Ricardo Anaya, dirigente nacional del PAN, llamó a los legisladores de los congresos de Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua a evitar que se concreten los blindajes que los gobernadores salientes priistas y anunció que su partido explora acciones legales para revertir dichas decisiones.

«Acción Nacional promoverá las acciones legales y políticas que sean necesarias, para revertir lo que a todas luces sería el peor y último golpe que los gobernadores salientes del PRI den a las familias de sus estados», dijo Anaya en un comunicado.

En las elecciones del 7 junio, el PAN ganó en alianza con el PRD las gubernaturas de Veracruz, Chihuahua y Quintana Roo, que habían sido siempre gobernadas por priistas. 

Acusó que los tres gobiernos priistas pretenden «evadir la acción de la justicia, a costa de heredar deudas y autorizar gastos innecesarios y nombramientos a modo» y advirtió que «si piensan que con esto van a esquivar a la justicia, están muy equivocados».

En el caso de Quintana Roo, explicó que ya se aprobó un paquete para convertir a la Procuraduría de Justicia del Estado en Fiscalía, cuyo titular sería el actual Procurador y duraría 9 años en el cargo, y además se autorizó el refinanciamiento de las deudas de corto plazo, entre ellas la del municipio de Solidaridad por mil millones de pesos.

Igualmente, en cualquier momento, el pleno del Congreso local votaría a los nuevos magistrados del Tribunal Superior de Justicia, entre ellos Carlos Lima y Gaspar Armando Torres, el primero operador del gobernador Borge en la adquisición de tierras, y el segundo ex procurador de Justicia. También se nombraría al nuevo Auditor Superior del Estado, que duraría siete años en el cargo.

En Veracruz, dijo que no únicamente se busca aprobar un «paquete de impunidad», sino «dinamitar» las finanzas públicas de Veracruz, para causarle un daño irreparable a los ciudadanos, sobre todo a los más necesitados.
«Exigimos que se frene la aprobación del paquete de impunidad en Veracruz, que incluye el nombramiento de magistrados y del fiscal anticorrupción. Igualmente, que se deseche la propuesta de basificar a todos los ‘aviadores’ del gobierno, pues de concretarse esta barbaridad, la inmensa mayoría del presupuesto de Veracruz tendría que destinarse a pagar nómina, lo que causaría un enorme daño a la población, especialmente a los más pobres, quienes no podrían recibir los servicios educativos y de salud que hoy necesitan», dijo Anaya.

Anaya acusó que Javier Duarte quiere disponer de manera anticipada del impuesto del tres por ciento a las nóminas, que es el principal ingreso local, y atarlo al pago de adeudos cuestionables.

En tanto que en Chihuahua, acusó que «continúan los intentos para aprobar dos nuevos créditos por 6 mil millones de deuda adicional, no obstante la reciente reforma en materia de disciplina financiera para estados y municipios».

Además dijo que se eliminó la obligación al gobierno saliente en Chihuahua de pagar la deuda a corto plazo, antes de 90 días del cambio de poderes, todo lo cual está planeado para complicar económicamente el desempeño del gobierno panista de Javier Corral.
«Pretenden heredar más complicaciones, carencias y desesperanza a sus estados. Lo que estamos viendo jamás había ocurrido en nuestro país», dijo. Ante dichas pretensiones sentenció que Acción Nacional promoverá las acciones legales y políticas que sean necesarias, para revertir «lo que a todas luces sería el peor y último golpe que los gobernadores salientes del PRI den a las familias de sus estados».

Fuente: Milenio