamente en las acusaciones.

Consiste en haber perdido aquello que realmente construye el poder: la credibilidad.

Cuando la gente deja de creer en tu futuro, el poder comienza a evaporarse. Cuando tus aliados dejan de apostar por ti, el aislamiento se vuelve inevitable. Cuando tu nombre genera más preguntas que certezas, las puertas empiezan a cerrarse, no con portazos, sino con la silenciosa delicadeza con que se cierra una puerta frente a alguien a quien ya no se espera.

Por eso Enrique Inzunza muy probablemente ya no será gobernador de Sinaloa. No porque un

juez lo haya decretado. No porque un partido lo haya expulsado. Sino porque la política mexicana ya comenzó a actuar como si ese futuro hubiera desaparecido.

Y pocas cosas son más devastadoras para un político que seguir ocupando un cargo mientras todos a su alrededor se comportan como si su historia ya hubiera terminado.

Esa es la verdadera decadencia.

No perder el poder. Sino ver cómo el poder te abandona: despacio, en silencio, sin siquiera molestarse en despedirse.

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