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México

Otra joven que quería ser normalista en Chiapas, pero no sobrevivió al “curso de inducción”

En el verano del 2017, Mónica Anahí Ramírez Pérez, de 17 años, solicitó su ingreso a la Escuela Normal Rural Mactumatzá. Aun con sus buenas calificaciones, fue rechazada. En un segundo intento, aceptó la condición de someterse al “curso de inducción” o “novatada” que organizan alumnos de la misma institución, pero no sobrevivió.

Durante un año, sus padres callaron la causa de su muerte, pero ahora, tras el fallecimiento de José Luis Hernández Espinosa, otro aspirante a entrar a la institución que tampoco lo logró por causas similares, decidieron contar la verdad.

Originaria del Barrio San Joaquín de Ocozocoautla, a 30 kilómetros de Tuxtla Gutiérrez, Mónica Anahí era una estudiante de preparatoria sobresaliente, casi de excelencia. Tanto, que su generación llevó su nombre.

Sin embargo, sus buenas calificaciones no bastaron para ingresar a la Normal Rural Mactumatzá. Ante el rechazo, su padre, Pedro Ramírez Hernández, maestro de esa misma escuela, rogó al comité estudiantil hasta que la aceptaron, pero bajo una condición: pasar el “curso de inducción” durante 20 días.

Junto a los otros 89 alumnos de nuevo ingreso, la joven llegó a la escuela para empezar las prácticas. Y ahí empezó la pesadilla. La obligaron a correr hasta el cansancio. Pedía agua, pero no le daban. El desayuno era solo frijol y arroz. Para beber, recibía agua con sal y por más que quería tomarla, terminaba por escupirla.

Por las noches dormía pocas horas. Y es que otros estudiantes llegaban con palos a golpear las puertas y ventanas de las habitaciones. El argumento: los de recién ingreso tenían que despertar rápido, salir y correr. Así eran las prácticas para reaccionar en caso de un operativo policiaco contra los normalistas.

Mónica Anahí fue obligada a cortar maleza durante horas con las manos sin protección y bajo el inclemente rayo de sol. “Pedía agua y no le daban. Y cuando le daban, era muy poca”, contó su madre, Araceli Pérez.

Tras la agotadora jornada, no le permitían ni bañarse y si, en cambio, tenía que ayudar a algunas de sus compañeras a asearse.

Cuando la aspirante a maestra sintió que ya no podía más con el curso, desertó. Salió de la Escuela Normal Rural con su mochila en la espalda. Pero apenas caminó unos pasos y cayó al suelo.

Mujeres que tienen un negocio de comida frente al plantel la cargaron y la subieron a un taxi. Aun no se sabe cómo, pero la joven logró llegar a su casa en Ocozocoautla.

La menor de las dos hijas de la familia Ramírez Pérez fue llevada al médico y ahí contó la historia de abusos que sufrió. Tras hacerle análisis de laboratorio, le diagnosticaron daño en los riñones. La falta de agua por varios días acabó con sus órganos internos.

Por la gravedad, fue llevada al Hospital “Dr. Gilberto Gómez Maza”, donde el 6 de agosto, falleció.

Sus padres se resignaron ante la pérdida. No obstante, a pocos días de que se cumpla un año de los hechos, se enteraron de la muerte de otro estudiante en condiciones similares. Entonces decidieron romper el silencio, exigir justicia por el fallecimiento Mónica Anahí y el cese de esas irregularidades en la Normal Rural Mactumatzá.

FGE llama a director y alumnos a declarar

Este jueves, el director de dicho plantel, Conrado Borráz, declaró en la Fiscalía General del Estado (FGE), a donde fue citado por la muerte del joven José Luis Hernández Espinosa, de 19 años, quien también fue víctima de los “cursos de inducción” o “novatadas”.

El directivo permaneció en la Fiscalía durante varias horas. De regreso, llevó consigo los citatorios para los estudiantes presuntamente implicados en dichas prácticas, quienes en los próximos días deberán acudir ante la autoridad de procuración de justicia de la entidad.

Hernández Espinosa era originario del municipio de Venustiano Carranza, hijo de comuneros de la Organización Campesina Emiliano Zapata-Casa del Pueblo, agrupación históricamente aliada a la Escuela Normal Rural.

Otros dos estudiantes, Ulises Jiménez de la Cruz y Sergio Ballinas Zambrano, se encuentran hospitalizados, en estado delicado, en el Centro Médico Muñoz de Tuxtla.

Los padres de uno de ellos, originarios de Motozintla, están desesperados y temen que su hijo muera o quede con insuficiencia renal de por vida. Los familiares ya interpusieron una denuncia penal ante la FGE.

En tanto, los alumnos de la Normal Rural Mactumatzá guardan hermetismo. Incluso, este jueves 26 no salieron a marchar con otros maestros y normalistas en demanda de justicia por sus compañeros del caso Ayotzinapa. Siguen resguardados, atrincherados en su escuela.

Fuente: Proceso

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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