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México

Organizaciones sindicales y empresariales rechazan reforma del Infonavit

Las modificaciones impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum y aprobadas por el Senado de la República centralizan en manos del Gobierno Federal los ahorros de los trabajadores.

 

Organismos empresariales y sindicatos de trabajadores rechazaron la reforma aprobada por el pleno del Senado de la República, a la Ley de Infonavit, y a la Ley Federal del Trabajo, que busca regular la construcción de vivienda de bajo costo a través de una filial mercantil.

Ismael Flores Cantú, líder de la CTM en Nuevo León; aseguró que se perdería la participación tripartita con los trabajadores, el sector empresarial y el gobierno, por lo cual exhortaron a los legisladores a ser incluidos y escuchados para la discusión de la reforma.

“Hay muchas interrogantes en esto y necesitamos ese documento, para nosotros es importante y que lo hagan circular y cualquier iniciativa que se presente sobre el instituto debe de tomarse en cuenta a las partes involucradas para que den su opinión y se pueda emitir un documento que realmente sea consensuado y con sentido social”, solicitó Ismael Flores, líder de la CTM NL.

Lo anterior, luego de que el coordinador de la bancada de Morena en la cámara alta, Ricardo Monreal Ávila, informará que la discusión de la reforma se trasladará “al año que entra”, pues el dictamen será revisado a partir de algunas observaciones.

Por su parte, Genaro Leal, coordinador nacional de la Federación de Trabajadores de Sindicatos Autónomos, señaló que con la reforma peligran los ahorros de más de 70 millones de mexicanos, por lo cual los sectores productivos se unen para proteger los derechos de los trabajadores y fortalecer la esencia tripartita del Infonavit.

“Hacemos un llamado respetuoso y firme a la cámara de diputados para que se redefina cualquier reforma que impacte la transparencia, la gobernanza equitativa y tripartita, insistimos en que los fondos del Infonavit provienen de las contribuciones de los empleadores y pertenecen de forma íntegra a los trabajadores, no se trata de recursos públicos”, apuntó Leal.

La reforma es parte del Programa de Vivienda de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, con el que busca construir un millón de casas a lo largo del sexenio, 500 mil de ellas por el Infonavit y una cifra similar por la Comisión Nacional de Vivienda para personas no derechohabientes del Instituto.

Finalmente, insistieron en que es mucho dinero el que está en juego y es una «tentación altísima» que el gobierno pretenda manejar los recursos de los trabajadores sin claridad ni gobernanza.

En el evento también estuvieron presentes Edmundo García Santos, secretario general de la Confederación Nacional de Agrupaciones Sindicales de México (CONASIM), Jesús González Cárdenas, secretario general de la Federación Nacional de Sindicatos Independientes (FNSI), Genaro Leal Cavazos, coordinador general de la Federación de Trabajadores de Sindicatos Autónomos (FETSA), Serafín Garza Villarreal, secretario general de la Federación Autónoma de Sindicalismo Independiente de México (FASIM).

Asimismo, Juan Pablo García Garza, director general de la Cámara de la Industria de la Transformación (CAINTRA), Héctor Villarreal Muraira, director general de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO), Javier Treviño Garza, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (CANADEVI), Gabriel Fernando Chapa Muñoz, presidente de COPARMEX NL, Celina Fernández Alanís, directora general de la Asociación de Maquiladoras y Manufactureras de Exportación de NL (INDEX NL), etc.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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