La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) evidenció hoy otra de las iniquidades relacionadas con la matanza de Salvárcar, perpetrada el 31 de enero de 2010: solicitó la pronta liberación de Israel Arzate Meléndez, a quien se le torturó para que “confesara” haber participado en la masacre.

Arzate fue detenido el 3 de febrero del mismo 2010, acusado del asesinato de 18 jóvenes durante una fiesta en el fraccionamiento Villas de Salvárcar, en Ciudad Juárez. Además, el Ejército afirmó que el joven había robado un vehículo.

Ha estado arraigado desde el 6 de febrero, primero en un centro policiaco y actualmente en su domicilio.

Israel Arzate fue torturado, y tuvo que decir que sí pertenecía a un cártel y había matado a esos jóvenes.

El caso fue atraído a finales de octubre de 2012 por la Primera Sala de la SCJN, luego de que Arzate solicitara el amparo contra la vinculación a proceso bajo queja de tortura por parte de elementos del Ejército durante los primeros días de su detención.

La tortura fue establecida por el conocido Protocolo de Estambul, y el proceso seguido por organizaciones nacionales e internacionales como la ONU y Amnistía Internacional.

El imputado obtuvo un segundo amparo contra las acusaciones de posesión de vehículo con reporte de robo, proceso que igualmente atrajo la Corte.

La notificación extraoficial le fue hecha a Arzate Meléndez la mañana de este miércoles por uno de sus abogados, quien acudió a la casa del aún arraigado.

Sin ingresar, a través de la puerta, el defensor le dio la noticia. Le explicó que será aproximadamente en 24 horas cuando llegue el aviso oficial para que al detenido le sea retirado el brazalete electrónico, la vigilancia policiaca y quede así en libertad.

Historia de la sinrazón

Los estudiantes se encontraban reunidos en una vivienda del fraccionamiento Villas de Salvárcar. Celebraban una fiesta. Más o menos a medianoche un comando de al menos 20 sicarios —que descendió de siete vehículos— irrumpió en el lugar e ingresó al sitio. Comenzó a disparar indiscriminadamente.

Algunos asistentes huyeron por el patio trasero de la casa de interés social. Algunos pistoleros, sin embargo, los persiguieron. Alcanzaron a algunos en la calle y en dos casas vecinas y ahí los acribillaron.

El primer informe policiaco contaba en 10 las víctimas, pero la cifra crecería rápidamente en las horas subsecuentes.

La cifra se cerró con 18 asesinatos y 10 personas heridas; la mayoría de ellas, estudiantes de entre 15 y 20 años del CBTIS 128, del Colegio de Bachilleres 9 y de la Universidad Autónoma de Chihuahua.

El expresidente de la República, Felipe Calderón, relacionó los hechos con ajustes de cuentas entre bandas de narcomenudistas. Los familiares de las víctimas insistieron (y documentaron) que todos eran estudiantes y repudiaron la postura oficial.

Ya el 12 de febrero Calderón tuvo que visitar la zona y pedir perdón por su sandez. Los familiares no se lo concedieron y le negaron la bienvenida.

Desde el 3 de febrero de 2010, Patricia González, exprocuradora de Chihuahua, dijo que el presunto responsable de la masacre era un hombre apodado El 12 o El Rama, quien presuntamente murió en un enfrentamiento con el Ejército.

El presunto autor intelectual de la masacre fue José Antonio Acosta Hernández El Diez, que fue agente de la Policía Ministerial de Chihuahua. El 20 de junio de 2011 se inició el juicio contra José Dolores Chavarría, Juan Antonio Soto Arias, Heriberto Martínez, Alfredo Fabio Hernández Lozano e Israel Arzate Meléndez, todos señalados como responsables del multasesinato.

Celebra ONU la decisión

La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) celebró la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que ordena la liberación inmediata de Israel Arzate Meléndez, quien fue torturado por elementos del Ejército Mexicano para incriminarlo en la masacre de Villas de Salvárcar, en Ciudad Juárez, en enero de 2010.

El pronunciamiento se dio luego de que los ministros de la Primera Sala de la SCJN aprobaran el proyecto de otorgar un amparo liso y llano a favor de Arzate, propuesto por el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.

Por unanimidad, los ministros consideraron que el juzgado de Chihuahua violó las garantías a Arzate Meléndez al dar validez a su confesión “al haberse rendido en resguardo y custodia de autoridades militares, y no así formal y materialmente a cargo de la autoridad civil que correspondía”.

Representado legalmente por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), el Centro Juárez de Apoyo a Migrantes y Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, Arzate se encontraba bajo arraigo domiciliario desde hace un año; antes de ello estuvo arraigado en la antigua Academia de Policía de esa localidad un año anterior, ello después de que durante los primeros 10 meses que estuvo recluido en una prisión preventiva, la fiscalía juarense no acreditó su responsabilidad en la matanza de Villas de Salvárcar.

En un comunicado la oficina de la ONU recordó que el organismo ha dado seguimiento al caso “por la patente evidencia de torturas documentadas plenamente por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)”.

Para Hernández Valencia la sentencia de la SCJN “constituye un rotundo fracaso a este tipo de prácticas aberrantes y es un mandato inequívoco e inapelable para que las autoridades se apeguen estrictamente al respeto de los derechos humanos en cumplimiento de sus funciones”.

La oficina de derechos humanos de la ONU condenó una vez más los hechos ocurridos en Villas de Salvárcar, donde 18 jóvenes fueron ejecutados y 10 más resultaron heridos, y recordó al Estado mexicano su obligación “de atender escrupulosamente la exigencia de verdad y justicia de los deudos y víctimas sobrevivientes”.

Tras la resolución de la SCJN pidió además “que investigue rigurosamente los hechos de tortura cometidos en contra de Israel Arzate Meléndez y le brinde una reparación integran y adecuada”.

Hernández Valencia, recordó que hace un año, durante la evaluación de México ante el Comité contra la Tortura (CAT, por sus siglas en inglés) de la ONU, consideró lamentable que algunos juzgadores sigan aceptando “confesiones presuntamente obtenidas bajo coacción o tortura” y que el caso de Arzate es “paradigmático para ilustrar la persistencia de esas prácticas incluso en aquellas jurisdicciones en las que ya ha ido implantado el nuevo sistema de justicia penal”.

El CAT no ha sido el único organismo de la ONU que emitió su opinión en el caso Arzate Meléndez. El 9 de septiembre de 2011 el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria demandó al gobierno de Felipe Calderón “la libertad inmediata” del joven acusado tras ser torturado por militares.

En el número 1844 del semanario Proceso se detalla que el organismo de la ONU signó el oficio 67/2011 en el que se considera que Arzate “no ha gozado de juicio justo”, peor aún que “ante la ausencia de pruebas reales”, el arraigo que se impuso a Arzate es “contrario a las normas internacionales de derechos humanos”.

El Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria demandaba al gobierno de Calderón además de la libertad inmediata, una investigación de los hechos y “una reparación completa y adecuada por los daños y perjuicios sufridos”.

El de Israel Arzate fue uno de los 170 casos de tortura documentados en el informe de Human Rights Watch (HRW) “Ni seguridad ni derechos. Ejecuciones, desapariciones tortura en la ‘guerra contra el narcotráfico’ de México”, presentado en noviembre de 2011.

Arzate fue detenido el 3 de febrero de 2010 y conducido a la guarnición militar de Ciudad Juárez, donde fue torturado y presentado ante los medios de comunicación tres días después, para ser conducido a la cárcel municipal.

Sin embargo, fue hasta el 11 de febrero que fue puesto a disposición de la juez Anabel Chumacera, ante quien Arzate denunció las torturas en la guarnición militar así como que era sacado de la cárcel por soldados para ser golpeado.

En 2011, la CNDH emitió una recomendación, la 49/2011, dirigida a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en la que se certificó que Israel Arzate presentaba amplias zonas de quemaduras en el cuerpo, producto de las sesiones de choques eléctricos a que fue sometido.

Fuente: Proceso.