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México

Organizaciones sindicales y empresariales rechazan reforma del Infonavit

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Las modificaciones impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum y aprobadas por el Senado de la República centralizan en manos del Gobierno Federal los ahorros de los trabajadores.

 

Organismos empresariales y sindicatos de trabajadores rechazaron la reforma aprobada por el pleno del Senado de la República, a la Ley de Infonavit, y a la Ley Federal del Trabajo, que busca regular la construcción de vivienda de bajo costo a través de una filial mercantil.

Ismael Flores Cantú, líder de la CTM en Nuevo León; aseguró que se perdería la participación tripartita con los trabajadores, el sector empresarial y el gobierno, por lo cual exhortaron a los legisladores a ser incluidos y escuchados para la discusión de la reforma.

“Hay muchas interrogantes en esto y necesitamos ese documento, para nosotros es importante y que lo hagan circular y cualquier iniciativa que se presente sobre el instituto debe de tomarse en cuenta a las partes involucradas para que den su opinión y se pueda emitir un documento que realmente sea consensuado y con sentido social”, solicitó Ismael Flores, líder de la CTM NL.

Lo anterior, luego de que el coordinador de la bancada de Morena en la cámara alta, Ricardo Monreal Ávila, informará que la discusión de la reforma se trasladará “al año que entra”, pues el dictamen será revisado a partir de algunas observaciones.

Por su parte, Genaro Leal, coordinador nacional de la Federación de Trabajadores de Sindicatos Autónomos, señaló que con la reforma peligran los ahorros de más de 70 millones de mexicanos, por lo cual los sectores productivos se unen para proteger los derechos de los trabajadores y fortalecer la esencia tripartita del Infonavit.

“Hacemos un llamado respetuoso y firme a la cámara de diputados para que se redefina cualquier reforma que impacte la transparencia, la gobernanza equitativa y tripartita, insistimos en que los fondos del Infonavit provienen de las contribuciones de los empleadores y pertenecen de forma íntegra a los trabajadores, no se trata de recursos públicos”, apuntó Leal.

La reforma es parte del Programa de Vivienda de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, con el que busca construir un millón de casas a lo largo del sexenio, 500 mil de ellas por el Infonavit y una cifra similar por la Comisión Nacional de Vivienda para personas no derechohabientes del Instituto.

Finalmente, insistieron en que es mucho dinero el que está en juego y es una «tentación altísima» que el gobierno pretenda manejar los recursos de los trabajadores sin claridad ni gobernanza.

En el evento también estuvieron presentes Edmundo García Santos, secretario general de la Confederación Nacional de Agrupaciones Sindicales de México (CONASIM), Jesús González Cárdenas, secretario general de la Federación Nacional de Sindicatos Independientes (FNSI), Genaro Leal Cavazos, coordinador general de la Federación de Trabajadores de Sindicatos Autónomos (FETSA), Serafín Garza Villarreal, secretario general de la Federación Autónoma de Sindicalismo Independiente de México (FASIM).

Asimismo, Juan Pablo García Garza, director general de la Cámara de la Industria de la Transformación (CAINTRA), Héctor Villarreal Muraira, director general de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO), Javier Treviño Garza, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (CANADEVI), Gabriel Fernando Chapa Muñoz, presidente de COPARMEX NL, Celina Fernández Alanís, directora general de la Asociación de Maquiladoras y Manufactureras de Exportación de NL (INDEX NL), etc.

México

Senado aprueba Ley General de Aguas en medio de acalorado debate y críticas de oposición

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El Senado mexicano aprobó este jueves, con 85 votos a favor y 36 en contra, el proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos del país por sequías, conflictos por concesiones, crecimiento urbano y alta demanda del sector agrícola.
La minuta fue remitida al Senado por la Cámara de Diputados, que la aprobó tras 24 horas de acaloradas discusiones. La iniciativa deriva de una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para regular el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, así como priorizar su consumo humano y doméstico ante autorizaciones, permisos, concesiones y asignaciones del recurso.
El senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, aseguró que el centro de este proyecto es la persona y no los grandes acaparadores de agua, pues se crea un trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente. Afirmó que la legislación es la mayor aliada de los productores y campesinos de México, ya que elimina la visión mercantilista del agua y la regresa a su dueño legítimo, que es el pueblo de México.
La senadora del PAN, Verónica Rodríguez, señaló que esta reforma convierte el agua en un instrumento de manipulación política y electoral. Apuntó que le da al gobierno federal la posibilidad de decidir de manera discrecional quién mantiene su concesión, quién la pierde, a quién le reducen volúmenes de agua y a quién sí le permiten operar, lo que demuestra que es peligroso para la democracia, el campo, la seguridad alimentaria y las familias.
Carolina Viggiano, del PRI, advirtió que el proyecto no contó con estudios económicos ni presupuestales, no cuenta con análisis de impacto financiero y tampoco se asegura inversión para la infraestructura, operación ni vigilancia de los sistemas de agua. Además, señaló que no se consultó a los pueblos originarios.
Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, indicó que los cambios abren la puerta a más control gubernamental sin contrapesos reales, a más trámites y a más incertidumbres para el campo mexicano. Afirmó que se concentran atribuciones en la Comisión Nacional del Agua sin reglas claras, crece el riesgo de arbitrariedad, corrupción, favoritismos y castigo político, además de que se crea incertidumbre en la asignación de derechos y volúmenes, lo que desincentiva la inversión, la tecnificación y frena proyectos.
La nueva Ley General de Aguas establece que las concesiones para el uso del vital líquido no podrán ser intercambiadas entre particulares, con la obligatoriedad de que sea la Conagua la que las distribuya de nuevo.
La discusión y aprobación en las Cámaras de Diputados y Senadores ocurre en un contexto donde el sector agrícola consume cerca del 75 por ciento del agua disponible para consumo en el país.

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