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Resto del mundo

Padre trata de evitar que su mujer castre y transicione a su hijo de nueve años

Un padre de Texas denuncia que su exmujer quiere salir del estado para realizar a uno de sus dos hijos una castración química. La madre, que asegura que el menor de nueve años quiere ser identificado como mujer, puede salir del estado en cualquier momento y viajar a California, donde son legales las cirugías de cambio de género.

La Corte Suprema de Texas emitió un fallo antes de fin de año contra un padre de familia, Jeff Younger, veterano y dueño de una pequeña empresa de Estados Unidos (EE. UU.). En los últimos años, el norteño ha ganado fama por la batalla judicial que inició contra su exmujer para evitar que se lleve a sus hijos fuera del estado.

Hace una semana el litigio tuvo un contratiempo. La Corte Suprema texana falló en contra de Younger y permitió que su exesposa, que no es la madre biológica de los niños, viajase con ellos a California.

En Texas las cirugías de cambio de sexo son ilegales. Por ello, en el momento que la mujer entre con los niños en el estado occidental de EE. UU. –California–, podrá de forma legal someter a su hijo James, de nueve años, a bloqueadores de pubertad y castración química.

El veterano explicó en Twitter que los jueces le habían eliminado sus derechos como padre y le habían dado la custodia a la madre, Anne Georgulas, que insiste a llamar a James «Luna». Además, lo viste como si fuese una niña y le alienta con el cambio de sexo desde los seis años. «La Corte Suprema de Texas negó mi Mandamus, terminando efectivamente mis derechos de paternidad. Mis hijos ahora están sujetos a ser castrados químicamente en California. Texas es un imperio de abuso infantil, dirigido por jueces de Texas», publicó.

Contraria a sus declaraciones, la madre asegura que el menor quiere vestirse así y le gusta que le identifiquen como una chica. El padre asegura que cuando la madre le pone vestidos al legar a casa, el menor le pide que le quite la vestimenta y «le ponga ropa de chico».

En una grabación, le preguntan a James si es un niño, a lo que él responde: «No, soy una niña». El niño de primaria dice que su madre le explicó que era una niña y le puso vestidos. «Se me heló la sangre cuando me di cuenta de lo que había planeado para el niño», dijo Younger al periodista Tucker Carlson.

España sigue los pasos de California

La ley de Texas, tal y como está redactada, solo impide que una madre salga del país con sus hijos cuando no existe consentimiento del padre si se demuestra que se va a «corromper o abusar» de los niños.

En este caso, Younger argumentó que su exesposa iba a utilizar la reformada ley SB 107 de California que, al igual que pasa en España por la reciente aprobación de la ley trans, garantiza el cambio de sexo de menores sin consentimiento de los padres.

Esto podría ser un resumen de nuestro marco nacional en unos años. El pasado 22 de diciembre el Congreso de los Diputados aprobó en España la ley trans. Esta norma, que se enfrentó a un camino lleno de contradicciones, se llevó a cabo y permite, entre otras cosas, el abastecimiento de tratamientos hormonales.

El apartado más conflictivo y comentado de esta ley es el de la autodeterminación de género, el mismo que tiene California y permitirá cambiar por voluntad de la madre el sexo del niño de nueve años sin consentimiento paterno.

La historia clínica del pediatra de Jamesse presentó a la justicia mediante petición del padre. Allí se revelaron conversaciones donde la madre le exigía a la pediatra, Jennifer Pepe, de manera insistente que le mandase bloqueadores hormonales.

Ante esta situación, el Colegio de Pediatras de Estados Unidos ha comunicado que las consecuencias de estos medicamentos son perjudiciales para la salud. Además, los tratamientos de cambio de sexo en un niño de temprana edad, como es el caso de James, pueden terminar en enfermedades crónicas de por vida, problemas cardiacos, infertilidad o la muerte.

Resto del mundo

Cofece multa a Walmart por prácticas monopólicas: la batalla legal apenas comienza

La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) asestó un golpe histórico al multar a Walmart de México con 93.4 millones de pesos tras concluir una investigación que se extendió por más de cuatro años. La razón: prácticas monopólicas relativas, particularmente en el trato con sus distribuidores.

Según el dictamen de la Cofece, Walmart aprovechó su posición dominante en el mercado para imponer condiciones desfavorables a los proveedores, afectando la competencia en el sector. Aunque no se han revelado todos los detalles de las “contribuciones” impuestas a los distribuidores, el veredicto destaca cómo estas prácticas distorsionan el acceso al mercado y perjudican a competidores más pequeños.

En respuesta, Walmart no tardó en reaccionar. La empresa anunció que impugnará la decisión y enfatizó su compromiso con el cumplimiento de las leyes mexicanas. En su comunicación oficial, destacó que la sanción carece de fundamento y que está basada en interpretaciones erróneas. Este movimiento era predecible: para una empresa de este tamaño, 93 millones de pesos no solo representan una cifra considerable, sino también una amenaza a su reputación.

Por otro lado, la Cofece también se juega mucho. Este caso es una muestra clara de su intención de reforzar la vigilancia sobre los gigantes corporativos. Sin embargo, una batalla legal prolongada podría poner a prueba su capacidad de defender sus resoluciones en tribunales.

Más allá de la multa, el caso de Walmart pone el reflector sobre una problemática común en el comercio minorista: el desbalance de poder entre grandes cadenas y pequeños distribuidores. Si bien el desenlace de este litigio aún está por definirse, el mensaje es claro: los días de actuar sin consecuencias podrían estar contados. La industria y los consumidores estarán atentos a cada movimiento en esta batalla judicial.

 

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