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Padre trata de evitar que su mujer castre y transicione a su hijo de nueve años

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Un padre de Texas denuncia que su exmujer quiere salir del estado para realizar a uno de sus dos hijos una castración química. La madre, que asegura que el menor de nueve años quiere ser identificado como mujer, puede salir del estado en cualquier momento y viajar a California, donde son legales las cirugías de cambio de género.

La Corte Suprema de Texas emitió un fallo antes de fin de año contra un padre de familia, Jeff Younger, veterano y dueño de una pequeña empresa de Estados Unidos (EE. UU.). En los últimos años, el norteño ha ganado fama por la batalla judicial que inició contra su exmujer para evitar que se lleve a sus hijos fuera del estado.

Hace una semana el litigio tuvo un contratiempo. La Corte Suprema texana falló en contra de Younger y permitió que su exesposa, que no es la madre biológica de los niños, viajase con ellos a California.

En Texas las cirugías de cambio de sexo son ilegales. Por ello, en el momento que la mujer entre con los niños en el estado occidental de EE. UU. –California–, podrá de forma legal someter a su hijo James, de nueve años, a bloqueadores de pubertad y castración química.

El veterano explicó en Twitter que los jueces le habían eliminado sus derechos como padre y le habían dado la custodia a la madre, Anne Georgulas, que insiste a llamar a James «Luna». Además, lo viste como si fuese una niña y le alienta con el cambio de sexo desde los seis años. «La Corte Suprema de Texas negó mi Mandamus, terminando efectivamente mis derechos de paternidad. Mis hijos ahora están sujetos a ser castrados químicamente en California. Texas es un imperio de abuso infantil, dirigido por jueces de Texas», publicó.

Contraria a sus declaraciones, la madre asegura que el menor quiere vestirse así y le gusta que le identifiquen como una chica. El padre asegura que cuando la madre le pone vestidos al legar a casa, el menor le pide que le quite la vestimenta y «le ponga ropa de chico».

En una grabación, le preguntan a James si es un niño, a lo que él responde: «No, soy una niña». El niño de primaria dice que su madre le explicó que era una niña y le puso vestidos. «Se me heló la sangre cuando me di cuenta de lo que había planeado para el niño», dijo Younger al periodista Tucker Carlson.

España sigue los pasos de California

La ley de Texas, tal y como está redactada, solo impide que una madre salga del país con sus hijos cuando no existe consentimiento del padre si se demuestra que se va a «corromper o abusar» de los niños.

En este caso, Younger argumentó que su exesposa iba a utilizar la reformada ley SB 107 de California que, al igual que pasa en España por la reciente aprobación de la ley trans, garantiza el cambio de sexo de menores sin consentimiento de los padres.

Esto podría ser un resumen de nuestro marco nacional en unos años. El pasado 22 de diciembre el Congreso de los Diputados aprobó en España la ley trans. Esta norma, que se enfrentó a un camino lleno de contradicciones, se llevó a cabo y permite, entre otras cosas, el abastecimiento de tratamientos hormonales.

El apartado más conflictivo y comentado de esta ley es el de la autodeterminación de género, el mismo que tiene California y permitirá cambiar por voluntad de la madre el sexo del niño de nueve años sin consentimiento paterno.

La historia clínica del pediatra de Jamesse presentó a la justicia mediante petición del padre. Allí se revelaron conversaciones donde la madre le exigía a la pediatra, Jennifer Pepe, de manera insistente que le mandase bloqueadores hormonales.

Ante esta situación, el Colegio de Pediatras de Estados Unidos ha comunicado que las consecuencias de estos medicamentos son perjudiciales para la salud. Además, los tratamientos de cambio de sexo en un niño de temprana edad, como es el caso de James, pueden terminar en enfermedades crónicas de por vida, problemas cardiacos, infertilidad o la muerte.

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Ordenan indemnización millonaria por accidente aéreo en Cuba que dejó 112 muertos

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Un juez mexicano ordenó el pago de indemnizaciones tras el accidente aéreo ocurrido en 2018 en Cuba, donde murieron 112 personas, al determinar que el siniestro estuvo relacionado con fallas en el mantenimiento de la aeronave.

De acuerdo con documentos judiciales fechados el 31 de marzo y consultados por The Washington Post a través de la Agencia AP, un peritaje independiente concluyó que el hecho fue un “accidente institucional” derivado de negligencia sistemática en los trabajos de mantenimiento, señalando que el avión no debió despegar.

Con base en estos hallazgos, el juez resolvió que la empresa Aerolíneas Damojh, que operaba bajo el nombre comercial Global Air, deberá pagar 1.5 millones de dólares a cada una de las familias de los cuatro tripulantes mexicanos que promovieron la demanda inicial. La aerolínea no se presentó al juicio, por lo que fue sentenciada en ausencia.

El accidente involucró un Boeing 737 que se desplomó en un campo agrícola poco después de despegar del Aeropuerto Internacional José Martí. De las 113 personas a bordo, solo una mujer sobrevivió, mientras que la mayoría de las víctimas eran de nacionalidad cubana.

El informe pericial citado establece que los pilotos fueron la última línea de defensa, sin lograr evitar el impacto. Asimismo, señala que la causa principal fue la falta de mantenimiento adecuado por parte de la empresa propietaria.

El abogado de los demandantes, Samuel González, afirmó que desde el primer día en La Habana, el jefe de mantenimiento de la compañía reconoció ante los familiares que la aeronave no debía estar en operación.

La sentencia también identificó omisiones en los protocolos y deficiencias en la supervisión, factores que derivaron en el accidente y en la apertura de procesos legales por homicidio y demandas colectivas.

Mientras en Cuba las autoridades atribuyeron el hecho a error humano, en México se suspendió temporalmente a la empresa y se inició una investigación, sin que hasta el momento se haya informado su avance.

El litigio continúa, ya que se mantiene una demanda civil colectiva en representación de las víctimas, además de una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República. Según la defensa, la investigación enfrenta obstáculos debido a la falta de información por parte de autoridades cubanas.

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