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México

El PAN investiga a Padrés y Arellanes

La Comisión Anticorrupción del Partido Acción Nacional abrió una investigación de oficio contra el ex gobernador de Sonora, Guillermo Padrés, por el presunto delito de enriquecimiento ilícito. La indagatoria incluye a la ex alcaldesa de Monterrey, Margarita Arellanes, por incurrir en presuntos actos de corrupción.
“Es del conocimiento público y asumimos esa información como el insumo, el impulso con el que hemos tomado la decisión de actuar ante los señalamientos de autoridades de Sonora, investigaciones realizadas por la Procuraduría General de la República, respecto a diversos funcionarios del gobierno del estado, incluido el propio ex gobernador Padrés”, señaló Luis Felipe Bravo Mena, presidente de la Comisión Anticorrupción del PAN.
El panista explicó que en el caso de la ex alcaldesa de Monterrey, Margarita Arellanes —quien ya está vinculada a proceso—, “la comisión actuará en el ámbito que al partido le toca hacer, sin esperar a que termine la investigación formal”.
El comisionado anticorrupción del PAN indicó que entre la sanciones máximas se contempla la expulsión, amonestación, suspensión de militancia o cancelación de candidatura, pero las comisiones de Orden y Justicia deberán definirlas y aplicarlas.
Bravo agregó que durante la conformación de dicha comisión se recibieron 26 denuncias de diversos asuntos relacionados con abuso de autoridad, orden interno, e incluso “por ahí hay un caso de «moches”, pero descartó que se trate del vinculado al entonces coordinador de los diputados panistas, Luis Alberto Villarreal.
Dijo que de ese asunto no se han recibido las denuncias formales, pero la comisión podría iniciar la investigación de oficio como en el caso de Padrés y Arellanes, considerados los de mayor prioridad y relevancia.
Explicó que en caso de determinar que hubo actos de corrupción entre quienes no son militantes del partido, pero fueron abanderados por el PAN, la comisión tendrá la obligación de dar parte a la autoridad competente.
Subrayó que la comisión cuenta con una base jurídica sólida. “No quisimos que fuera fugaz, volátil o temporal, sino que quedara incrustada en la arquitectura de la institución”, ya que no se trata únicamente de hacer anuncios espectaculares.

Fuente: Agencias

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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