Luego de tres meses de negociaciones, el gobierno federal selló un acuerdo con la iniciativa privada y sindicatos para destrabar su iniciativa de reforma a la subcontratación laboral, la cual contempla que esta solo podrá usarse en labores especializadas –no propias del objeto social de las empresas–; al tiempo que prevé limitar el pago de utilidades a los trabajadores a un máximo de 90 días de salario. La reforma legal contempla otorgar un plazo de tres meses para su implementación, y un mes para implementar el nuevo Registro Nacional de Empresas de Subcontratación.

Se trata de un modelo integral que contempla cambios laborales, fiscales y de seguridad social, mismos que serán enviados de manera inmediata a la Cámara de Diputados para que sean considerados en la discusión que deberán llevar a cabo en los próximos días los legisladores para una eventual aprobación.

“Hoy se logró un importante acuerdo entre dirigentes sindicales, empresariales y gobierno en materia de subcontratación y reparto de utilidades en beneficio de todos”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, tras el encuentro en su cuenta de Twitter.

Al respecto, la secretaria de Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde expuso que “los acuerdos alcanzados comprenden cinco aspectos: la prohibición de la subcontratación de personal; la regulación de la subcontratación de servicios especializados distintos del objeto social y de la actividad económica preponderante de la empresa contratante; el registro ante la STPS y la inscripción al padrón público de las empresas de subcontratación de servicios y obras especializados; la responsabilidad solidaria en caso de incumplimiento, y el otorgamiento de un plazo de tres meses para que los trabajadores subcontratados pasen a formar parte de la nómina del patrón real.

Adicionalmente, se llegó a un acuerdo sobre el tema de reparto de utilidades para evitar posibles distorsiones en empresas de uso intensivo de capital, creando dos modalidades para el cálculo del reparto, la primera es establecer un tope de tres meses y/o en su caso tomar el promedio de los últimos tres años. “Con esta fórmula se elimina la discrecionalidad y se lograría un incremento del 156% en el monto del reparto de utilidades a los trabajadores”.

De tal manera que se propone una modificación a la Ley Federal del Trabajo en el artículo 127 Fracción VIII establece que “el monto de la participación de utilidades tendrá como límite máximo tres meses del salario del trabajador o el promedio de la participación recibida en los últimos tres años; se aplicará el monto que resulte más favorable al trabajador”.

La titular del Trabajo expuso que “los acuerdos contribuyen a saldar una deuda histórica en favor de las mujeres y hombres que por años han trabajado bajo la figura de la subcontratación y han visto vulnerado sus derechos”.

Al respecto, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, comentó que la reforma y el acuerdo están encaminados a “eliminar la subcontratación, la subcontratación abusiva, la subcontratación de la nómina completa de una empresa, como ocurría en muchos casos. Que se prohíba de tajo y que exista la subcontratación de obras y servicios especializados, como debió haber sido siempre”.

Añadió que los cambios facilitarán al IMSS realizar la recaudación como debe de ser, “se calcula que hasta un 14% de la población registrada podía haber estado registrada en algún momento por una de estas empresas, que muchas veces no registran la totalidad del salario, lo cual afecta a los trabajadores, afecta a las empresas, la competitividad, porque a quien está en regla la pone en una desventaja frente a quienes hacen trampa. Entonces, creemos que es un muy buen acuerdo”.

Fuente: El Economista