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PAN acusa al Gobierno de AMLO de desviar $80 mil millones para medicinas básicas

El Partido Acción Nacional denunció públicamente el intento del gobierno federal de desviar el uso de 80 mil millones de pesos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, lo que pondría en riesgo la vida de «miles de niñas , niños y adultos» con enfermedades graves y costosas, que actualmente reciben tratamiento mediante dichos recursos en el Seguro Popular.

Marko Cortés, presidente nacional del PAN, aseveró que esto se deriva en principio del recorte al sector salud en el presupuesto 2020 y del reciente acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado jueves 12 de este mes, donde se autorizó al director general de Administración y Finanzas del Seguro Popular a tomar los recursos destinados a las enfermedades como leucemia, linfoma, hepatitis, cáncer de mama y cervicouterino, para la supuesta adquisición, distribución y entrega de medicamentos básicos.

El PAN denuncia que el gobierno morenista al privilegiar en el gasto público los programas clientelares está dejando literalmente en el desamparo a miles de niños y adultos de escasos recursos con enfermedades graves y costosas.

Abundó que adicionalmente, esta intención del gobierno federal se refuerza con el hecho de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 se eliminaron las reglas para la administración y distribución de los recursos del Seguro Popular y del mismo Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos. Asegura que dichas reglas obligaba a las autoridades procurar la sustentabilidad financiera del sistema de salud y garantizar la atención a pacientes.

El dirigente nacional panista asegura que «de esta forma se abre la puerta para que el gobierno federal use de manera discrecional los recursos acumulados en dicho fondo que suman 80 mil millones de pesos, un verdadero botín para gastarlo a su antojo, sin importar que los recursos sean para atender las enfermedades que por su alto costo empobrecen a las familias».

Para evitar que se concrete este atraco contra la salud de los mexicanos más pobres, advirtió que el PAN presentará los recursos legales necesarios para impedir que el Ejecutivo federal utilice los recursos de este fondo para fines distintos a la prestación de servicios médicos de alta especialidad y tratamiento de enfermedades graves y de alto costo.

El panista refirió que el Seguro Popular atiende cuidados intensivos neonatales, cáncer de mama, cervicouterino, de colón, de próstata, leucemia, linfoma, enfermedades infecto-contagiosas, hepatitis, infartos y enfermedades metabólicas, entre otras.

Cortés detalló que de 2012 a junio de este año se atendieron 988 mil 954 casos de enfermedades catastróficas por su alto costo y complicidad, por un monto de 53 mil 352 millones de pesos. Por ello, aseveró «es muy grave, ilegal e inmoral que se pretenda tomar los recursos de este fondo cuando las ultimas veces hemos presenciado una crisis en el sector salud, desabasto de medicamentos y falta de atención médica. Se estaría violando la constitución y las leyes en materia de salud».

El panista hizo un llamado urgente a organizaciones civiles, a trabajadores del sector salud, pacientes y a la población en general, a sumarse a la defensa del derecho a la protección de la salud, utilizando los recursos jurídicos, como ya se está haciendo en diversos temas para frenar otras decisiones «irresponsables» del gobierno.

Fuente: Vanguardia

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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