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México

Panamá firma resolución para extraditar a Roberto Borge

El gobierno panameño firmó este viernes la resolución para la extradición a México del exgobernador del estado de Quintana Roo, Roberto Borge, quien deberá ser trasladado por las autoridades de su país en el plazo de un mes, informó la cancillería.

«La resolución para la extradición de Borge ya fue firmada por el presidente Juan Carlos Varela y por la canciller Isabel De Saint Malo este viernes», dijo Mónica De León, directora de Comunicación de la Cancillería.
«Ahora México tiene 30 días para venir a buscarlo», añadió De León.

La resolución fue firmada después de que el pasado lunes la Corte Suprema de Justicia de Panamá rechazara tres hábeas corpus presentados por la defensa de Borge para impedir su extradición a México.

Esta decisión allanó el camino para que el exgobernador responda ante la justicia mexicana por cargos de peculado, desempeño irregular de la función pública y aprovechamiento ilícito de poder.

Borge, quien dice ganar 16 mil dólares al mes, fue detenido el 4 de junio en el aeropuerto Internacional de Tocumen, en Ciudad de Panamá, cuando trataba de tomar un vuelo a París.

Desde entonces ha perdido todas las batallas judiciales para quedar en libertad y ya no tiene recursos posibles para evitar su extradición ante la justicia panameña, por lo que permanecerá detenido hasta ser trasladado a su país.

El pasado 18 de septiembre, la cancillería panameña anunció que había aprobado su extradición a México.

Durante su detención, Borge fue trasladado desde El Renacer, una cárcel a orillas del Canal de Panamá donde pasó sus últimos años de vida el exdictador Manuel Antonio Noriega, a una celda policial por riesgo de fuga.

El exfuncionario también denunció no tener acceso a los cuidados médicos que, según su defensa, necesitaba para atender unas alergias y un problema cardíaco.

Borge gobernó Quintana Roo, estado turístico del Caribe mexicano, entre 2011 y 2016 por el oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI). Varios exgobernadores, mayoritariamente del PRI, han sido acusados y detenidos en años recientes en México y en el extranjero por delitos de corrupción y presuntos vínculos con el crimen organizado.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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