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México

PAN-PRI-PRD denuncian ante la OEA intromisión del crimen en elecciones intermedias

Este lunes el dirigente del PAN, Marko Cortés, el del PRI, Alejandro Moreno, y el del PRD, Jesús Zambrano, denunciaron ante el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, la supuesta intromisión del crimen organizado en las elecciones del 6 de junio en México (conocidas como intermedias).

El panista expresó cuatro preocupaciones: “La primera, la intromisión del crimen organizado en el pasado proceso electoral. La segunda, el uso faccioso, doloso de las instituciones para perseguir y amedrentar a los opositores. La tercera, el hostigamiento permanente del gobierno federal en contra del INE y el Tribunal Electoral. Y la cuarta, y no menos importante, también la persecución a los medios de comunicación y a líderes de opinión que se han atrevido a disentir de lo que está ocurriendo con el gobierno”.

Es momento, dijo, de levantar la voz y de defender a México, porque nuestro país tiene que seguir siendo una democracia en donde la voz de todos los mexicanos sea escuchada y tomada en cuenta.

Entrevistado al final del encuentro, informó que hicieron varias solicitudes a Almagro, entre otras, que en su reunión general planteen el tema y puedan generar algunas recomendaciones u opiniones al respecto, a lo que Almagro mostró disposición absoluta.

Esta mañana el presidente AMLO comentó que no le preocupa la denuncia de la oposición ante la OEA y que incluso ésta puede visitar el país.

En la carta entregada a la OEA se expone que, además de la participación activa del crimen organizado en las pasadas elecciones, se han violado los derechos humanos de muchos candidatos y ciudadanos durante el actual gobierno, ya que la violencia política que se vivió en el pasado proceso electoral generó el asesinato de 102 candidatos a un puesto de elección popular.

También exponen en el documento que el constante ataque del Presidente al INE y al TEPJF ha ido aumentando de manera significativa después de no obtener el resultado que esperaba para su partido en las elecciones intermedias y de una fallida consulta popular en la que apenas participó el 7 por ciento de la población.

“Penosamente el gobierno mexicano va por esta misma línea, usando de manera facciosa a la Fiscalía General de la República (FGR) que se ha dedicado a perseguir a todos los líderes políticos de la oposición que considera una amenaza para la continuidad de su proyecto”, señalan en la carta.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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